El poder de los narcos

12 Jun 2018

Detrás del operativo Juan XXIII se esconde un rosario de detalles que dejan al descubierto el poder que ostentan o las conexiones que tienen los narcos en la provincia. Esta es la quinta organización de importancia que cae en menos de seis meses, una cifra importante si se tiene en cuenta que durante todo 2017 se desarticularon tres. Esos números reflejan lo que ningún funcionario del área de seguridad quiere reconocer: Tucumán es la base de organizaciones que se dedican a traficar para vender al por mayor o para abastecer a los quioscos que llenan de muerte los barrios de estas tierras.

La investigación que desarrollaron los hombres de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, dirigidos por el fiscal Pablo Camuña y vigilados por el juez Daniel Bejas fue exitosa porque logró desarticular una banda que ingresaba marihuana desde Paraguay y que supuestamente proveía de esa sustancia al Clan Reyna, uno de los 23 grupos que denunció LA GACETA semanas atrás que estaba sospechado de dedicarse al narcomenudeo. Pero también fue atípica porque comenzó desde arriba (los proveedores) y continuó con los otros eslabones (traficantes, acopiadores y vendedores). Y como si eso no fuera poco, dejaron al descubierto la ruta Buenos Aires-Tucumán en la que los controles no existen.

El sábado hubo corridas en “La Bombilla”. Eran los soldaditos que iban de un lado a otro avisando la presencia de los federales. Fueron al menos 11 los quioscos allanados en ese barrio que tiene unas 30 manzanas, es decir, que el Clan Reyna podría haber manejado la comercialización de drogas en la tercera parte de ese sector de la ciudad. Y suena lógico, o al menos equitativo que así suceda, ya que en ese caserío también estarían operando otros dos grupos conocidos como Los Farías y Los Romero. Los vecinos temen que el golpe contra los Reyna genere una escalada de violencia generada por venganza, por la caída de la organización, o por la búsqueda del dominio territorial.

Ausencia

Pero el éxito de este operativo no sirve de nada si es que el Estado no acompaña a las fuerzas de seguridad y a la Justicia. Los mismos vecinos que aplaudieron la presencia de los federales, al día siguiente denunciaron que la venta de droga en La Bombilla no se había detenido. Que los chicos de ese barrio y de otros deambulaban hasta que encontraron dónde comprar marihuana, cocaína o algún psicofármaco.

Un clan dedicado al narcomenudeo es una especie de PyME que da trabajo en lugares donde tener un empleo formal es un privilegio. Un líder de este grupo, que difícilmente toque o acopie la droga, le paga a la vecina para que le guarde la sustancia; a la mujer que la vende; y a los soldaditos que se encargan de custodiar los quioscos y aplicar la ley del patrón. Viven aspirando las almas de los adictos que no tienen las alternativas para dejar de ser esclavos de las adicciones.

Por eso es fundamental que el Estado acompañe a estos operativos. Detrás de los uniformados deberían ingresar trabajadores sociales, profesionales de la salud, docentes y especialistas en formación de empleos para ocupar el espacio que dejaron vacíos los detenidos. Por qué no pensar que un quiosco de una vivienda pueda transformarse en un centro de estudios con biblioteca antes de que otro grupo se apodere de esa casa para seguir vendiendo sustancias. Eso no es nuevo, ya se aplicó con éxito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero es como dice una fiscala de esta provincia: “se piensa para la foto y no se busca hacer una película con un buen final”.

Desesperación

La gestión del presidente Mauricio Macri quedará en la historia. Nunca antes un funcionario anunció tantas medidas para enfrentar al narcotráfico. Pero muchas de esas iniciativas tienen que ver con la desesperación de solucionar el problema que amenaza al país sin un plan integral. Por ejemplo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich solicitó a las provincias que se hicieran cargo de las causas vinculadas al narcomenudeo. En Tucumán, como en otros estados, se discutió el tema, los tres poderes fijaron sus posturas y se prometió debatir para buscar la mejor solución, pero hasta el momento no se tomó ninguna decisión al respecto.

Después, funcionarios nacionales deslizaron la posibilidad de que parte de las fuerzas armadas se dedicaría a colaborar con la lucha contra el narcotráfico. La iniciativa generó una catarata de críticas, pero nadie recordó que la gestión kicrhnerista había creado el plan Escudo Norte con el que no se consiguieron muchos resultados. Es decir que la discusión que se planteó fue netamente política y no sobre si era conveniente ampliar la participación de militares en esta lucha. Ahora, el PEN anunció la creación de tres nuevo juzgados y de una fiscalía más para investigar estos casos. Pero cuesta creer que este trámite se realice rápido si se tiene en cuenta que desde hace cinco años que se aguarda por la designación de los titulares del juzgado y la Fiscalía N°3. Tampoco se destinó presupuesto ni personal a la oficina de la Procunar, que se creó el año pasado para que se instale en estas tierras.

Detrás de esos anuncios y de otros, como la creación de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico a nivel provincial (nadie entiende aún cuál es su función), hay una densa cortina de humo que termina favoreciendo a los narcos. La realidad indica que los recursos humanos y tecnológicos siguen siendo insuficientes; que no hay lugar de alojamiento para los detenidos en los operativos que se realizan; que no alcanzan los centros para rehabilitar de los adictos; que las autoridades nacionales y provinciales siguen sin hacer un correcto diagnóstico de la situación; y que todos los esfuerzos se concentren únicamente en la persecución penal. Con esa receta solo se favorece al fortalecimiento de los señores de la muerte.

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