Jueces del sur exigen más recursos para aplicar el nuevo Código Procesal Penal

“Se tienen que resolver algunas carencias”, dijo el vocal Pellegri. Hay al menos seis despachos acéfalos en Concepción. Camaristas del Centro Judicial de Concepción advierten que el Estado debe agilizar la cobertura de vacantes

08 May 2018
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BAJO REMODELACIÓN. En los tribunales de Concepción se construyen nuevas salas para audiencias y oficinas. la gaceta / foto de Osvaldo Ripoll

Camaristas del Centro Judicial de Concepción ratificaron su apoyo a la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia en febrero próximo, por los alivios que -subrayaron- traería a la marcha de los procedimientos judiciales. Sin embargo han advertido que para que el nuevo sistema de enjuiciamiento se pueda poner en marcha se necesita imperiosamente la designación de nuevos magistrados, funcionarios, fiscales y defensores oficiales.

“Estamos convencidos de que el cambio que viene es insoslayable y necesario. Pero para comenzar a instrumentarlo se tienen que resolver algunas carencias que están relacionadas con la cobertura de los cargos vacantes”, dijo el vocal de Cámara de la Sala II, Carlos Jesús Pellegri.

Actualmente, están en función en Concepción tres jueces para dos cámaras. Es decir que existen tres vacantes en esta instancia. Al crearse recientemente una tercera cámara, los cargos acéfalos ascienden a seis. También están vacantes dos defensorías y una fiscalía.

El juez Sergio Altamirano, también de la sala II, consideró de vital importancia la constitución del tribunal de Impugnación. “Se trata de una dependencia similar a la de Apelación que funciona actualmente en la capital y tiene que estar en los tribunales de esta ciudad para resolver las cuestiones que se puedan plantear cuando dictemos sentencia”, observó el magistrado. La Legislatura debe resolver cómo reestructura a los organismos judiciales actuales, entre los cuales se cuenta este Tribunal de Impugnación y el sistema de Colegio de Jueces.

Precisamente, la Cámara ya aprobó la creación en La Perla del Sur de una Cámara de Apelaciones y está en marcha el proceso de designación de sus integrantes. Pero con el nuevo Código desaparece ese tribunal y nace el de Impugnación.

Por otro lado, Pellegri dijo que los jueces se están capacitando a través de cursos que dicta la Corte. También, relató, mantienen frecuentes reuniones con los vocales del alto tribunal para intercambiar ideas o planteos. “Podemos decir que estamos, en lo profesional, en condiciones de encarar el nuevo Código de Procedimiento Penal”, aseguró.

Altamirano precisó que para la instrumentación de la reforma del CPP las obras edilicias en los tribunales locales están avanzadas. “Las salas de audiencias, unas seis en total, van a estar listas para febrero. Pero, insisto, el gran condicionante de este proceso es la designación de jueces. Si hoy tenemos problemas para trabajar con el actual Código, a raíz de las vacantes sin cubrir, con mucha más razón los vamos a tener con el nuevo CPP que va a necesitar de audiencias, jueces, fiscales y defensores, en forma permanente, porque va a desaparecer el expediente escrito”, remarcó Pellegri.

Este magistrado recordó que tras la jubilación de sus pares Carlos Meschwitz y Diego Vital Graneros, se desempeñó durante más de dos años como único vocal de la Sala II. Recién el año pasado se cubrió una de las dos vacantes. “Ningún ser humano puede enfrentar el sistema que se nos viene si no disponemos de los recursos necesarios, por más voluntad que nos sobre”, advirtió finalmente.

Reclamo al Gobierno

El nuevo Código de Procedimiento Penal iba a comenzar a ser instrumentado en forma gradual en abril, con experiencias pilotos en los tribunales de Concepción y Monteros.

Sin embargo a causa de la falta de condiciones edilicias y otras vinculadas con la designación de las vacantes, la Corte Suprema pidió una nueva prórroga (la última fuera de plazo, según la Legislatura). En consecuencia, la Cámara aprobó una norma que establece febrero del año próximo como fecha de inicio para la puesta en vigencia total del nuevo sistema de procedimiento penal.

La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema local, Daniel Posse, reiteró el reclamo a la Casa de Gobierno para que se agilice la cobertura de despachos vacantes en la Justicia provincial. En una nota, volvió a solicitarle que tome una decisión respecto del ministerio público de la Defensa y agregó que, sin esa figura, no podía avanzar la implementación del Código Procesal Penal adoptado en 2016.

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