Nicaragua, donde el terror cotidiano supera a la ficción

Los tiroteos e incendios en viviendas son moneda corriente desde hace dos meses. Por Gabriela Selser - DPA-.

23 Jun 2018
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CALLES VIOLENTAS. La represión a las protestas y la persecución a los opositores han dejado miles de heridos reuters

MANAGUA, Nicaragua.- Encapuchados que salen tras los árboles, francotiradores sobre los edificios, viviendas ardiendo en llamas con niños gritando en su interior y personas abatidas en mitad de la calle con un tiro en la cabeza, son parte de la nueva realidad de violencia que vive Nicaragua.

El país de lagos y volcanes que el Gobierno definía como “el más seguro de Centroamérica” se convirtió en los últimos dos meses en un territorio de extremo peligro, del que huyeron en estampida miles de turistas europeos y estadounidenses, amantes eternos del trópico y del surf.

“La vida nos cambió de un día para el otro, como quien voltea un calcetín”, dijo a dpa la docente universitaria Auxiliadora Martínez, al recordar la primera manifestación estudiantil que dio inicio a esta crisis el 18 de abril.

Lo que comenzó como una pequeña protesta de jóvenes contra una reforma al seguro social se convirtió en una imparable rebelión cívica, consecuencia de la violenta acción de la Policía y fuerzas de choque contra civiles desarmados, que ha dejado hasta hoy más de 215 muertos y casi 2.000 heridos, según organismos de derechos humanos.

Las universidades y la mayoría de los colegios capitalinos suspendieron las clases y no saben cuándo las reanudarán. Dos universidades están rodeadas por barricadas y ocupadas por estudiantes armados con piedras y bombas caseras.

En los barrios orientales de Managua, hombres encapuchados y con fusiles de guerra hacen redadas. “Traen listas de los jóvenes que están en la protesta”, dice asustada una vecina del populoso barrio Schick, cuyos dos sobrinos fueron secuestrados.

Aferradas a los portones del cuartel policial conocido como El Chipote, decenas de mujeres esperan a diario por sus hijos o hermanos. Según organismos de derechos humanos, más de 70 jóvenes están detenidos aún en esas celdas sin proceso judicial.

Jóvenes en estampida

Las redadas han provocado un éxodo de jóvenes. Frente a las oficinas de Migración, en Managua, las filas se extienden por varias cuadras. Muchos duermen en la calle y amanecen de pie bajo el sol para poder tramitar sus pasaportes por primera vez. La mayoría viajan hacia Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, según registros de la dependencia pública.

“¡Qué horribles días han sido estos: muertes tras muertes, policías jefeando hordas de paramilitares, jóvenes desaparecidos, golpeados!”, escribió la poeta Gioconda Belli en una carta pública a la vicepresidenta Rosario Murillo. Belli apoyó activamente la revolución sandinista en la década de 1980.

Encapuchados

Como en el thriller más escalofriante, encapuchados con fusiles de asalto surgen en las carreteras y revisan los vehículos. Algunos requisan teléfonos celulares, mientras ambulancias del Ministerio de Salud son usadas para trasladar a civiles fuertemente armados.

Videos de enmascarados que levantan rifles en un paisaje rural y amenazan con entrar a las ciudades desde “algún lugar de las montañas” saturan entretando las redes sociales, invadidas de “fake news”.

El ambiente de zozobra mantiene vacíos los parques, los cines y los centros comerciales. En las calles de Managua, los accidentes se arreglan de forma expedita entre los conductores involucrados, ante la ausencia de policías de tránsito ahora destinados aparentemente a misiones operativas.

En Metrocentro, un mall con más de 200 negocios y punto de encuentro obligado de los capitalinos, los empleados han sido evacuados al menos cinco veces este mes por falsas alarmas de ataques armados. Muchas tiendas han cerrado por quiebra.

En sus habituales declaraciones del mediodía, la vicepresidenta Murillo insiste en pedir “no más odio ni violencia”, asegurando que su marido, el presidente Daniel Ortega, “está empeñado en restablecer la paz”. Murillo habla de “espíritus malignos” que le han robado la tranquilidad al país.

La familia Ortega vive virtualmente atrincherada en su residencia en El Carmen, en el sector oeste de Managua, protegida con vallas de seguridad en un radio de al menos 500 metros y resguardada por policías antimotines y miembros del Ejército fuertemente armados.

Maras y paramilitares

La Alianza Cívica de estudiantes, empresarios y sociedad civil que ha liderado las protestas acusa al Gobierno y a la Policía de manejar a los temibles paramilitares y a las bandas de “maras” que al amparo de la noche incendian casas, oficinas y hoteles.

“El mundo debe entender esta situación grave e inhumana que está sufriendo Nicaragua: lo que está sucediendo (...) no es una guerra; este es un Estado armado asesinando a ciudadanos desarmados”, afirmó el obispo católico Silvio Báez, uno de los mediadores en el diálogo.

Para el experto en asuntos militares Roberto Cajina, “Ortega gobierna sobre el terror. No acepta dejar el poder y ha impuesto el terrorismo de Estado. Es un fenómeno nunca visto, ni en tiempos de (el dictador Anastasio) Somoza”, derrocado por Ortega y el Frente Sandinista en 1979.

Según dijo Cajina, las “turbas” (grupos paramilitares o parapoliciales) salieron de las estructuras barriales del partido sandinista, de las alcaldías y las entidades públicas. Y serán “el legado funesto de la era Ortega: bandas delincuenciales operando en total impunidad”.

Nadie sabe cuántos son, “pero si en (la ciudad de) Masaya entraron 600 ‘turbas’, a nivel nacional podría haber de 2.000 a 3.000”, aseveró.

“Estaremos peor que Honduras, El Salvador o Guatemala, porque veremos una transmutación de la violencia política armada de hoy a una violencia criminal armada que sólo podría ser contenida por fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU (conocidas como ‘cascos azules’) como ha ocurrido en Haití, Líbano o Mali”, señala.

La grave situación quedará a la vista de las misiones de la ONU, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que arribarán en los próximos días a Nicaragua invitadas por el Gobierno para investigar las muertes ocurridas desde abril y buscar justicia, según acuerdos pactados con la oposición en el diálogo nacional.

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