Extradición denegada

Aunque ya se había organizado el país desde 1853 por la Constitución, de vez en cuando volvían a estallar los incidentes interprovinciales. Sucedió en 1881 que el doctor Santa Coloma, juez del Crimen de Catamarca, pidió al de Tucumán, doctor Carlos M. Valladares, que detuviera a un tal Fidel Paliza, avisando que remitiría un exhorto para extraditarlo.

Pero cuando llegó el exhorto, Valladares encontró que le faltaban requisitos claves. Llamaba “criminal” a Paliza, pero no adjuntaba pieza alguna del proceso, ni el texto de la sentencia. En consecuencia, a “primera hora” del 16 de marzo de 1881, lo puso en libertad. Entonces, el día 4, por telegrama, Santa Coloma avisó que Paliza estaba sentenciado por homicidio, y que enviaría otro exhorto. Valladares trató de detenerlo otra vez, pero Paliza se había “ausentado para Los Chacos”, según informó la policía.

Indignado, Santa Coloma pidió y logró del PE catamarqueño una reclamación formal al Gobierno de Tucumán. Esta expresaba que “si las autoridades de ambas provincias dan asilo a los criminales de la otra, o no se prestan la protección debida para la captura de delincuentes, pronto los departamentos limítrofes se convertirán en madrigueras de forajidos”.

El Superior Tribunal de Justicia de Tucumán, en una breve acordada, puso las cosas en su lugar. Resolvió que la jurisprudencia, a falta de tratados, establecía la extradición entre las provincias, pero sólo para reos de delitos comunes. El juez Santa Coloma no enviaba las piezas del proceso penal y más parecía tratarse de un problema de responsabilidad civil, de deuda de una fianza. Esto era insuficiente para una extradición que, así, no procedía otorgarse, por carencia de requisitos de fondo y de forma.