La Junta Electoral “administrativa” que propone el PJ no tiene antecedentes en otras provincias

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Luego de haberse aprobado la eliminación de los partidos municipales y comunales, en la Legislatura avanzarán con otro asunto crucial: el rediseño del órgano que debe supervisar y controlar el proceso electoral de 2019. Ya hay propuestas del oficialismo y de la oposición.

22 Jul 2018

Consumada la eliminación de los partidos municipales y comunales para depurar los cuartos oscuros, la segunda posta en la reforma electoral provincial persigue un rediseño de la Junta Electoral Provincial. El antecedente de los últimos comicios provinciales en 2015, en los que el órgano encargado de fiscalizar la votación llegó desmembrado al día de la elección por impugnaciones, obliga a la dirigencia política a repensar la conformación de una pilar fundamental del proceso comicial.

Desde 2006, con la reforma constitucional impulsada por el alperovichismo, la integración de la Junta Electoral viene en debate. En esa convención, se aprobó que la JEP fuera conformada con mayoría política. Así, se dispuso que la integren el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el vicegobernador y el fiscal de Estado. No obstante, a instancias de un juicio promovido por el partido MP3, la Justicia volteó esa integración de la Junta, por lo que el oficialismo debió volver a la conformación original: titular de la Corte, vicegobernador y ministro fiscal de la Corte.

No obstante, en los comicios de 2015 esta Junta sufrió horrores para poder componerse. Por impugnaciones, la Justicia ordenó que fueran separados el ministro fiscal, Edmundo Jiménez; y el representante legislativo. De esa forma, un día antes de la elección, el titular de la Corte, Antonio Gandur, debió convocar de urgencia a la fiscala Ana María Rosa Paz.

Tres años después de ese episodio, el oficialismo provincial impulsa una nueva propuesta para el órgano encargado de controlar las votaciones y de regular la vida de los partidos políticos. El peronismo apunta a integrarlo con cinco vocales y darle un perfil netamente administrativo (tres propuestos por la mayoría parlamentaria y dos, por la minoría; luego, serán designados por el titular del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura). Según la iniciativa, el quinteto escogerá su propio presidente y estará equiparado en haberes y estabilidad a los jueces de la Corte tucumana. Sus resoluciones solamente podrían ser apeladas ante la Corte Suprema de Justicia.

Desde su presentación, la iniciativa parece haber despertado el rechazo de las principales fuerzas opositores y de ámbitos académicos. “Se crea un órgano totalmente híbrido, inexistente en toda nuestra tradición constitucional y legislativa de Tucumán, que realmente tiene facultades, composición, designación, prerrogativas, inmunidades que no lo hace un órgano totalmente parcial y que no cumple con los parámetros de independencia que exige la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos”, planteó la constitucionalista Carmen Fontán, quien elaboró un dictamen jurídico sobre el proyecto a propuesta del Colegio de Abogados de la Capital y del radical José Luis Avignone.

El solo repaso del mapa nacional permite concluir que la iniciativa que abordará la Legislatura no encuentra paralelismos en otras provincias. Alejandro Tullio, ex director nacional electoral, elaboró un documento sobre los órganos de administración electoral en el país.

“Los órganos electorales provinciales han tenido una creciente importancia en la vida institucional de sus provincias desde que el procedimiento de simultaneidad, que era el preeminente en los años 80, ha ido dejándose de aplicar progresivamente. Esta importancia se ha reflejado en una producción jurisprudencial creciente en cantidad y calidad, lo que redunda en un fortalecimiento del federalismo electoral”, resumió el abogado.

En tanto, Fontán elaboró una clasificación de los organismos electorales, y recordó que existen cuatro tipos diversos de organismos de justicia electoral en el derecho público argentino:

• Órganos de justicia electoral pertenecientes al Poder Judicial (que existen en el orden federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en Córdoba, Neuquén, Corrientes, Catamarca, San Luis, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Cruz).

• Órganos de justicia electoral auxiliares del Poder Judicial, integrados totalmente por magistrados judiciales (que existen en Santa Fe, Formosa, Chaco, Río Negro, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta y San Juan).

• Órganos de justicia electoral auxiliares del Poder Judicial, integrados por una mayoría de magistrados judiciales y por una minoría de miembros de los poderes políticos (que existen en las provincias de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos).

• Órganos de justicia electoral con régimen jurisdiccional administrativo, integrados por una mayoría de miembros de distintos poderes políticos y una minoría formada por un magistrado del Poder Judicial (que existe en la provincia de Santiago del Estero).

“Es decir que en la mayoría de las jurisdicciones los órganos electorales pertenecen al Poder Judicial o bien están formados en su mayoría por magistrados, con la excepción de Santiago del Estero que no es un modelo a seguir”, concluyó la titular de la cátedra de Derecho Constitucional. “No hay ningún antecedente ni nacional ni provincial de integración de una Junta Electoral como órgano administrativo con funciones jurisdiccionales integrado exclusivamente por abogados elegidos por los dos poderes políticos”, cerró.

El proyecto del oficialismo ni siquiera cuenta aún con dictamen de comisión, pero desde la oposición ya se alzaron voces de rechazo. Cambiemos, por ejemplo, propuso crear la Justicia Electoral para organizar, dirigir y juzgar el comicio (también la de convencionales constituyentes). El fuero electoral, según esa iniciativa, estará conformado por el Tribunal Electoral Provincial Ad-Hoc en períodos electorales, por el Juzgado con competencia electoral, por la Cámara con competencia en materia electoral (actuará en segunda instancia) y por la la Corte Suprema.

PUNTO DE VISTA
Como equilibristas
Cuando una parte importante de los votantes no cree en los resultados de las elecciones, los dirigentes se ven obligados a dotar de confianza al proceso electoral y promover cambios en sus reglas. Como equilibristas, son los principales interesados en que las modificaciones brinden certidumbre sin que su permanencia se vea amenazada. En ese punto la dirigencia política reacciona defensivamente contra las demandas de cambio, haciendo reformas menores o parciales, que pueden retroalimentar la insatisfacción ciudadana. 
De este modo, la política decide sus propias reglas de juego y toda reforma constituye un proceso endógeno dependiente de la correlación de fuerzas de cada momento. Por eso es que cambiar todo no es posible; la política tiene sus propios límites.
Entre esas transformaciones posibles, los cambios sobre un control electoral débil y poco confiable figura como uno de los más importantes. En las últimas elecciones, una Junta Electoral constituida 24 horas antes de que comenzaran la votación -ni siquiera cumplía la integración establecida por la ley- es la que luego tuvo que lidiar con una complejísima situación política y jurídica derivada de la falta de confianza en el proceso. Además de la discusión sobre quiénes lo componen,   un mecanismo de control necesita de una inversión de recursos regular y adecuada a la magnitud de los procesos a supervisar. 
Lograr esos cambios depende en parte de una oposición que -por internas y falta de liderazgo- tiene enormes dificultades para alcanzar acuerdos mínimos con los cuales condicionar al oficialismo. Pedirle al gobierno que cambie las reglas que le vienen sirviendo para ganar suena tan ilógico como pedirle a Francia que no golee a Argentina porque es de buena educación no humillar al rival. Si la oposición continúa con el argumento de  negarse a participar para no legitimar un sistema viciado debieran contemplar que lo harán -de igual manera- cuando compitan en 2019 con esas mismas reglas. 
Además de estar perdiendo otra oportunidad con la reforma de los órganos de control electoral, ya parecen haber sido vencidos con el punto más importante -la eliminación del acoples-, y siguen dejando fuera de agenda otros de los cambios posibles: financiamiento, selección de candidaturas, paridad. 
Si con la reforma política no pueden anotar, en 2019 no debieran esperar más que otra goleada.  

PUNTO DE VISTA

Como equilibristas

Luis Karamaneff / politólogo

Cuando una parte importante de los votantes no cree en los resultados de las elecciones, los dirigentes se ven obligados a dotar de confianza al proceso electoral y promover cambios en sus reglas. Como equilibristas, son los principales interesados en que las modificaciones brinden certidumbre sin que su permanencia se vea amenazada. En ese punto la dirigencia política reacciona defensivamente contra las demandas de cambio, haciendo reformas menores o parciales, que pueden retroalimentar la insatisfacción ciudadana. 
De este modo, la política decide sus propias reglas de juego y toda reforma constituye un proceso endógeno dependiente de la correlación de fuerzas de cada momento. Por eso es que cambiar todo no es posible; la política tiene sus propios límites.

Entre esas transformaciones posibles, los cambios sobre un control electoral débil y poco confiable figura como uno de los más importantes. En las últimas elecciones, una Junta Electoral constituida 24 horas antes de que comenzaran la votación -ni siquiera cumplía la integración establecida por la ley- es la que luego tuvo que lidiar con una complejísima situación política y jurídica derivada de la falta de confianza en el proceso. Además de la discusión sobre quiénes lo componen,   un mecanismo de control necesita de una inversión de recursos regular y adecuada a la magnitud de los procesos a supervisar. 

Lograr esos cambios depende en parte de una oposición que -por internas y falta de liderazgo- tiene enormes dificultades para alcanzar acuerdos mínimos con los cuales condicionar al oficialismo. Pedirle al gobierno que cambie las reglas que le vienen sirviendo para ganar suena tan ilógico como pedirle a Francia que no golee a Argentina porque es de buena educación no humillar al rival. Si la oposición continúa con el argumento de  negarse a participar para no legitimar un sistema viciado debieran contemplar que lo harán -de igual manera- cuando compitan en 2019 con esas mismas reglas. Además de estar perdiendo otra oportunidad con la reforma de los órganos de control electoral, ya parecen haber sido vencidos con el punto más importante -la eliminación del acoples-, y siguen dejando fuera de agenda otros de los cambios posibles: financiamiento, selección de candidaturas, paridad. 

Si con la reforma política no pueden anotar, en 2019 no debieran esperar más que otra goleada.  

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