Posse pidió celeridad al PE y Amado prometió que habrá designaciones de jueces la semana próxima

El presidente de la Corte recordó que el Gobierno debe cubrir las vacantes. Además, el titular del alto tribunal dijo que su cuerpo impulsó la reforma procesal penal en 2012 y que ese cambio exige acciones de todos los poderes. También advirtió que faltan nuevas leyes y magistrados

12 Abr 2018
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“CONFUSIÓN”. El titular de la Corte pasó por los estudios de LA GACETA Play y justificó las idas y vueltas en la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. la gaceta / foto de hector peralta

El Poder Ejecutivo mantiene la posición de que recién nombrará jueces permanentes y temporarios cuando finalice las paritarias con los gremios estatales. Regino Amado, ministro de Gobierno y de Justicia, expresó ayer que esperaba concluir las negociaciones salariales el viernes. “La semana próxima designaremos todos los magistrados que podamos”, manifestó el funcionario a propósito de la reiteración del pedido de nombramientos que hizo Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ese vocal había advertido que la aplicación de la reforma procesal penal adoptada en 2016 y postergada hasta febrero demanda la cobertura de las vacantes.

El Gobierno de Juan Manzur acumula cinco ternas para designaciones en propiedad o definitivas (ver detalle en esta edición). Además, recibió otras tres listas para cubrir provisoriamente otras tantas defensorías públicas (una de Menores) en Concepción: con estos primeros despachos debutará el régimen de jueces subrogantes con mandato por 24 meses extensibles a 36 sancionado hace un año por iniciativa del oficialismo -la figura carece del atributo de la estabilidad que es una de las garantías de la independencia, según la Constitución Nacional-. En paralelo, el Poder Ejecutivo adeuda desde comienzos de 2017 el nombramiento del primer ministro público de la Defensa, cargo creado justamente por las demandas organizativas del nuevo Código Procesal Penal. Respecto de este último puesto de importancia capital para la implementación del digesto, Amado dijo que no había recibido instrucciones y que no podía adelantar nada sobre su definición (se informa por separado).

“Es importante aclarar que nosotros (la Corte) impulsamos la reforma del proceso penal en 2012”, expresó Posse en una entrevista con Buen Día, el ciclo televisivo de LA GACETA Play. El jefe del alto tribunal admitió que la remodelación había sufrido retrasos, y que algunas demoras, como la adecuación edilicia y de capacitación, eran imputables a su institución. Pero precisó que faltaban leyes y magistrados, cuestiones que dependen respectivamente de la Legislatura y del Poder Ejecutivo. “Estamos ante un cambio de paradigma importante (en esencia, suprime el expediente de papel e incorpora la oralidad a la etapa previa al juicio). Entendemos que los poderes políticos nos acompañan porque así se han manifestado”, evaluó Posse. En cuanto a la necesidad de postergar una vez más la aplicación del nuevo código luego del vencimiento de la prórroga de abril (pasó para febrero), el vocal explicó que había habido una confusión. “Asumimos el error de implementación”, dijo.

Hospital jurídico

Por el lado del Poder Ejecutivo, que no tiene plazo legal para cubrir las vacantes judiciales, Amado comentó en una conversación telefónica que estaban recalculando la decisión de devolver tres ternas para fiscalías de Instrucción de la capital al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) por el hecho de que se repiten los nombres de los ternados y de que algunos postulantes fueron nombrados recientemente en otros cargos -Facundo Maggio jura mañana como juez de Instrucción en lo Penal Nº2 de esta ciudad mientras que Eugenia Posse hizo lo propio en febrero, en la Fiscalía Nº3 de Monteros-. Esta hipótesis de reintegro no está prevista en la legislación y nunca había sucedido desde la instalación del CAM en 2009. El ministro de Gobierno y Justicia explicó que quizá podían resolver dos de los tres tercetos en debate. Pero para devolver el tercero hará falta que la Legislatura sancione una norma que prevea cómo solucionar esta situación inusitada. Amado pretende que esa ley obligue a los jueces nombrados a permanecer tres años en sus despachos antes de buscar un ascenso y adelantó que, mientras tanto, el Gobierno no considerará a la fiscala Eugenia Posse para el juzgado de Menores de la capital (se informa por separado).

Respecto de los jueces precarios o subrogantes, Amado confirmó que el Gobierno no evalúa “autolimitarse” y nombrar al primero de cada nómina, que es el concursante que obtuvo el puntaje más alto en las pruebas rendidas ante el CAM. “El gobernador dispone de la misma posibilidad de elegir que tiene en la terna (para coberturas definitivas), donde, más allá del orden, los candidatos están en igual posición”, dijo. A diferencia de las tercetos, que están compuestos por tres nombres, las listas de subrogantes pueden tener tantos integrantes como concursantes pasaron los filtros de los concursos que organiza el Consejo y, de hecho, las primeras comprenden cuatro y ocho postulantes.

Conflictividad social

“Agradecemos a la Legislatura que nos ha dado la Ley de Subrogancias y que nos permitirá cubrir las vacantes provisoriamente”, opinó Posse por su lado.

El presidente de la Corte dijo que el déficit de jueces venía de lejos y que el nuevo Código Procesal Penal lo acentuaba. Y aunque reconoció que la mora endémica existía, precisó que se trataba de un problema de todos los poderes judiciales del país.

Reflexionó: “la conflictividad social aumentó en forma evidente. La respuesta de la Justicia es lenta y, por eso, estamos haciendo reformas procesales. Es cierto que nos quedamos en el tiempo, con lenguajes que la gente no entiende. Los jueces tenemos que adaptarnos e ir a procesos orales. Ahora, yo no creo que haya desconfianza en los Tribunales. No iría a un hospital o sanatorio si sé que voy a morir, y en Tucumán la litigiosidad va en ascenso. Si uno no confía en el sistema, no entra en él. No diría que la Justicia es el último recurso sino que hay una cultura litigiosa y una base de confianza importante porque los ciudadanos vienen a resolver problemas que no lograron respuesta en otras instituciones del Estado”.

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