“El costo alto no es despedir a un trabajador, sino mantenerlo”

El juez Grisolía dijo que los incumplimientos del empleador encarecen las indemnizaciones

12 May 2018
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DISERTACIÓN. Julio Armando Grisolía, magistrado laboralista y académico porteño, expone ayer en el auditorio del Colegio de Abogados de la Capital. foto de Marco ALbornoz

Julio Armando Grisolía es dueño de un curriculum interminable tanto como de una hambre voraz. Mientras come a las apuradas una merluza a la romana con puré bicolor, anticipa los mensajes sobre el derecho y la conflictividad laborales que ha traído para el público congregado en el Colegio de Abogados de la Capital. Con el tenedor y el cuchillo en las manos, el juez nacional del Trabajo N°66 no esquiva las preguntas fundamentales sobre su ámbito de incumbencia. Y brinda un título: “el costo alto no es despedir a un trabajador, sino mantenerlo”.

Grisolía dice este viernes a la siesta que las indemnizaciones son lógicas y que lo que las encarece es el incumplimiento del empleador. Varias veces menciona al “factor humano” cuando se refiere a las falencias del sistema judicial. Admite que impera la lentitud en la mayor parte de los Tribunales del país. Según sus cálculos, un juicio laboral promedio puede extenderse entre tres y cinco años. “Eso es malo. Y por ello muchas provincias están haciendo reformas a sus códigos procesales en procura de mayor rapidez”, comenta.

-Con esa idea, la Legislatura de Tucumán reimplantó el esquema de la doble instancia el año pasado. ¿Basta este cambio para acortar los procesos?

-Sí, es una opción. La provincia de Buenos Aires está debatiendo un cambio similar en el presente. También ellos quieren dejar de lado la instancia única e ir a la doble. En Capital Federal tenemos desde siempre la doble instancia, pero es opinable porque uno apunta más a la oralidad y el otro, teóricamente y si funciona bien, otorga mayor seguridad jurídica porque es más amplia la posibilidad de revisar la sentencia. Ahora, si los juzgados tardan mucho y el tribunal de alzada, también, obviamente, al haber doble instancia, el atraso será mayor. Todos los códigos están tratando de resolver este problema. Pero también está el factor humano. ¿Qué quiere decir? Por más que tengamos los mejores instrumentos procesales, esto no valdrá de nada si no hay buenos jueces, funcionarios y abogados.

-¿Al trabajador le conviene acudir a la Justicia laboral tal y como está planteada en Argentina?

-La Justicia laboral aplica leyes que contienen presunciones favorables al empleado. Hay un problema general de gestión judicial dado por el ingreso desmedido de expedientes y otro propio o interno, que es cómo se resuelven esos expedientes. Quien tiene más capacidad de gestión, resolverá un mayor número de procesos, y aquí interviene el factor humano, que ni siquiera depende del conocimiento jurídico. Hay muy buenos jueces que saben mucho, pero no gestionan y, entonces, la situación se complica. Debemos apuntar a una selección de magistrados que atienda esta necesidad de equilibrio. Hay que profesionalizar la Justicia en serio. Miremos, por ejemplo, el caso de la Capital del país donde existen 80 juzgados, y algunos funcionan bien con el procedimiento en vigor y otros, muy mal. Todos reciben la misma cantidad de expedientes y lidian con la misma realidad.

-¿Pero por qué algunos andan bien y otros, no?

-Todos lo sabemos. Todo se sabe. Yo insisto en que el factor humano es determinante, pero decirlo así, tan violentamente, es complicado. Con independencia de eso, la Justicia necesita mejores mecanismos y recursos. No es lo mismo tener un sistema informático obsoleto que tener otro moderno y veloz. No es lo mismo tener un edificio inteligente que oficinas donde se trabaja en condiciones infrahumanas.

-El año pasado el presidente Mauricio Macri cuestionó en un discurso “la mafia de los juicios laborales”. ¿Cómo vivió usted esta incriminación?

-La Justicia laboral tramita un número inmenso de causas. Últimamente han ingresado muchas por accidentes de trabajo y a eso quizá se deba la expresión del Presidente. En los años 90 ya se hablaba de la industria del juicio. Hoy vemos que el abogado, cuando tiene la oportunidad, la aprovecha y que los Tribunales no funcionan adecuadamente. Es más que claro que esto ha ocurrido en materia de accidentes de trabajo. Había y todavía hay problemas en las comisiones médicas; en las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) y en la determinación de las incapacidades. Puede haber un segmento de abogados que aproveche las deficiencias existentes para actuar abusivamente, pero también hay que decir que en muchos casos la comisión médica daba una incapacidad baja al trabajador y que este conseguía aumentarla cuando iba a la Justicia. Entonces, si bien hay litigiosidad, esta estaba justificada por la siniestralidad no pagada. Quiero decir que aquí se mezclan justos y pecadores. En algunos casos ha habido excesos. Yo he visto juicios iniciados por un esguince de tobillo con el 5% de incapacidad donde el perito médico daba el 30% de incapacidad psiquiátrica, lo que es un absurdo total. Los peritos también se prestaron para el exceso. El eje es el mismo: el factor humano. Necesitamos médicos, peritos judiciales y jueces que hagan lo que corresponda. Ahí está el problema. El sistema no es perverso, los hombres lo hacemos así.

-¿Qué opina sobre el debate de las indemnizaciones? ¿Son o no son altas en Argentina? ¿Correspondería morigerarlas?

-Las indemnizaciones realmente no son altas en Argentina. Lo que las eleva son los incumplimientos de los empleadores. Es un tema lógico: si yo tengo un empleado perfectamente registrado, que gana $ 10.000 y tiene un año de antigüedad, lo despido indemnizándolo con $ 10.000. ¿Por qué algunos terminan pagando $ 100.000? Porque abonan todas las multas de trabajo no registrado y demás infracciones. El propio empleador termina pagando indemnizaciones más altas que las debe por incumplir la normativa. Hay que promover el respeto y la observancia de la ley, y no que bajen las indemnizaciones. Ahora, que pueda haber correcciones o la propuesta de un sistema de capitalización de fondos o la modificación de algún rubro, puede ser. Pero en términos generales las indemnizaciones no son altas sino lógicas. Insisto, son los incumplimientos del empleador lo que las encarecen. Como tenemos cultura del incumplimiento, las penalizaciones son frecuentes y conocidas de antemano. Está todo nomenclado: el juez no inventa nada. Es muy fácil advertirlo.

-¿Y qué opina sobre la crítica al costo laboral argentino?

-El alto costo laboral pasa por mantener un trabajador, no por despedirlo. El alto costo está relacionado con las cargas sociales, que sí son elevadas porque equivalen al 50% del sueldo. Dicen que hay que bajarlas pero eso ya se hizo en los años 90 y desfinanció el sistema de la seguridad social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar el costo laboral sin producir un desfinanciamiento. También está el problema de las PyME: no es lo mismo una gran empresa que una pequeña o mediana. Hoy todos pagan el mismo costo y si ese trabajador devenido en empleador tiene que enfrentar un juicio laboral, entonces tal vez deba cerrar su emprendimiento.

-¿Está experimentando usted en su fuero la mejora en los índices de empleo?

-La informalidad se mantiene igual desde hace casi 10 años y afecta a la tercera parte de los trabajadores. Se ha generado algo de empleo, pero la situación social es bastante estable. No empeoró, pero ahora tenemos índices más certeros. La pobreza está sincerada.

-¿Considera que el regreso al Fondo Monetario Internacional puede llegar a acarrear una reforma laboral?

-No creo que esto tenga nada que ver. Ya está probado que no se puede hacer una reforma laboral sin consenso de las mayorías como ha sucedido con la que se intentó el año pasado. De hecho hoy sólo hay una discusión pequeña y acotada a aspectos donde existe un consenso general. No hay margen para hacer una reforma laboral estructural.

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