Carlos Rívolo: “la sociedad ya no espera al sistema judicial”

Rugbista del club bonaerense Pueyrredón y discípulo del legendario Ángel Guastella, que también dejó su huella en Tucumán, el fiscal federal porteño Carlos Rívolo parece un jugador más que acostumbrado a las choques ásperos. Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) que preside, Rívolo propone un discurso institucionalista para unos Tribunales desprestigiados por la impunidad de los poderosos. Dice Rívolo que la sociedad está cansada de los justificativos que dan jueces y fiscales para explicar por qué las causas se alargan, y el delito, en especial el cometido por los criminales del establishment, resulta tan difícil de perseguir y sancionar. En una entrevista con LA GACETA previa a su disertación del viernes en el Colegio de Abogados de la Capital, Rívolo asegura que la experiencia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó desnudó la fragilidad de los ministerios públicos y el acostumbramiento a que el jefe de los fiscales sea “un político más”.

-¿Por qué Brasil tiene el “Lava Jato”, España y otros países hispanoamericanos dan lecciones de ética, y en Argentina persiste la sensación de que la corrupción se sale con la suya?

-(Ricardo) Jaime, (Lázaro) Báez, Cristina Fernández de Kirchner... Si bien bien esto no es comparable a la dimensión cualitativa y cuantitativa del caso “Lava Jato”, nosotros, de alguna manera, tenemos lo nuestro y vamos avanzando. Podría mencionar la apertura de una investigación contra el ex vicepresidente Amado Boudou a los pocos días de que ganara la elección con el 54% de los votos. Este caso de 2012 desencadenó la crisis institucional que llevó a la renuncia del entonces procurador general Esteban Righi. Quizá no se dimensiona todo eso porque estamos acostumbrados a que la cabeza del Ministerio Público Fiscal sea un político más, cosa que pasa tanto en la órbita federal como en las provincias. Brasil tiene un derecho “premial” donde la colaboración de los autores de delitos de corrupción es recompensada e instituciones judiciales fuertes. Estoy convencido de que, para acercarnos a ese modelo, el procurador (o jefe de los fiscales) debe ser elegido por el presidente de la Nación a partir de una terna votada por los titulares de las fiscalías y tener un mandato de dos años con la posibilidad de extenderlo por otro período: luego, ha de volver a su cargo anterior o retirarse. Esta es la forma de evitar que se haga política desde el Ministerio Público Fiscal.

-¿Qué le dice a usted el hallazgo de que entre 2005 y 2017 sólo el 0,5% de los casos de corrupción provinciales y federales con trascendencia pública logró una condena firme en Tucumán?

-Los Tribunales se han convertido en rings de pelea política. Pero entiendo que necesitamos revisar la independencia de jueces y fiscales, y los instrumentos para investigar. Hoy la sociedad ya no espera más al sistema judicial. La gente no soporta la demora y no acepta los justificativos. ¿La Justicia está preparada para ofrecer otros resultados? Hay algunos avances, como las leyes del Arrepentido, de Delitos Complejos y de Responsabilidad Penal Empresaria. En cuanto a la independencia, esta no puede ser declamativa: tiene que ser ejercida. Va a ayudar la adopción del sistema acusatorio, que transparenta y oraliza la investigación (N. de la R.: el nuevo proceso será incorporado gradualmente en la esfera federal empezando por el Norte del país). Mientras tanto, tenemos un proceso que tiende a aletargarse e incentiva la estrategia de la prescripción. ¿Cuándo comienza a funcionar el instituto del arrepentido? Cuando el precio de callar es ir a prisión, y perder el patrimonio acumulado ilícita y lícitamente. Es importante recordar que no hay delito más difícil de probar que el cohecho. Sin delación, ¿cómo se hace para demostrar que una resolución administrativa buscó beneficiar indebidamente a tal o cual empresario?

-En abril, el juez federal Ariel Lijo dijo aquí, en Tucumán, que la Justicia debía abandonar la impostura y la puesta en escena frente a los crímenes complejos. ¿Le suena creíble ese discurso?

-Es fácil advertir cuando parece que alguien investiga y, en realidad, no investiga nada y hace las cosas pour la gallerie. Vamos a abandonar este vicio cuando dejemos el expediente y empecemos a investigar el caso, que es el corazón del sistema acusatorio. Esa modalidad expondrá el trabajo de jueces, fiscales y defensores, que hoy está oculto en los papeles.

-¿Cuál es su evaluación del ciclo de Gils Carbó?

-La existencia de una procuradora alineada con el oficialismo implicó un retroceso enorme para el Ministerio Público Fiscal. El daño existe y en la Affun estamos tratando de revertirlo. Aquellos que durante 12 años creyeron que la militancia y la política debían meterse en las fiscalías se equivocaron. Ahora bien, nosotros no somos naíf: queremos contemporizar con los políticos en términos de políticas públicas, no para negociar favores o beneficiar a determinados intereses. La experiencia de Gils Carbó demostró que la independencia es un valor central para investigar y que todos los ministerios públicos fiscales del país deben romper sus lazos con los gobernantes.

-¿Qué opina de la postulación de Inés Weinberg de Roca como procuradora general?

-Nuestra Asociación jamás ha emitido una opinión sobre los candidatos a dirigir la Procuración porque después debemos trabajar con ellos en el desarrollo de la institución. Pero sabemos desde ya que la Procuración necesita recursos y presupuesto, y que esta tarea no admite dilaciones.

-¿En qué medida las imputaciones al fiscal federal Federico Delgado revelan la existencia de una Justicia penal extorsiva que se usa para domesticar a los independientes?

-Nosotros encendimos la alerta y estamos muy atentos a las vicisitudes del caso. A mí me parece, sin embargo, que a esta altura y con esos métodos ya no domestican a nadie, sino sólo a quienes quieren dejarse domesticar.