Una Justicia en “modo Mundial”

En el fuero penal de la capital están de parabienes y se autocongratulan porque “descubrieron” que con la aplicación de la ley de flagrancia es posible condenar a rateros en el plazo récord de tres meses corridos. Fiscales y defensores oficiales, todos bajo la misma jefatura de Edmundo Jiménez, salieron a festejar la hazaña, pero sus manifestaciones de júbilo omitieron el detalle de que celebraban la novedad de la más pura antigüedad: la flagrancia rige desde 2010. Al parecer, lo que incidió es la habilitación del encarcelamiento preventivo de autores de robos y hurtos en grado de tentativa, infracciones penales consideradas menores en el menú de la ilicitud. Frente a la perspectiva de pasar hasta dos años presos, los imputados preferirán una pena de ejecución condicional que les dé acceso a la libertad inmediata o una efectiva que les depare la liberación condicional a los ocho meses de encierro. Ese esquema de presión -porque el cautiverio afecta la voluntad- sacrificaría las garantías constitucionales, según un príncipe del foro. Pero qué más da en tiempos de mano dura y Mundial de Fútbol.

Además de que ningún funcionario debería jactarse de que cumplió con su deber o de que tal conquista merecería más bien el disimulo, lo curioso del festejo de gol del Ministerio Público es que acaeció con la legislación y la estructura judicial existentes. Esta victoria vendría así a controvertir la idea de que el sistema legal está caduco y es inservible, y a corroborar la sospecha de que la Legislatura sancionó un nuevo Código Procesal Penal en 2016 porque el anterior de 1991, que sigue en pie, fue estropeado -casi- adrede. Los índices de impunidad imponen una transformación total, pero hay dudas sobre lo que le espera al nuevo paradigma tribunalicio. Por algo la maquinaria remodelada debía arrancar en 2017 y todavía no sale del astillero: otra preocupación que lucía impostergable y que aparentemente también puede esperar a que pase el espectáculo de la FIFA. Lo mismo cabe acotar del pleito que, por un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Jiménez, mantiene frenada desde 2015 la norma que dispone la investigación local del narcomenudeo.

Algo pasa con los cambios legislativos en Tucumán porque, al menos en el terreno de la Justicia, cambian poco y nada. En 2010, la Ley de Flagrancia consensuada con los fiscales, entre ellos, Adriana Reinoso Cuello, Adriana Giannoni, Arnoldo Suasnábar, Mónica García de Targa y Edgardo Sánchez, prometió condenas en menos de 100 días que no se cumplieron. Y hasta tal punto no se cumplieron que el 27 de abril pasado, al declarar inaplicable la regla que agrava la prisión preventiva para arrebatadores (mencionada en el primer párrafo), el juez de Monteros, Mario Velázquez, recordó a las fiscalías que el procedimiento rápido de la flagrancia existía y que debían practicarlo. El obiter dictum caló en la víspera del debut de la Selección. Que nada detenga al espíritu triunfalista, sobre todo cuando la inseguridad se come la cancha.

Poco importaría en este escenario que lo que se ensalza como proeza sea la punición de la criminalidad más primitiva, la que tan torpe es que fue agarrada cuando ejecutaba sus fechorías. Al analizar la supuesta odisea, un reducto crítico y minoritario de Tribunales la asoció con la “ópera (u obra) tosca” descrita por ese ser de contradicciones llamado Raúl Zaffaroni. En uno de sus manuales clásicos de Derecho Penal, el ex ministro de la Corte nacional conectó la persecución a ultranza de los delincuentes débiles con la imposibilidad de atrapar a los peces gordos de la delincuencia: “la selección de la criminalización procede también por las propias limitaciones operativas de la Justicia. En alguna medida, toda burocracia termina haciendo lo más sencillo. En la criminalización, la regla general se traduce en la selección por hechos burdos y groseros (la ‘obra tosca de la criminalidad’, cuya detección es más fácil), y de ciudadanos que causen menos problemas (por su incapacidad de acceso positivo al poder político y económico, y a la comunicación masiva). En el plano jurídico, es obvio que esta selección lesiona el principio de igualdad, que no sólo se desconoce ante la ley, sino también en la ley”.

El ladronzuelo merece, por supuesto, un castigo. Pero la sanción concentrada en los perejiles revela una vista gorda generalizada respecto de la delincuencia de mayor porte y capacidad de influencia sobre los órganos judiciales. A diferencia de España, que acaba de voltear a un presidente, Mariano Rajoy, por su versión poco creíble sobre las anomalías detectadas en la financiación del Partido Popular (caso “Gürtel”), y que se apresta a encarcelar nada más ni nada menos que a un cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin (caso “Nóos”), Tucumán se resiste a esclarecer los hechos de corrupción hasta el extremo de que parece que el uso indebido del Estado es una fábula inventada por aguafiestas. Esta negación es insostenible y no hay flagrancia que la mitigue, aunque el pueblo parezca sólo interesado en qué hará Messi frente al arco de Islandia. ¿Será ese clima de amortiguación social el que llevó a Jiménez, el ministro público de la gioconda sonrisa, a incorporar a dedo ayudantes fiscales -que la última vez habían concursado- y a anunciar la creación de fiscalías especializadas en violencia doméstica sin decir ni mu sobre la puesta en marcha de la fiscalía anticorrupción que prometió en marzo de 2017?

A los Tribunales en “modo Mundial” nada los turba ni perturba. Será por eso que Ricardo Mario Sanjuán, patriarca de la Justicia Federal, ya está en Rusia (planea regresar el 6 de julio). Será por eso que el viernes 8 de junio la Asociación de Magistrados de Tucumán notificó a jueces, fiscales y defensores oficiales, en ausencia de la presidenta Marcela Ruiz, la adquisición de un smart TV Samsung de 50 pulgadas con sistema de televisión por cable “para la utilización de los asociados” en la sede de la entidad sita en el mismísimo Palacio de Justicia. La alusión directa y sin más vueltas a la Copa futbolera recién apareció cuatro días más tarde, a la hora de la caridad, cuando la Asociación pidió a sus miembros la donación de $ 300 para adquirir televisores con el fin de ser donados a los hogares Belgrano y Eva Perón, y con la intención de que sus internos tengan la posibilidad de ver los partidos y la ceremonia de “tan importante acontecimiento deportivo”.