La inseguridad acosa a las cifras de la inseguridad

23 Jun 2018
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Las cifras sobre crímenes volvieron a sembrar inquietud, tras la breve difusión del informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que, sugestivamente, indicó que los homicidios bajaron un 13% en el país (ya hace un año esa estadística había marcado un descenso del 9%) mientras que en Tucumán aumentaron un 28%. La medición, que el año pasado había sido elogiable por el esfuerzo realizado luego del “apagón estadístico” del kirchnerismo, esta vez está dejando dudas, por tres motivos: 1) no se ve que se hayan modificado y homologado las formas de recabar la información criminal. 2) Las cifras benefician sutilmente a las provincias gobernadas por Cambiemos. 3) Tras la difusión del informe, que permitió a la ministra de Seguridad federal, Patricia Bullrich, afirmar que habían descendido las cifras de delitos en el país, el acceso a la web del SNIC quedó trabado sin explicación.

Recolección caótica

Hace un año, la funcionaria nacional, al anunciar el nacimiento de un nuevo Indec, aseguraba que se estaban jerarquizando las estadísticas y que se trabajaba con todas las provincias para homologar un sistema federal. También se informaba de la Primera Encuesta Nacional de Victimización, que daba cuenta de la desconfianza de la población en el sistema de seguridad: sólo 3 de cada 10 personas víctimas de delitos los denunciaban.

Ese informe del SNIC mostraba, asimismo, la dispersión caótica de la forma de recolectar la información en las provincias, y Tucumán aparecía como muy poco confiable, ya que los informes de partes policiales dependen de un sistema precario de recolección y comunicación. Se trata de denuncias que son recogidas por oficiales y repartidas a diferentes oficinas por agentes, sin que esté claro cuál es el criterio para su reparto. El secretario de Seguridad de la Provincia, Luis Ibáñez, acaba de informar que antes los datos estaban dispersos y que ahora están sólo a cargo de Estadísticas de la Policía, con lo cual no está claro si han mejorado o no el sistema, que, ciertamente, no ha sido informatizado.

¿Significa esto que el informe de que en 2017 hubo 118 homicidios es más cercano a la realidad y por eso en Tucumán la cifra de asesinatos aumentó un 28% con respecto a 2016? La respuesta es difícil: la cifra de 2016 era mentirosa, y la misma Nación lo sabía. No está claro cómo se hace la comparación entre los datos de 2017 y 2016. Se sabe, eso sí, que la Corte de Justicia tucumana sigue llevando adelante el “plan Integral de Monitoreo Preventivo de la Conflictividad Violenta”, con el que se miden desde 2013 los homicidios, analizando los datos de los reportes policiales y comparándolos con los de las actas de la Justicia. Pero desde 2015, cuando el entonces presidente de la Corte, Antonio Gandur, ordenó que los miembros del equipo firmaran una cláusula de confidencialidad, nada se sabe de esos informes. Sí se sabe que varios de los investigadores abandonaron el grupo o fueron excluidos.

Alta violencia

Así las cosas, el nuevo reporte del SNIC ha dado pie a la perplejidad: aumentaron los homicidios en un 8% en la ciudad de Buenos Aires, pero en provincias como Catamarca (78%, de 9 a 16 asesinatos), Salta (57%, de 61 a 96) y Tucumán la suba fue brutal. Nuestra provincia tiene una tasa de 7,2 homicidios cada 100.000 habitantes, sólo por debajo de Santa Fe (8) y Chubut (7,3). Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que mide el nivel de violencia en el mundo con la tasa de homicidios, señala que un valor mayor a 8 homicidios cada 100.000 habitantes es una situación epidémica. Estamos cerca. El promedio nacional es 5,2%, que devela una situación que pasa de normal a delicada, según la OMS.

Unos sí, otros no

Además, el informe del SNIC da cuenta de que en Santiago del Estero y en Tucumán casi todos los índices delictivos dieron mal: aumentaron los robos a mano armada y los hurtos. Sólo disminuyeron los casos de trata de personas: de los 16 de 2015 se bajó a 3 en 2017. La Rioja se enfrentó a cifras terribles: aumentaron un 47% los robos. En los distritos de Cambiemos, si hubo subas en cifras delictivas, fueron menores, y en general hubo bajas: en la provincia de Buenos Aires los homicidios bajaron de 1.150 a 992. En Jujuy, que recibió una fuerte ayuda nacional, la cifra global de delitos disminuyó. Con la excepción de la ciudad de Buenos Aires, que, no obstante, tiene una tasa de homicidios del 5,1%, menor a la nacional.

Provincia en terapia

Tucumán atraviesa una situación delicadísima en materia de seguridad. La Justicia está colapsada y bajo cuestionamiento. Se dan circunstanicas inverosímiles, como el hecho de que a cuatro meses del homicidio del niño Facundo Ferreyra los policías que le dispararon no hayan sido llamados a declarar bajo la excusa de que las pericias, encargadas a centros de Salta, aún no están listas. El año comenzó con una suba tremenda de los hechos violentos, con un promedio de 12 homicidios por mes en el primer cuatrimestre, y con un descenso notorio en los dos meses siguientes. No obstante, las cifras precarias permiten suponer que se mantendrá la cifra anual cercana a los 120 asesinatos. Lo cual indica o bien la ineficiencia de la Ley de Emergencia en Seguridad, que ya lleva dos años de vigencia de intensas discusiones en la comisión legislativa, o bien la falta de criterio de las autoridades para encarar cambios de fondo, ya sea por indecisión o por carencia de presupuesto en un área en que todo se va en pagar sueldos.

La desmesura de los guardias urbanos

Esos mismos funcionarios observan el crecimiento de las medidas “antidelito” asumidas por los municipios, en respuesta a la sensación dominante que indica que en esta materia estamos mal. Esas medidas acaban de dar una respuesta pésima con la guardia urbana de Yerba Buena, que agredió a un motociclista aparentemente infractor de una manera brutal, y nadie ha hecho nada al respecto. El mismo intendente Mariano Campero ha defendido el despliegue desmesurado de sus hombres, que -ahora se supo- no tienen un organismo de control en la misma municipalidad pedemontana.

El informe nacional de estadísticas criminales ha venido este año sin la encuesta nacional de victimización, un instrumento que ayudaría mucho a tener una idea de por dónde va la sensación de (in) seguridad y de confianza de la población en las autoridades. Tampoco se ha podido examinar cómo se han adecuado las provincias (si es que lo han hecho) a un sistema que homologue la recolección de datos.

Lejana transparencia

A tres años del cambio de gobierno, y siendo que tanto la Nación como la Provincia han prometido transparencia de datos, ya debería existir en todas las jurisdicciones una oficina que se encargue del monitoreo y control, para evitar la tentación de los funcionarios de escamotear los datos que les son perjudiciales políticamente. Que se ocupe de superar los problemas endémicos. Por ejemplo, la cifra de muertes por accidentes de tránsito sigue estando en medio de polémicas: el informe señala que fueron 326 fallecidos en 2017, mientras que las organizaciones Alerta en el Camino y Luchemos por la Vida advierten que rondan los 390. El ingeniero Pedro Katz, propulsor de que se impulse la educación vial en serio ante la epidemia de accidentes que reina en Tucumán, dice que nadie hace nada para unificar las cifras y trabajar en serio, pese a que una ley nacional (27.214) y una provincial (8.887) lo exigen.

En realidad, el informe nacional, arrojado como al pasar, y recibido por la provincia en silencio, revela lo endebles que estamos en materia de estadísticas y nos plantea la duda de cómo construir un sistema nacional de información despojado de interés político y de intencionalidad, que es lo que siempre va a permitir el registro primitivo y caótico de los datos.

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