Causa Lebbos: el Tribunal deberá resolver si se detiene a cinco testigos

Pedidos de las partes por falso testimonio.

AUDIENCIAS. Los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto deben responder a los requerimientos de las partes. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO AUDIENCIAS. Los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto deben responder a los requerimientos de las partes. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
08 Julio 2018

Gustavo Carlino, defensor del ex subjefe de la Policía Nicolás Barrera, solicitó en la última audiencia que el testigo Guillermo Arturo Polli sea procesado por falso testimonio. El representante de la querella, Emilio Mrad, adhirió a ese pedido al considerar que el declarante había incurrido en ese delito durante el relato.

Diego López Ávila, del Ministerio Público Fiscal (MPF), se ubicó en línea de las dos posiciones, pero requirió al Tribunal que postergue la decisión hasta el primer día hábil, tras la feria judicial de invierno, el 24 de este mes.

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Los integrantes de la Sala III, Dante Ibáñez (presidente), Carlos Caramuti y Rafael Macoritto, hicieron lugar luego al pedido de la fiscalía y postergaron la resolución de la situación procesal de Polli. Sin embargo, no se trata de la única demanda de detención por falso testimonio de un testigo, según los argumentos de las partes, que deberán evaluar los vocales durante el juicio oral por el crimen de Paulina Lebbos y posterior encubrimiento del hecho.

El Tribunal tiene que definir el estado procesal de otras cuatro personas, quienes declararon en esta primera parte del proceso penal por el homicidio de la joven, ocurrido en febrero de 2006. Lo resolverá durante las audiencias o serán incluidas en el último fallo, en el final. Estas personas son Hugo Cabeza, Dionisio Guerra y René Aguirre (todos integraron la fuerza de seguridad durante 2006), y Carlos Andrés Cisneros, quien trabajaba en “la yesera”, la planta que funcionaba cerca del lugar donde encontraron los restos de la víctima. En lo que va del proceso oral, ya hubo ocho detenidos por diferentes motivos; la mayoría, por falso testimonio.

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Polli, de 55 años, es un suboficial mayor y se desempeña en la actualidad como conductor en la División Criminalista de la Policía de la provincia. Entre 2004 y 2005 había sido designado como uno de los choferes de Sánchez, el ex jefe de la fuerza, tras su paso por la entonces División de Toxicomanía y Narcotráfico (Ditonar).

El suboficial mayor -el grado más alto en ese rango del escalafón- contó en la audiencia del jueves último que el día de la desaparición de la joven, el 26 de febrero, había trasladado al funcionario hasta la localidad de Raco para participar en un “evento social”. Aseguró que Sánchez había sido invitado por el entonces secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, quien también estuvo en la reunión organizada en el conocido Club de Veraneantes.

AUDIENCIAS. Los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto deben responder a los requerimientos de las partes. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO

El Ministerio Público y la querella hicieron preguntas al testigo para obtener descripciones precisas, como el tiempo que le habría llevado el viaje desde la capital hasta esa localidad, la llegada a Raco y las ubicaciones de la comisaría y del club, además de las características de los inmuebles, entre otras.

Tras la declaración testimonial, las partes, que adhirieron al pedido del letrado Carlino, remarcaron datos inexactos y contradictorios de Polli, teniendo en cuenta también que la organización de esa velada había sido el argumento de defensa, tanto de Sánchez como de Di Lella, para rechazar la hipótesis de un encuentro entre las autoridades del área de seguridad de la provincia, con relación al asesinato.

Otros casos

El Tribunal decidirá, igualmente, si Cabeza, ex jefe de la División Homicidios de la Policía, mintió u omitió información de manera voluntaria, ante la solicitud de procesamiento del defensor del imputado Di Lella, Gustavo Morales.

Cabeza, de 48 años, se sometió a dos careos: con Gustavo Antonio Orellana, ex asistente, y con Raúl Antonio Ferreyra, que era jefe de la Brigada de Investigaciones en el momento del crimen. Cabeza expresó que no había participado en los procedimientos en Raco, el 11 y 12 de marzo de ese año, debido al hallazgo del cuerpo de la estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Mientras que los otros oficiales coincidieron en que sí lo vieron el domingo 12, en particular.

“Los testimonios de Orellana y Ferreyra acreditaron que Cabeza concurrió un día al lugar donde encontraron el cuerpo de Paulina Alejandra Lebbos”, había manifestado Mrad. A su vez, el letrado pidió que la Sala III citara a declarar a Juana Estequiño, ya que esta agente habría acompañado a Cabeza durante los trabajos de la Policía. Después de que Estequiño se presente, los jueces tomarán la decisión, según se anunció.

Antes, Dionisio Guerra, de 51 años, policía de la Brigada de Investigaciones Norte en 2006, había negado declaraciones y una firma registradas en un documento elaborado por la propia Policía, durante la investigación inicial de la causa. Por ello, la Sala III remitió actuaciones a la Fiscalía IV para que sea investigado por posibles delitos acaecidos oportunamente en la instrucción o en la audiencia.

Respecto de René Aguirre, de 59 años, el fiscal Carlos Sale pidió el procesamiento por falso testimonio. El Tribunal decidió postergar la decisión al momento de la sentencia definitiva. Aguirre realizó una descripción inconsistente, según el MPF, de sus actos durante febrero y marzo de 2006. Admitió, además, su participación en un operativo de búsqueda de Paulina en la zona de Trancas.

La Sala III, asimismo, resolverá al finalizar el juicio la situación de Cisneros, de 62 años, quien expresó que se había presentado de manera voluntaria para dar información.

Galería 23 fotos Polli remarcó que había buscado con la camioneta de la “secretaría privada” de la Policía a Sánchez, la señora y la hija. Pasadas las 23, todos partieron hacia Raco por la ruta 9, respondiendo a la invitación a un “evento social” de Eduardo Di Lella. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
“Soy un pobre perejil”. Diego Sebastián Nieva manifestó frente a los jueces su resentimiento por la vinculación a la causa Paulina Lebbos. El joven, de 37 años, afirmó que había sido sometido a la investigación y ratificó que falsearon su “firma y la declaración” durante los procedimientos encuadrados en la etapa de instrucción. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Hugo Sánchez, ex jefe de Policía de Tucumán, durante el gobierno de José Alperovich, acusado de encubrimiento agravado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte, acusado de encubrimiento agravado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los abogados defensores Cergio Morfil y Gustavo Carlino, conversan durante la audiencia. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los abogados querellantes Roberto Tejerizo y Emilio Mrad. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex secretario de Seguridad de la Provincia acusado de encubrimiento agravado, conversa con el abogado defensor, José Luis Chaván. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex policía de Raco, Hugo Rodríguez, imputado de ser partícipe necesario del encubrimiento y de la falsificación de Instrumento Público y autor de falso testimonio. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Roberto Luis Gómez, acusado de la privación ilegítima de la libertad de Paulina seguida de su homicidio. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
José Luis Gómez, de 68 años, padre del acusado Roberto, negó la titularidad y tenencia de un número de teléfono móvil. Aunque, de acuerdo con la posición del Ministerio Público, “esa línea sí fue utilizada en 2006” y estuvo a nombre de este testigo. “Hubo comunicaciones con Sergio Kaleñuk, a quien dijo no conocer, y otros contactos sospechosos”, agregó. Kaleñuk ha sido una de las personas nombradas en uno de los móviles investigados: “los hijos del poder”. Su padre, Alberto Kaleñuk, fue el secretario privado del ex gobernador José Alperovich e integró Gendarmería Nacional. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los defensores de Roberto Gómez, Macario Santamarina y Guillermo Villalba, escuchan el testimonio del padre de su defendido. Villalba destacó que el padre del imputado había relatado ante la Sala III que el día de la desaparición de la estudiante universitaria hubo una fiesta familiar para celebrar el cumpleaños de la “abuela materna de Roberto, en la localidad de San Andrés”, con el fin de sostener la inocencia de su patrocinador.Y continuó: “el celular de Paulina nunca fue peritado, ya que no fue encontrado. El IMEI del teléfono apareció después, con los números aportados por el fiscal Diego López Ávila. Hemos ofrecido un testigo calificado, un perito que explicará por qué el IMEI que era de Paulina apareció en el celular que tenía entonces Roberto Gómez”, manifestó el abogado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Alberto Lebbos, padre de Paulina y querellante, junto a su abogado Emilio Mrad y el fiscal Diego López Ávila, quien manifestó: “Entendemos que este es un camino para tratar de demostrar la hipótesis del Ministerio Público, que Roberto Gómez y alguien más, posiblemente dos o más personas, participaron en el homicidio de Paulina Alejandra Lebbos. Tengo mis sospechas y este plenario (por el juicio oral), que tiene una amplia discusión, nos permitirá llegar a la verdad”. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los ex policías acusados de encubrimiento agravado, Nicolás Barrera, Héctor Brito y Hugo Sánchez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex Secretario de Seguridad de la Provincia durante el gobierno de José Alperovich, Eduardo Di Lella, acusado de encubrimiento agravado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía y, Hugo Sánchez, ex jefe de Policía, se saludan al concluir una de las audiencias. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Después de varios planteos por la demora en la implementación del Programa de Protección de Testigos de la provincia, la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, recibió un llamado de atención del Tribunal y las quejas de algunas partes intervinientes en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos y su posterior encubrimiento, a raíz del incumplimiento en uno de los casos urgentes. “El 3 de marzo se libró un oficio a los efectos de que se implemente el plan, no tan sólo referido a la custodia, que es lo más fácil de establecer.
Brunotto respondió a los jueces que Cruz contaba ya con custodia de la Policía. El plan provincial contempla, además, una cobertura laboral, sea la designación de un puesto de trabajo o el beneficio de los planes sociales estatales. “Esto no se puede conseguir ahora. La Secretaría sí le dará un subsidio económico. (La demora) tuvo que ver con una cuestión administrativa, pero está subsanada. El plazo que yo había pedido en la nota (enviada a la Fiscalía) tenía que ver con poder implementar efectivamente el subsidio para la señora, y con falta de precisión de la duración de esa cobertura”, expresó la funcionaria, quien enfatizó que la ayuda estará disponible esta semana y que el programa se implementa de manera efectiva, con presupuesto asignado. “Cualquier juzgado puede requerir protección para un testigo de cualquier causa de la provincia”, indicó. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Alberto Lebbos enseña a los abogados de La Provincia, Carlos Parajón Ferullo y Cecilia Vaccaro, que la Ley de Protección de Testigos, fue sancionada en 2006 por la Legislatura y reglamentada en 2016. “Estamos en presencia de una gravísima falta de respeto que recibieron el Tribunal, las víctimas del delito y todo el pueblo tucumano. El Poder Ejecutivo le debe pedir la renuncia Brunotto. Ha mentido al decir que hay presupuesto para implementar el programa”, remarcó Lebbos. “El Gobierno nunca le asignó ni un peso a este programa porque no le interesa proteger a los testigos ni la seguridad del pueblo tucumano”. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex subjefe de Policía Nicolás Barrera, conversa con su abogado Gustavo Carlino. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Guillermo Arturo Polli ex chofer de Hugo Sánchez, afirmó que el día de la desaparición de la joven había trasladado al funcionario hasta la localidad de Raco para participar en un “evento social” . “Dijo que se enteró de la desaparición de Paulina por lo medios muchísimo tiempo después (...) Creo que a este hombre lo prepararon de tal forma que le hace difícil sostener una mentira. Creo que ni siquiera conoce Raco, por las referencias que ha dado”, expresó Alberto Lebbos, padre de la víctima. “También contó que llevó a Sánchez y que iba cantando con su mujer y su hija. Además, dijo que nunca escuchó al jefe de Policía dar órdenes o preguntar (sobre casos delictivos). Ha dicho que no había escuchado conversaciones dentro de la camioneta en la que transportaba al jefe”, añadió. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Con el paso de la declaración de Polli, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella hicieron preguntas al testigo para obtener descripciones precisas, como el tiempo que le habría llevado el traslado, la llegada a Raco y las ubicaciones de la comisaría y del club, además de las características de la sede, entre otras, y sabiendo que la organización de esa velada había sido el argumento de defensa, tanto de Sánchez como de Di Lella, para rechazar la hipótesis de un encuentro entre las autoridades del área de seguridad de la provincia, con relación al asesinato de Paulina, ese domingo 26 de febrero.Las miembros de la Sala III, Dante Ibáñez (presidente), Carlos Caramuti y Rafael Macoritto, también insistieron en algunas consultas para clarificar partes de la descripción del testigo. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Guillermo Arturo Polli, ex chofer de Hugo Sánchez , afirmó que vio la camioneta del ex subjefe de Policía Nicolás Barrera y a sus choferes, en la supuesta reunión social de Raco. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Las partes del juicio Paulina Lebbos argumentaron su pedido en las inconsistencias de datos del declarante. En uno de los recesos, Gustavo Morales (foto), defensor del ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, advirtió al otro acusado Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía, sobre las insistentes preguntas que le realizaba el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Diego López Ávila, a Polli. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
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