Un 2019 con turbulencias políticas

12 Jul 2018

Todo ministro de Economía que pasó por la Casa de Gobierno aprendió un axioma que, por estos días, les da solvencia a las gestiones que transcurren. El dicho es tan claro como irónico: “no hay que decir que sobra dinero porque, si eso pasa, seguro que no se lo gasta, se lo malgasta”. Y esa ha sido la eterna historia de las provincias, desde que el pacto fiscal se corporizó, en 1992. Hubo tiempos de vacas gordas; también de crisis. Pero ninguna gestión provincial ha constituido, formalmente, un fondo anticíclico. El sistema no es otro que guardar plata cuando hay excedentes y usarlos cuando se largan las tormentas financieras.

¿Por qué, entonces, José Alperovich decía, siendo gobernador, que tenía reservas equivalentes a tres planillas salariales? ¿Cuál es la estrategia que Juan Manzur tiene hoy para decir que no se constituirá el gobernador del ajuste? La respuesta es clara. Ambos gestionaron la provincia luego de que el Gobierno nacional refinanciara la deuda provincial (a partir de 2004) y eliminara las cuasimonedas. Desde entonces, el déficit fiscal dejó de ser recurrente para convertirse en un resultado negativo transitorio. Pero todos los ejercicios presupuestarios dejaron algo de excedentes para arrancar el año siguiente sin premura alguna. Sin embargo, la autonomía de vuelo de la provincia ante posibles turbulencias económicas no es tanta como en tiempos alperovichistas.

El descalce financiero, en consecuencia, es periódico, de tiempos muy breves. “El déficit no es de Tucumán, el déficit al que se refiere el Presidente es de Argentina”, contestó recientemente Manzur cuando se le consultó sobre el pedido que realizó Mauricio Macri, el lunes pasado, de mayor austeridad a la hora de gastar. La Nación ha decidido congelar los cargos en el sector público bajo su órbita hasta el 31 de diciembre de 2019 para intentar ahorrar unos $ 25.000 millones. Si se observa el presupuesto vigentes (de unos $ 3 billones), la cifra no es tan significativa. Un mensaje más contundente acerca de que la Casa Rosada está en la senda de la austeridad hubiera sido una reducción paulatina y constante de un organigrama que hoy cuenta con 19 ministerios y algo más de 300 secretarías y subsecretarías de Estado. El año pasado, la Fundación Libertad y Progreso había elaborado un trabajo que, entre otras conclusiones, revelaba el crecimiento de un 25% del organigrama estatal durante la actual gestión nacional.

Los pactos Nación-provincias, además, siguen siendo tan flexibles como lo fueron siempre que, en definitiva, los torna de difícil cumplimiento. Por caso, en los lineamientos del Presupuesto Nacional 2019 que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el jefe de Gabinete Marcos Peña pusieron en consideración del Congreso se expresa que hay margen para seguir incrementando la dotación estatal. Si bien dice que las jurisdicciones se comprometen a no incrementar el plantel existente al 31 de diciembre pasado, aquellos distritos que logren superávit o equilibrio financiero podrán hacerlo “asociado a inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales (educación, salud y seguridad)”. El gobernador tucumano se agarró de esta letra del convenio para ejecutar su programa de cobertura de vacantes que se producen por retiro o jubilación de personal con el fin de reforzar la dotación de policías.

Tal vez el punto siguiente del Consenso Fiscal tenga un carácter más general como imperativo. La regla del fin de mandato, según se la calificó, señala: “se prevé restringir, durante los últimos seis meses de gestión, el incremento del gasto corriente permanente, con la excepción del generador en políticas que trascienden la gestión del gobierno”. Generalmente, esas políticas son obras públicas que, curiosamente, también están restringidas para el año electoral. Esto se corroboró ayer durante el encuentro que Dujovne y el titular de Interior, Rogelio Frigerio, mantuvieron ayer con ministros de Economía de provincias gobernadas por Cambiemos. “La idea es que las provincias utilicen créditos de organismos internacionales, como el BID o el Banco Mundial, para hacer la obras que no financiará el Gobierno Nacional”, indicaron tras esa cumbre. Esa regla se extenderá también a los distritos con signo peronista. Para cortar cintas durante el año electoral habrá que endeudarse. La cuestión es que el aval debe darlo la Nación. Esa será la disputa política de 2019.

Comentarios