Por Irene Benito
22 Abril 2018
ARCHIVO LA GACETA
La actividad más sensible de los Tribunales Federales, la dilucidación de las denuncias de corrupción, ya puede ser descrita en términos aritméticos. La jurisdicción de Tucumán abrió 72 expedientes -3,4 al año- relativos a supuestos delitos cometidos por funcionarios públicos entre 1996 y 2016, de los cuales 50 están cerrados según una auditoría sin precedentes del Consejo de la Magistratura de la Nación. Un conjunto de 22 procesos permanece en trámite. Estos números revelan a primera vista que el movimiento de Tucumán es ínfimo en comparación con el volumen general: en el mismo período, las 147 sedes de la Justicia Federal iniciaron 9.476 causas y finalizaron 7.298. El Consejo precisó que por “finalizar” o “cerrar” no hay que entender “esclarecimiento de hechos”.
Los estrados tucumanos aportan el 0,75% de las causas de corrupción detectadas en dos décadas en Argentina y el 1% de las que siguen abiertas -el Consejo no identificó los procesos-. Se trata de un porcentaje bajo si se considera que en Tucumán habita el 3,6% de la población.
Con Santiago del Estero y Catamarca incluidos, esta sede inició 117 expedientes de corrupción de los cuales 72 corresponden a Tucumán, 19 a Santiago del Estero y 26 a Catamarca (cada una de esas provincias tiene un juzgado y un tribunal oral). La oficina de primera instancia catamarqueña no registró casos en las dos décadas consideradas: es una rareza en el Noroeste.
Tucumán (con Santiago del Estero y Catamarca), Resistencia (Chaco) y Salta son las jurisdicciones con menor número de causas: respectivamente abrieron 117, 109 y 28 casos en el lapso considerado. Muy lejos están de la Cámara Criminal y Correccional Federal más conocida como Tribunales de Comodoro Py, que concentra 3.917 de los 9.476 procesos iniciados en el país: esta sede sustancia el mayor número de investigaciones que atañen a la Nación. A continuación se sitúan la Cámara Federal de Casación Penal, que revisa expedientes de todas las jurisdicciones (1.517), Comodoro Rivadavia (620), Rosario (534) y Mar del Plata (396).
La presentación de los resultados de la auditoría encargada en 2016 tuvo lugar el 12 de abril, en la sesión del pleno del Consejo que preside Miguel Piedecasas. El informe indica que es la primera fiscalización de esta especie y magnitud practicada en la historia. Su origen es un pedido del Colegio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires al que luego adhirieron otras instituciones. El objetivo de la auditoría es cuantificar y medir el desempeño respecto de los casos con pedido de investigación que involucran hechos ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública, donde al menos hay un funcionario nacional implicado (quedan afuera las meras denuncias). El estudio también expone la falencias del sistema (se informa por separado).
Durante este año el Consejo informará sobre los motivos de conclusión de las causas: un número abrumador finaliza sin llegar a juicio. También habrá un análisis de los tiempos, que en algunos supuestos se aproximan a la década. Y se esperan detalles relativos a los movimientos de 2017, lo que permitirá actualizar los datos y consolidar la política de medición permanente aprobada por el Consejo.
La auditoría comprendió el trabajo de ocho jueces federales con funciones en la provincia: Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar, camaristas de Apelaciones; Gabriel Casas, Alicia Noli y Carlos Jiménez Montilla, vocales del Tribunal Oral, y los jueces de primera instancia, Daniel Bejas (N°1) y Fernando Luis Poviña (N°2) -en el ínterin dejó el cargo y falleció el ex vocal Raúl D. Mender-. Este subconjunto supone el 2,72% de los magistrados federales fiscalizados (294). Por el juzgado de Bejas pasó el mayor número de expedientes: 34 en total, entre casos en trámite (10) y finalizados (24). La auditoría sólo encontró cuatro (tres terminados y uno en marcha) en el despacho encabezado por Poviña. En la Cámara de Sanjuán, Wayar y Cossio hay 25 (dos en trámite y 23 culminados) y nueve en el Tribunal Oral de Casas, Noli y Jiménez Montilla (siete y dos respectivamente). Ese último estrado juzgó y condenó a un ex juez federal primero de Catamarca y luego tucumano, Felipe Federico Terán, en 2014 y 2017. Los hechos de corrupción habían sido denunciados respectivamente en 2005 y 2003, y las causas aún no terminaron puesto que las condenas no están firmes.
EL CONTROL SIGUE
El Consejo de la Magistratura de la Nación que preside Miguel Piedecasas se comprometió a brindar información adicional sobre la auditoría de causas de corrupción de 1996-2016 y a añadir los datos de 2017. El Consejo resolvió que la fiscalización sea permanente y que los resultados estén a disposición del público.
Seis respuesta útiles
1- ¿Quién pidió la auditoría? El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires mediante una solicitud presentada al Consejo de la Magistratura de la Nación en abril de 2016. El pedido se funda en la “excesiva dilación” advertida en las causas de corrupción.
2- ¿Qué procesos abarca? Todos los iniciados entre el 1/1/1996 y el 31/12/16 que involucren a funcionarios públicos en la presunta comisión de una serie de delitos definida por el Consejo y en los que haya existido requerimiento de instrucción del fiscal.
3- ¿Cuáles son los objetivos del Consejo? Acopiar datos de interés de la sociedad y determinar cuál es la situación de este género de casos “sensibles”. El Consejo dijo que la auditoría es una medida adecuada para mejorar y transparentar el servicio de justicia.
4- ¿Quiénes practican la fiscalización? La tarea está en manos del Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura de la Nación. Por sorteo público, la auditora Analía Romero fue asignada a la Justicia Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
5- ¿Hay antecedentes de esta medida? No. El propio Consejo de la Magistratura de la Nación subrayó que no había habido auditorías generales de este tipo en el pasado. A partir de esta experiencia, el órgano resolvió sistematizar los controles.
6- ¿Cómo fue la metodología? Como primer paso, los jueces federales elevaron informes con los datos solicitados. Los auditores compulsaron las causas en el supuesto de duda. Luego, clasificaron y ordenaron los datos, y los presentaron a los consejeros.
Falencias
PIEDECASAS ADVIRTIÓ QUE ABUNDAN LAS CARENCIAS
En el informe que brindó al Consejo de la Magistratura de la Nación sobre la auditoría de causas de corrupción, el presidente Miguel Piedecasas dio cuenta sobre las dificultades que enfrentan los Tribunales Federales del país para cumplir su tarea. El consejero por los abogados del interior destacó falencias relativas al personal, a los recursos tecnológicos y a la infraestructura.
“Estos déficits merecen especial observación en virtud de la directa incidencia que tienen respecto de los informes realizados”, dijo en la sesión del 12 de abril. Piedecasas señaló que las carencias debían complementar los hallazgos numéricos. En cuanto a los espacios, el titular del Consejo observó que faltaban lugares apropiados para guardar expedientes y efectos: “en muchos cosas, los depósitos están en sitios externos (a los Tribunales) con los riesgos y dificultades que ello conlleva”.
Las cuestiones de personal son tanto o más críticas: según Piedecasas, en general aumentó el volumen de causas, pero no los recursos humanos. Además, destacó que en el interior y, en menor medida, en la capital, faltan cuerpos periciales aptos para desarrollar las causas complejas.
ALGUNOS PROCESOS PENALES EN trámite
FONDOS MINEROS DE LA UNT (2010)
La Justicia Federal de Tucumán investiga el uso dado por la Universidad Nacional de Tucumán a las utilidades derivadas de la explotación minera.
EVOLUCIÓN PATRIMONIAL (2015)
Un proceso intenta dilucidar si el gobernador Juan Manzur puede justificar los incrementos que registró su patrimonio a partir de 2011 y mientras era ministro de Salud de la Nación (fue sobreseido respecto de los aumentos detectados en 2009 y 2010).
GASTOS SOCIALES LEGISLATIVOS (2015)
La Justicia Federal provincial tiene en sus manos una pesquisa relativa a los supuestos lavado de activos y evasión tributaria cometidos con los $ 615,6 millones que erogó la Legislatura en 2015 como gastos sociales.
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (2017)
Una pesquisa procura establecer si altos funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) cometieron delitos de competencia federal.
PLAN “MÁS CERCA” (2013)
Una causa pretende esclarecer las irregularidades denunciadas en la ejecución de obras públicas del Plan “Más Cerca”.
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