Un experto reclama que se reforeste en el piedemonte urgente

Roberto Lazarte Sfer hace una analogía: el piedemonte se equipara a una persona que llega al médico en mal estado de salud. Entonces, el doctor le pregunta por su historia de vida. Y enseguida detecta que fueron los malos hábitos los que le causaron la enfermedad. Obviamente, lo primero que le indica es que cambie esas costumbres. “Pero eso no será suficiente para remediar los daños. Ni los del enfermo ni los de la zona piedemontana”, compara.

El ingeniero civil -especialista en proyectos hidráulicos y en estudios hidrológicos- cree que con sólo prohibir el uso de parcelas en ese sector no se evitará que los problemas persistan e -incluso- se agraven. “La prohibición por sí sola crea a una falsa sensación de seguridad en la población potencialmente afectada y en los responsables de tomar decisiones”, opina.

- ¿Qué acciones correctivas cree que deberían llevarse a cabo?

- No se puede ignorar el poder de daño que tienen los procesos naturales. Ante eso, debemos analizar las líneas de acción. En primer lugar, hay que aceptar que será imposible retrotraer la situación actual. Hoy, las tierras en el piedemonte se encuentran, en su mayoría, desmontadas, con pastizales bajos o sembradas. Y sus propietarios no se ven obligados a cambiar esa realidad.

- ¿Entonces qué sugiere?

- Surge la posibilidad de que el Estado municipal actúe reforestando, para recuperar el bosque. Debe implementar, además, un sistema de saneamiento. Y en esas instancias será inevitable recurrir a expropiaciones. Esta alternativa permitiría el diseño de un parque. Y revalorizaría los asentamientos urbanos. Eso sí: implica un elevado costo para el gobierno. Pero tampoco se puede seguir conviviendo con los problemas. A mediados de mayo, el Concejo Deliberante de Yerba Buena dejó firme una ordenanza que prohibe los countries y otras urbanizaciones en el piedemonte. La iniciativa divide en dos a la unidad ambiental cinco del Código de Ordenamiento Urbano: al este y al oeste del río Muerto. En esta última subdivisión (río arriba) se vedan los desarrollos a gran escala, como barrios privados, clubes de campo, proyectos comerciales y divisiones de parcelas.

A esa decisión llegaron los funcionarios intervinientes y los ediles después de estudiar informes y de oír a expertos. Como el estudio de la fundación ProYungas -por ejemplo-, en el que se deja en claro que no es recomendable continuar con los emprendimientos de alta densidad en el piedemonte; incluso, se les indica a los gobernantes que “no los autoricen”. O los dichos de la ingeniera María Pérez de Molina, por la Dirección Provincial del Agua (DPA), quien expresa que “no deben urbanizarse los conos de deyección”. O el plan director de ese organismo, que alerta sobre el riesgo hidrogeológico (”grave”) si se urbanizan esos conos. O el informe técnico del ingeniero José Domián, quien observaba que las urbanizaciones estaban produciendo una “degradación” del ecosistema.

La oportunidad

No obstante, Lazarte Sfer piensa que en la situación actual de un ambiente degradado, la intervención con nuevos proyectos urbanísticos no conduciría, necesariamente, a una situación peor. “Puede resultar una oportunidad de recuperación. El piedemonte requiere de acciones. Es necesario el acompañamiento del Estado, con exigencias y recomendaciones”, reflexiona.

Otra posibilidad -considera él- sería permitirles a los propietarios el cambio a un uso que les resulte rentable y atractivo. Y que involucre entre las acciones estructurales aquellas que corrijan los efectos negativos del estado actual. “A modo de ejemplo, se puede y se debe minimizar a impermeabilización de suelos. Se pueden anular los aumentos de las escorrentías. Se puede incrementar la carga de los acuíferos. Y hasta se pueden lograr paisajes superadores”, concluye el especialista.