“Campero usó la política para darnos trabajo”

Un propietario de la firma “Valdez Construcción y Diseño” se defiende ante las acusaciones de ediles por una contratación directa El Concejo resolvió citar a los responsables técnicos de la obra. Un edil radical objeta la solvencia de la adjudicataria

12 May 2018
1

MOMENTO DE DEFINICIONES. Los concejales de Yerba Buena votan uno de los proyectos del Ejecutivo, para la ejecución de obras y las disposiciones administrativas para la urbanización. la gaecta / foto de Analía Jaramillo

“Mariano (sic) usó la política para darnos trabajo. No a mi familia, sino al barrio. Acá todos son albañiles y estaban desocupados. Se quejaban de que venían constructoras y ponían a su gente, cuando ellos podían hacer esas obras. No hay nada de malo en esto. La maldad la tienen los que inventan declaraciones de impacto”. Quien habla es Juan Ignacio Valdez, y el Mariano al que se refiere es Mariano Campero, el intendente de Yerba Buena.

En los últimos días, la empresa que conduce junto a su padre, Juan Benito Valdez, y a su hermana, Leonela Valdez, se encuentra en boca de los concejales de esa ciudad, puesto que durante la sesión que se inició el jueves por la noche y prosiguió el viernes por la mañana, los ediles opositores cuestionaron que Campero haya recurrido a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para contratar de modo directo a esa firma, por $ 4,5 millones.

Por ese monto, la Municipalidad le encargó a “Valdez Construcción y Diseño” la realización de 7.500 metros cuadrados de hormigón en unas 10 calles del barrio San Expedito y del loteo Cossio, en la localidad de San José, donde están radicados los Valdez. El acuerdo incluye la mano de obra y la maquinaria. “La nuestra es una empresa familiar. Somos gente de trabajo, que empieza a las siete de la mañana y termina a las siete de la tarde. No manejamos fortunas. Hemos bajado el precio para poder entrar a la Municipalidad y tomar a la gente de aquí”, prosigue Valdez.

Luego cuenta que su padre es contratista (”desde hace años”). Cuando se le pregunta por sus antecedentes, contesta que han hecho tareas para la compañía Ingeco S.A., para el hotel Hilton y para el Hospital del Este, entre otros encargos. Por ello, asegura que se encuentran registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como responsable inscripto. “La Municipalidad nos dio la oportunidad de trabajar y de darle trabajo a unas 14 personas. Este barrio era un chiquero. Hoy, tiene pavimento puesto por mano de obra local”, argumenta.

Citan a funcionarios

Pese a esos razonamientos, el macrista Pedro Albornoz Piossek y los radicales Lucas Cerúsico, Maximiliano García y Benjamín Zelaya le enviaron una nota a Campero, en la que le piden que les remita una copia fiel y autenticada del contrato. Quieren saber porqué la intendencia se valió de un decreto y obvió el sistema público de adjudicación.

Además, durante la sesión se aprobó un proyecto de resolución para citar a los dos responsables técnicos de la obra, María Cecilia Ferrari y Sergio Marquez, y a los responsables del área contable y social, Adolfo Haga y Soledad Gettas, respectivamente.

La moción fue propuesta por José Macome, un concejal afín a Campero. “Los invitemos. Que vengan. No tienen nada que esconder”, había dicho. Contó con los votos de los otros allegados al oficialismo, Marcelo Rojas, Rodolfo Aranda y Javier Jantus y de los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz. El cuarteto, en cambio, promovió un dictamen propio, que no prosperó y en el que querían llamar a Campero.

En principio, el Concejo volvería a reunirse en un cónclave el lunes 21, para interpelar a los cuatro señalados.

Las cuadras que se le encomendaron a la familia Valdez forman parte de las mejoras que se realizan en el barrio San Expedito, situado atrás de los predios de la Sociedad Rural y en el que viven unas 370 familias de bajos recursos. El programa es financiado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, y supone una inversión que ronda los $ 57 millones.

De ese total, Campero afirma que -para cuando hayan acabado- más de $ 50 millones habrán sido licitados.

Para sostener sus dichos, comparte una planilla sobre el avance de cada etapa. Ahí figura que a la fecha se efectuaron siete licitaciones y una contratación directa (la de Valdez).

Además de ese informe, le entrega a este diario copias del contrato que han firmado él y Leonela de los Angeles Valdez; del DNU; del expediente que se inició en diciembre del año pasado; del cotejo de precios que realizaron antes de decidirse y del dictamen de la Dirección de Asuntos Legales de municipio, donde se efectuó el encuadre legal en el que se invocaron causales de necesidad y urgencia, entre otros documentos.

En esos papeles, figura que el contrato fue firmado el 10 de abril. Sin embargo, según las afirmaciones de Juan Ignacio Valdez a LA GACETA, la pavimentación comenzó en octubre del año pasado, y estaría por culminar (”terminamos en dos o tres semanas”).

Inicio sin contrato

Ante eso, se le pregunta al intendente porqué arrancaron antes de que estuviera rubricado el documento legal. “Entiendo que el contrato es uno de los últimos pasos. Se hace una vez que han terminado otros procesos internos. Y se demoró debido a una cuestión administrativa”, responde. De acuerdo al material proporcionado por él, la primera foja del expediente se encuentra fechada el 18 de diciembre de 2017.

Sospechas de corrupción

Aunque a juzgar por las divulgaciones de sus opositores políticos, los cuestionamientos giran, principalmente, en torno a la existencia real de la adjudicataria.

El radical Zelaya resalta que en la constancia de inscripción ante la AFIP, Leonela Valdez figura con ingresos de hasta $ 20.000 (”¿cómo puede ser empleadora?”, se pregunta). Otra objección suya es que haya sido Gettas quien sugirió la contratación de la familia Valdez (”¿quién es ella para aducir y proponer una contratación directa?”). Zelaya plantea también que, en el gobierno anterior, la contratación directa era una maniobra de corrupción. “Hoy, se mira hacia otro lado porque es parte de esta gestión”, declara.

Siguiendo con esa línea, Albornoz Piossek insta a sus pares a ahondar en el caso. “Cuando estamos ante la presencia de un supuesto hecho de corrupción, es nuestra obligación controlar. ¿Por qué tapan la corrupción de este gobierno? ¡Interpelemos a todos los que firmaron esto!”, exclama. Para García, que se le destinen $ 4,5 millones a una persona (”a un NN”) es un hecho escandaloso. “No tiene número de CUIL o CUIT. No tiene personería jurídica. No se encuadra en ningún marco legal”, manifiesta. El radical Aranda, en cambio, desestima los dichos de los opositores: “de todo quieren hacer un circo”.

Hasta ahora, la explicación oficial que han dado Campero y su secretario de Obras Públicas, José Luis Ferroni, es que apelaron a una contratación directa porque necesitaban darle celeridad a la obra y trabajo a los lugareños. “Una licitación hubiese demorado 90 días”, compara Ferroni. “Si hubiese licitado, las empresas habrían puesto a sus trabajadores”, añade el intendente.

El programa en el San Expedito había sido presentado por el ex secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, el tucumano Domingo Amaya, en 2016. En principio, el plazo de entrega es septiembre de este año. Se realiza con fondos no reintegrables, que deben ser usados para calles, redes de agua potable, sistemas de desagües, equipamiento urbano, espacios recreativos y programas de desarrollo.

La primera etapa incluyó el alumbrado público, por un monto de $ 1,2 millón, aproximadamente. Se le adjudicó a la empresa Alpre S.A. Luego construyeron una red de desagües pluviales y cordones cuneta, por unos $ 10 millones. Ese recado se le asignó a la firma Horbet S.A. Otros $ 8 millones fueron a las redes de agua potable y desagües cloacales, indicados a la constructora Hugo Cerviño. En esos casos, las beneficiarias fueron electas en licitaciones.

Comentarios