“Narcoventajas”

26 Jun 2018 Por Gustavo Rodríguez

La simplista y despreciable frase “que se maten entre ellos” no solo va ganando adeptos en la sociedad tucumana, sino que pareciera que el Estado también está adaptándola como única estrategia para solucionar los problemas que afectan a muchos tucumanos. Primero negaron la existencia de los clanes que se dedicarían al narcomenudeo. Después dijeron que se los sobredimensionaba. Pero lo único cierto es que los habitantes de al menos cinco barrios viven con el corazón en la boca por culpa de esos grupos que venden y provocan muerte todos los días. En base a las actuaciones policiales e investigaciones judiciales, en la provincia se han visibilizado a 27 grupos que se dedicarían al negocio de la venta de drogas en pequeñas cantidades. Pero hay más, varios más. Y estas organizaciones crecieron en una tierra fértil llamada impunidad que fue abonada por la sospecha de corrupción e inacción de los tres poderes del Estado. Combatirlos pareciera imposible o por lo menos, no hay una decisión política para hacerlo. En las últimas semanas se produjeron graves hechos en El Sifón, Villa 9 de Julio, Juan XXIII (“La Bombilla”) y Manantial Sur. Todos esos enfrentamientos podrían haberse evitado. El Estado no capitalizó la caída del clan Reyna. No se hizo presente en los dos últimos barrios para decir “aquí mando yo y no toleraremos más grupos como estos”. Pero no, hizo la simple. Directamente no se ocupó del asunto y al no hacerlo, se recrudeció la pelea entre dos grupos que dejó como saldo un muerto y centenares de tucumanos honestos presos del miedo.

Los tres poderes del Estado parecieran estar trabajando para el título del diario y no para la sociedad. El PE quedó a un paso de cometer un papelón cuando envió el proyecto de ley a la Legislatura para que se exonere a todos los empleados públicos que sean detenidos por causas de drogas. Los abogados de Casa del Gobierno se cansaron de explicarles que ese era un proyecto totalmente anticonstitucional y que cualquier abogado recién recibido le ganaría a la Provincia un juicio millonario por haber aplicado esa sanción a una persona que aún no había sido condenada. Siempre escucharon la misma respuesta: “es un tema político”. Fue un legislador opositor el que logró convencer al titular de la Legislatura Osvaldo Jaldo que se cambiara la norma. Ahora el estatal será separado de su cargo y no cobrará su sueldo hasta que se defina su situación procesal. Y si fuera condenado, recién será despedido. Y si de títulos se habla, el tratamiento de la Ley de Narcomenudeo es otro ejemplo de la inacción de los Poderes. Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que era imposible que se pudiera poner en práctica. El gobernador Juan Manzur y el presidente de la Legislatura Osvaldo Jaldo pidieron que la Justicia dejara de mirar para otro lado y que los acompañara en la pelea contra el narcotráfico. Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, invitó a las partes a sentarse y discutir el tema para el beneficio de todos los tucumanos. Nada se hizo. Han pasado casi dos meses desde el inicio de esa polémica y todo quedó en la nada. Fue otro buen titular y nada más. Ni siquiera se acumularon las causas que tienen los integrantes de los clanes en los tribunales locales para perseguirlos por delitos comunes y dejarle a la Justicia Federal que investigue su posible vinculación con las drogas u otro delito federal como lavado de activos. El fiscal Diego López Ávila pidió hacer esto y logró poner tras las rejas a los integrantes del llamado clan Reynoso que tanto temor generó en Tafí Viejo durante años.

Otro problema

Los miércoles y domingos, en Barrio Norte, hay un paisaje atípico. En Santa Fe al 600, donde tiene su sede la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, las veredas se llenan de gente. Son los familiares de los más de 30 supuestos narcos que están alojados allí en forma muy precaria. Hombres y mujeres están alojados en un sitio donde se reúnen los datos para realizar investigaciones y operativos. Llevarlos, traerlos, vigilarlos y alimentarlos les quita tiempo a los federales que están para realizar otras tareas. Los vecinos de ese sector de esa ciudad no sospechan el porqué de tanto movimiento ni el peligro que implica tener alojados allí a los acusados de haber cometido este tipo de delitos. Tampoco saben que esa es la consecuencia de la falta de previsión de las políticas de la Nación. Está bien que se le declare la guerra al narcotráfico, pero se tendrían que haber tenido en cuenta este tipo de detalles para conseguir mejores resultados.

Los fiscales y jueces federales de la provincia, por esta situación, están en una encrucijada. Ellos deben pedir y ordenar allanamientos para detener a las personas por comercialización de drogas, pero también, por Ley, están obligados a cuidar que se respeten los derechos constitucionales de los apresados. Varias fuentes aseguran que antes de autorizar un allanamiento, les preguntan a los responsables de las fuerzas de seguridad que lo realiza si tienen lugar para alojar a los sospechosos. Ese trámite, insólito para cualquier país del mundo menos para Argentina, a veces demora los procedimientos. Esa es otra de las “narcoventajas” que actualmente se les está ofreciendo a los señores de la muerte.

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