El expediente de Trimarco salta de un despacho a otro

La causa penal que procura esclarecer qué sucedió con el anticipo de $ 5,6 millones que el Estado nacional entregó a Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, desató un conflicto entre los jueces federales tucumanos, Daniel Bejas (N°1) y Fernando Luis Poviña (N°2). Resulta que ninguno de los dos quiere quedarse con el expediente. Bejas dijo que, en función de los turnos, la causa correspondía a Poviña. Pero ese juez se opuso, y cuestionó que su colega se desprendiese del expediente luego de haber delegado la investigación al fiscal federal N°1, Carlos Brito, y de que este hubiese requerido las indagatorias de tres autoridades de la Fundación: la presidenta Trimarco; la tesorera y prima de la primera, Alicia Trimarco, y el secretario Gastón Robles.

La contienda de competencia, que ha de ser resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, quedó trabada a partir de tres resoluciones dictadas en dos semanas. En la primera, Bejas mandó la causa a Poviña tomando en cuenta las fechas del anticipo financiero que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación entonces a cargo de Julio De Vido entregó a Trimarco; de la intimación de restitución de fondos emitida por el Gobierno de Mauricio Macri y de la interposición de la denuncia penal. El juez N°1 especificó que su colega debía decidir si convocaba o no a declarar como imputados a las autoridades de la Fundación.

Cuatro días después, Poviña devolvió la causa a Bejas. El juez N°2 expresó que el análisis de la competencia debía suceder cuando ingresaba la causa al despacho, según la Acordada 58/02 de la Cámara Federal. “Además, esta es una práctica inveterada de los Tribunales. Sin embargo, consta que se decidió la remisión del expediente al Juzgado N°2 después de haber delegado la investigación y ante el pedido de declaración indagatoria del fiscal (Brito)”, observó. Poviña agregó que la incompetencia de Bejas era extemporánea y que había que priorizar a quien intervino en primer término. Y aseguró que la fecha dirimente era la del convenio para la refuncionalización del predio del ex Hospital Militar y la remodelación de salas de un jardín de infantes que firmaron la Fundación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y que ese acto coincidía con el turno de Bejas.

El 2 de julio y en la misma resolución que envía la causa a la Cámara para que defina la disputa, el juez N°1 dijo que la idea de la extemporaneidad era una interpretación propia de Poviña, y defendió la posibilidad de revisar la asignación por turno de un proceso “en los albores” y cuando existe una imputación del fiscal, como ocurría en este caso. “Ello es una consecuencia lógica del carácter escalonado del objeto del proceso penal, y sin que asignar el caso por turno a otro juzgado genere la paralización o afecte la investigación”, expresó Bejas. Por último, discrepó respecto del hecho elegido por Poviña (la suscripción del convenio) para definir el conflicto. Según el magistrado N°1, había que atender a las erogaciones, lo que daba por resultado la competencia de Poviña.

López ratificó el acuerdo

La causa penal contra las autoridades de la Fundación María de los Ángeles se remonta a la denuncia que interpuso Mónica Patricia Marchisella, instructora del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, en marzo. Marchisella dijo que una auditoría revelaba irregularidades en el manejo de los $ 5,6 millones que la Fundación María de los Ángeles había recibido como parte de un acuerdo de $ 22,5 para edificar obras en el ex Hospital Militar de San Miguel de Tucumán.

En su dictamen de junio, el fiscal Brito dijo que José López, entonces secretario de De Vido -ambos están presos por causas de corrupción-, ratificó el convenio y el Ministerio remitió el anticipo el 4 de diciembre de 2015, días antes de que asumiera Macri. En 2017, la cartera del ministro Rogelio Frigerio detectó que las obras no habían empezado y que el inmueble estaba abandonado. La Nación exigió a Trimarco el reintegro del dinero, pero, según el dictamen de Brito, ello no sucedió. El fiscal añadió que la mamá de la víctima María de los Ángeles Verón tampoco justificó qué hizo con los $ 5,6 millones. “Existen pruebas suficientes para sospechar la presunta comisión de delitos”, dijo al pedir las indagatorias. Trimarco, por su parte, negó la denuncia y afirmó que había devuelto los fondos a la Nación.