Ambientalistas rechazan más urbanizaciones en el piedemonte

Campero y el Concejo no llegan a un acuerdo sobre el tenor de la nueva ordenanza Los informes técnicos indican que no deben autorizarse otras urbanizaciones al oeste del río Muerto.

17 Jun 2018
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BAJO LA MIRA. Mediante una nueva ordenanza, en Yerba Buena regularán las construcciones en El Corte y sus alrededores, al oeste del río Muerto. la gaceta / foto de franco vera (archivo)

Yerba Buena tiene que tomar una decisión; decisión de importancia. Lo que hoy se discute en esa ciudad es qué dirá la ordenanza con la que los gobernantes pretenden controlar las urbanizaciones en el piedemonte. Se trata de una discusión que tiene dos vertientes, al menos: ambiental y política. Si se les pregunta a los geólogos, biólogos o urbanistas qué se debe hacer, la respuesta es una sola: prohibir todo lo que implique alta densidad.

Rodrigo Ordóñez es el representante de la fundación ProYungas que integró el “Comité de Estudios para las Urbanizaciones en el Pedemonte”, conformado a pedido del municipio. Él dice que esa zona no debe urbanizarse (más de lo que ya se ha hecho). De hacerlo -declara-, se estaría forzando una situación. Luego explica que, si se observa una imagen satelital del cerro San Javier, puede advertirse que en la base hay formas triangulares. Se trata de conos de deyección y se forman con las corrientes de agua y con los sedimentos que bajan de la montaña. Los countries que están por arriba del río Muerto (Los Azahares, Las Yungas o El Tipal, por ejemplo) han sido puestos encima de estos abanicos aluviales. “Si ahí hubiese bosques, ni nos enteraríamos de cuánta agua desciende cuando llueve”, añade. Pero cuando se reemplazó la vegetación por cultivos -en los años 70- y por casas -en la última década- la población comenzó a percibir estos procesos. A inundarse.

La ingeniera María Pérez Molina, como delegada de la Dirección Provincial del Agua (DPA), hizo el mismo planteo: no deben urbanizarse los conos de deyección. Suponen un alto riesgo natural. Y constituyen las unidades donde se recargan los acuíferos. En su informe, ha escrito las palabras desbordes; aluvionamientos; reptación; remoción y erosión. Y ha propuesto que el pedemonte sea transformado en un parque de transición, para regular los aluviones y las escorrentías.

Marcela Medina es doctora en Humanidades y especialista en Urbanismo y Ordenamiento Territorial. Formó parte del comité como representante de la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia. Ella habla de una zona en “condición crítica”. Y agrega que lo que está faltando es un ordenamiento territorial. Es decir, que se les asigne a los suelos las funciones que les corresponden por su vocación.

- ¿Cuán prohibitiva cree que debe ser la ley municipal?

- Todos los informes, universitarios y gubernamentales, apuntan a que el pedemonte debe protegerse. Es vulnerable.

Otro estudio técnico del que se ha nutrido esa comisión es el de José Domián, un ingeniero en hidráulica que murió el año pasado por esta fecha (14 de mayo). Él había pedido que se denuncie penalmente a los responsables de los barrios asentados sobre la falda oriental del cerro San Javier y a los funcionarios que los autorizaron. Los acusó de haber deforestado, modificado el suelo, alterado las escorrentías y contaminado los recursos hídricos. “Han destruido todo. Se han robado los sedimentos, desde Villa Carmela hasta La Rinconada”, le había dicho a este diario, en una ocasión.

La discordia

El debate sobre el pedemonte se remonta a fines de 2015. Una de las primeras medidas del intendente del municipio, el radical Mariano Campero, fue prohibir por 180 días los desarrollos inmobiliarios al oeste del río Muerto. La resolución alcanzó a countries, barrios cerrados, clubes de campo y similares. Al cabo de esos 180 días, pidió una prórroga -aún vigente- y el Concejo Deliberante se la otorgó. No obstante, en ese segundo decreto hizo una salvedad, pues escribió: “con la sola excepción de emprendimientos eco turísticos”. Entretanto, conformó la comisión de estudio, que analizó la situación. Con esos documentos como punto de partida, el Ejecutivo elaboró su propuesta, en la que prohibió definitivamente esos desarrollos en ese sector.

La idea le cayó bien al Concejo Deliberante, que la aprobó por unanimidad. Pero hace unos días, Campero la vetó. ¿Por qué? Según declara, advirtieron que la normativa podría ser considerada inconstitucional, al limitar el derecho a la propiedad. Así las cosas, ahora discuten cuán prohibitiva debe ser la normativa.

El intendente podría poner a consideración de los ediles un nuevo texto, en el que reemplazará la palabra “prohibir” por “restringir”. Ernesto Marchetti, su secretario de Planeamiento, dice que habilitarían ciertos usos, como algún emprendimiento de ecoturismo. Con esto -razonan ellos- no le prohibirán a los dueños de grandes hectáreas que hagan uso de sus propiedades. Pero sí les fijarán restricciones.

Atentos, los concejales analizan llamar a una sesión para rechazar el veto. “Decidimos dejar firme esa ordenanza”, asegura José Macome. Es probable que en esa sesión se oigan argumentos ambientales. Lo que no se oirá, quizás, son los argumentos políticos. Porque algunos de esos ediles están molestos con Campero. Sienten que los ha ridiculizado, al vetar su propio proyecto y que ellos habían consentido en fraternidad. El debate está servido.

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