“La falta de jueces está enfermando a la gente”

El último cónclave de las máximas autoridades tucumanas dejó una nueva promesa de cobertura de las numerosas vacantes existentes en los Tribunales ordinarios y en la Justicia de Paz. La escasez de jueces sigue siendo crítica pese a las designaciones recientes, según Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “La verdad es que la falta de jueces está enfermando a la gente. Es eso lo que transmití al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo”, dijo ayer luego de la reunión en la que abordó el déficit de magistrados y la posible reducción de ingresos en 2019 (se informa por separado sobre la cuestión presupuestaria).

Aunque los pedidos de nombramientos al Poder Ejecutivo vienen sucediéndose sin solución de continuidad y con distinto formato desde por lo menos el año pasado, Posse manifestó que era optimista. “El gobernador y el vice me dijeron que harán lo posible para acelerar las coberturas definitivas y transitorias”, comentó en su despacho. El ordenamiento jurídico no fija plazos al Gobierno para el ejercicio de la facultad constitucional de designar jueces (los nombres escogidos por el jefe de Estado han de recibir el acuerdo del Poder Legislativo). Con la finalidad de que haya alguna clase de límite, el Colegio de Abogados de la Capital promovió un juicio en la Corte, en octubre de 2017.

El Gobierno dispone de seis ternas para coberturas propiamente dichas (permanentes), y de listas para llenar cuatro cargos en forma interina o precaria en la Justicia ordinaria. Si bien la mayoría de los tercetos ingresaron al Ejecutivo a partir de junio pasado, dos de ellos aguardan una definición desde hace 14 meses: se trata de las propuestas para dos fiscalías de Instrucción de la capital que, por las demoras, quedaron en un limbo jurídico inédito. En paralelo, el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) sustancia 45 concursos atinentes a oficinas jurisdiccionales de distintos fueros y centros, lo que implica que una quinta parte de los despachos judiciales está acéfala.

Con los argumentos de la escasez de jueces, fiscales y defensores oficiales, y de la emergencia institucional, el oficialismo impulsó la sanción de una ley de subrogantes externos que permite al gobernador hacer designaciones provisorias (caducan a los dos años, con la posibilidad de extenderlas por un período más). Se trata de una judicatura precaria que percibe la misma retribución que la titular, pero carece de su estabilidad -este atributo y la intangibilidad de los salarios garantizan la independencia judicial, según la Constitución Nacional-. El Consejo remitió las primeras listas de subrogantes externos en marzo, mas el Gobierno todavía no estrenó su potestad para nombrar subrogantes. Otra nómina con candidatos a juez precario -esta vez para el Juzgado en lo Civil y Comercial Común N°7 de San Miguel de Tucumán- entró a comienzos de julio.

Además de las opciones de cobertura existentes en los Tribunales, el gobernador está en condiciones de nombrar de manera discrecional a 18 jueces de Paz. (se informa por separado).

“Calculo que en las próximas semanas habrá novedades positivas para el Poder Judicial. Tenemos un fuero penal colapsado: si no podemos hacer funcionar lo que hay, del nuevo sistema ni hablemos”, opinó Posse en referencia a la proyectada implementación de las reglas procesales sancionadas en 2016. Un capítulo pendiente de esa reforma está a cargo del propio Manzur, quien desde febrero de 2017 puede nombrar -también sin concurso público de antecedentes y oposición- al primer ministro público de la Defensa (se informa por separado).

De la reacción de los poderes políticos dependería que la Corte aplique su propio método de cobertura transitoria de vacantes, un sistema instrumentado este año, también por la acumulación de acefalías, que recibió una impugnación del Colegio de Abogados. Al respecto, Posse dijo: “veremos qué pasa. Si no hay respuesta, todavía nos queda la opción de llamar a los jueces jubilados”.