Caminando a ciegas

07 Jul 2018
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En estadísticas criminales, hemos vuelto al punto de partida. Hace una semana, el Gobierno nacional volvió a colgar en la web el informe sobre los datos de 2017 que hace tres semanas había levantado casi en el acto, debido a que contenía “un error informático”, ahora subsanado. Error que no sólo generó reclamos de la Ciudad de Buenos Aires (donde se decía que habían aumentado algunos delitos en comparación con 2016) sino que sirvió para que se ponga en duda el sistema de recolección de datos y las conclusiones a las que se arriba. De Tucumán se reportaba que había habido un aumento sustancial de la actividad delictiva, lo cual fue desmentido (únicamente) por Fernando Juri, presidente subrogante de la Legislatura. Por eso se ha vuelto al punto de partida: al anuncio nacional de hace un año, de que se estaba intentando superar el apagón estadístico del kirchnerismo, que desde 2007, con los cambios en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) había sumido en la oscuridad de las cifras al país, lo cual cubría de incertidumbre la motivación y los resultados de las políticas públicas.

El informe de junio de 2017 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) prometía transparencia y confiabilidad de los datos futuros, así como reconstrucción de los informes de años anteriores. Criticaba que los relevamientos en las distintas jurisdicciones del país se hacían, en general, de manera manual, por lo que, advertía, las conclusiones a las que se llegaba eran precarias y debían ser tomadas con pinzas. No obstante esas advertencias, el Gobierno nacional aprovechaba para afirmar que habían descendido un 8% las cifras de homicidios en el país. Y se acompañaba ese estudio con el informe de la primera encuesta nacional de victimización, llevada a cabo entre febrero y marzo de 2017, que daba cuenta de la alta cifra negra de delitos (es decir los que no se denuncian), que alcanzaba al 71,9% de los delitos o violentos y el 61,2% de los violentos, con una alta sensación de inseguridad en Mendoza, Tucumán y la ciudad de Buenos Aires, donde la mitad de la gente consideraba “muy grave” la inseguridad.

Cautela

Un año después, no hay nueva encuesta de victimización. Si la hay, acaso vaya a ser presentada a comienzos de 2019, puesto que la mencionada en junio 2017, en realidad fue subida a la web en febrero pasado, y el nuevo informe del SNIC fue presentado con el tropezón del “error informático”, no obstante lo cual la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dijo que, para el nuevo período, los homicidios habían descendido un 13% en el país. El nuevo informe (https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/#) es más bien cauto. No hace críticas al sistema de recolección de datos de las provincias y en cambio afirma que se busca avanzar en la estandarización de la información delictual para hacerla comparable a nivel nacional e internacional. Explica que para eso, en agosto de 2017, se presentó a todas las provincias la “Clasificación Internacional de los Delitos con Fines Estadísticos elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”, con la cual se pretende uniformar la recolección de datos para que todas las jurisdicciones hagan una carga directa de información en el SNIC. También se propone “iniciar el desarrollo del diseño de un nuevo software que facilite la conversión del SNIC a la Clasificación Internacional de los Delitos sin perder la trazabilidad de las series históricas” y una serie de controles del funcionamiento del sistema de recolección de datos. Cuando se abre la página del SNIC, un cartel advierte que este sistema está siendo monitoreado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc, los cuales le dieron la calificación “C”, con lo que queda flotando la idea de que todo está siendo bien catalogado, pese al “error informático” de hace tres semanas. En teoría, en agosto habrá “una reevaluación de la calidad estadística del Sistema Nacional de Información Criminal”.

Carencias

Pero la cautela del informe priva de saber qué ha pasado con el caos de recolección que primaba en las provincias hace un año. En el caso de Tucumán, estaba claro que no había ningún software para el sistema manual de datos porque no había plata. El ex secretario de Seguridad, Paul Hofer, había dicho en su momento que eran necesarios 800 o 900 millones de pesos para informatizar el sistema y que primero estaban las comisarías, que se encontraban en estado lamentable. Hoy esas comisarías siguen en ese estado: hace un mes fue clausurada la de Villa Belgrano porque los techos se caen y tiene las paredes electrificadas, la mayoría de las seccionales capitalinas han sido objetadas por las fiscalías locales o por la Justicia federal para albergar detenidos y la recolección de datos criminales por parte de la Policía es igual que siempre. La única diferencia con lo que sucedía hace un año es que la Secretaría de Seguridad, a cargo de Luis Ibáñez, ahora tiene en cuenta sólo los datos de la sección Estadísticas de la Policía para dar su informe al sistema nacional, según lo que informó hace tres semanas. Nada se sabe de que haya habido cambios o de que se vaya a incorporar un software.

Una de las consecuencias de esto es que la data incorporada al SNIC deja muchas dudas. Por ejemplo, el informe nacional cita que en 2017 se denunciaron en Tucumán 57.419 delitos. Pero el Ministerio Fiscal afirma que hubo 100.000 denuncias penales en ese periodo. De hecho, los abogados reclamaron a la Corte Suprema a comienzos de mayo que publique todas las estadísticas. “El Poder Judicial tiene que abrirse: es un imperativo del acceso a la información pública y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán debe entenderlo así. La estadística existe y sirve para comprender qué está pasando en los Tribunales. No comprendo por qué la reticencia a exhibir los datos”, dijo el presidente del Colegio, Marcelo Billone.

Precisamente la Corte Suprema tiene oculto con el mayor secretismo el trabajo del Centro de Monitoreo de la Conflictividad Violenta, que desde 2014 está haciendo el relevamiento de homicidios en la provincia, tarea que fue presentada a fines de 2014 y a fines de 2015 como un trabajo que iba a permitir el diseño de políticas de seguridad, al establecer posibilidades de análisis de la violencia a partir de estudios precisos sobre homicidios. Pero desde 2015 nada se sabe de esa tarea, que al ser secreta ha perdido sentido.

Así las cosas, no hay de dónde agarrarse para entender lo que pasa. Se dice que la Policía ahora tiene un informe sobre lo que está ocurriendo en 2018, que comenzó con tres meses muy violentos -hasta fines de marzo había 45 homicidios según lo que se publicó en LA GACETA- y que con la llegada del invierno parece haberse aplacado: en mayo hubo cuatro asesinatos (entre ellos las muertes de dos hermanitos en La Cocha, por las que está detenida su madre) y en junio fueron nueve, de los cuales tres están en duda: uno es el fallecimiento de una manifestante atropellada por un taxista en la Plaza Independencia, otro es el deceso de un bebé en Simoca (podría ser muerte súbita) y el tercero es el caso de un cuerpo hallado en una casa abandonada en Lules, que podría tratarse de una muerte natural. ¿Cómo se analiza la baja sensible de casos de homicidios? ¿Se debe a que la crisis económica ha generado menos consumo y por lo tanto menos víctimas de asaltos violentos? ¿Se trata del frío? ¿O es que la Policía está haciendo buenas tareas preventivas con sus operativos de fin de semana llamados “Ciudad Segura”? Como sea, no se trata de tareas diagramadas a partir del estudio de informes estadísticos, porque estos no existen. Se trata de operativos hechos según el leal saber y entender de los funcionarios de seguridad, que apuestan a cobrar el crédito si las cosas salen bien y a poner la cara y aguantar si salen mal. Bien vendría un equipo nacional que chequee en todas las provincias cómo se está haciendo el relevamiento de datos - que es lo que propone el informe del SNIC en el punto 6 de sus desafíos y metas -”Realizar visitas técnicas a las jurisdicciones que lo requieren”-, para que realmente se pueda homogeneizar la tarea en busca de data confiable.

Pero obtener data confiable lleva un riesgo: que aumente la cantidad de denuncias y eso ponga en riesgo la continuidad de los funcionarios, y por lo tanto que se anule rápidamente la carga de datos, que es lo que parecen haber hecho por lo general las jurisdicciones que se abandonan al relevamiento manual y discrecional de los informes, y que prefieren el secretismo para manejar los informes a su antojo. Así, pueden capitalizar algunos éxitos y sortear fracasos sin que los afecte demasiado, excepto que cae la confianza en loas funcionarios y crece la cifra negra. Y la realidad se escapa. Como le dijo Billone a la Corte, en esta situación se está caminando a ciegas.

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