Magistrados piden medidas contra el par que “condenó” una demora

Camaristas del Trabajo solicitaron el traslado de Castellanos Murga; Posse, titular de la Corte, respondió que el cambio debe ser consensuado

18 Jun 2018
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PRESIDENTE DE LA CORTE. Daniel Posse en una visita a LA GACETA Play. la gaceta / foto de hector peralta

La exposición de un caso laboral que lleva 12 años en trámite y todavía carece de sentencia de fondo, y de la resolución en la que Adolfo Castellanos Murga, vocal de la Sala V de la Cámara del Trabajo, “condenó” -en minoría- esa demora dio pie a pedidos de medidas contra ese juez por parte de sus propios pares. Cuatro días después de la ventilación del asunto en LA GACETA, Beatriz Bisdorff y María del Carmen Domínguez, respectivas presidenta y vicepresidenta de la Cámara del Trabajo de esta capital, solicitaron por escrito a Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el traslado de Castellanos Murga a otra sala mediante la cita expresa del caso que protagonizaron las camaristas penales María Balcázar, María del Pilar Prieto y Wendy Kassar (ver “El antecedente”). El viernes, Posse informó que había respondido que el cambio ha de ser consensuado entre los jueces de Cámara involucrados en el movimiento. “Si ellos así lo deciden, la Corte no se opondrá”, comentó.

Bisdorff (Sala VI) y Domínguez (Sala I) trasladaron al titular de la Corte una nota de su par Osvaldo Pedernera (Sala V), integrante, junto a la camarista Marcela Tejeda, de la mayoría cuestionada por Castellanos Murga. “La publicación del diario en cuestión ha generado un ambiente de malestar generalizado entre los magistrados de la Cámara por las implicancias y la trascendencia de hechos que son tan sensibles para la sociedad, como es la eficaz administración de justicia, y por la posibilidad de que puedan repetirse en el tiempo”, dijeron las juezas a Posse. Y aprovecharon la oportunidad para notificarlo de una situación que, según expresaron, era de público conocimiento: la existencia de innumerables disidencias entre los vocales de la Sala V (Pedernera y Castellanos Murga). “Por su frecuencia, estas provocan innumerables dilaciones en la administración de justicia (por la necesidad de integrar el tribunal, de practicar las notificaciones correspondientes, etcétera), y perjudican, en definitiva, la imagen de este fuero en particular así como en general la del Poder Judicial”, afirmaron Bisdorff y Domínguez.

Las camaristas expresaron a Posse que era hora de dar “una solución de fondo” al problema: “consideramos que resulta conveniente la desintegración de la Sala V dado que ya existe un precedente de este tipo en el Poder Judicial, en el caso ‘Balcázar contra Prieto’, por lo que elevamos esta propuesta a vuestra consideración y a la de los demás miembros de la Corte”.

En una nota datada el mismo día que la que Bisdorff y Domínguez remitieron a Posse, el vocal Pedernera también pidió “medidas”. “Me dirijo a usted (Bisdorff) con motivo del artículo publicado en el diario LA GACETA del 3 de junio de 2018, en el que el vocal Castellanos Murga me acusa a mí (y a otros magistrados) de haber incurrido en una tardanza injustificada de justicia en un expediente de la Sala V, acusaciones que son infundadas y que se hicieron sin previa verificación por parte de las autoridades competentes de la Corte local, y que trascendieron al ámbito judicial”, dijo. Y añadió: “esa situación ha afectado mi buen nombre y desempeño, y es grave por cuanto se suma a una serie continuada de manifestaciones injuriosas en mi contra puestas de manifiesto por el vocal mencionado (Castellanos Murga) en sus votos durante estos años. Por lo expuesto, solicito su intervención a los efectos de que se tomen las medidas que eviten la reiteración de hechos como el presente”.

Una cuestión cotidiana

La fractura de la Cámara del Trabajo quedó expuesta en el tratamiento de un recurso de reconsideración articulado en la causa “Ardiles y otro” que dos trabajadores habían iniciado hace 12 años para reclamar una indemnización. En ese ámbito, Castellanos Murga disintió de Pedernera y Tejeda, y denunció la existencia de irrazonabilidad, de excesos y de desequilibrios procesales. En su voto minoritario, el camarista reprochó el manejo de los tiempos que habían hecho Carlos Frascarolo, entonces juez de Conciliación y Trámite, y el propio Pedernera. Y manifestó que tal proceder lesionaba derechos constitucionales. “Escuchamos a diario la necesidad de acortar los plazos procesales. Lo concreto es que todos saben que, para que se cumpla el deber de hacer justicia, la resolución de los juicios debe suceder dentro de un tiempo proporcionado, lo más corto posible. No es lógico, ni razonable, ni justo que quien busca una solución judicial deba esperar 10 o 20 años para obtener la sentencia”, criticó.

Pedernera y Tejeda, por su parte, defendieron el trámite impreso al expediente. “Considero menester (sic) poner énfasis en el derecho de todo magistrado a buscar la verdad. Los vocales no estamos llamados a completar o complementar los dichos de las partes, ni a ser ‘jueces de jueces’: para ello existen las instituciones constitucionales que correspondan”, dijo Tejeda.

Consultado al respecto, Posse, presidente de la Corte, manifestó que la duración promedio de los procesos laborales era de cuatro años y que confiaba en que ese lapso iba a disminuir como consecuencia del cambio procesal implementado en 2017. También precisó que Frascarolo le había detallado los motivos de la demora del litigio “Ardiles y otro”, y que estaba al tanto de que Pedernera había iniciado los trámites para jubilarse con el beneficio del 82% móvil hacía años, pero que ninguna ley lo obligaba a dar un paso al costado. El presidente de la Corte, además, relativizó la disputa. “Los conflictos entre miembros del mismo tribunal son cotidianos aquí”, dijo.

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