El desarrollo de la investigación penal, eje de una deliberación

El desarrollo de la investigación penal preparatoria del juicio oral divide a los jueces federales del país: esta cuestión tan sensible quedó expuesta en el trabajo de la comisión de celeridad de los procesos penales especiales (narcotráfico, corrupción y trata de personas) que abrió la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la intención de obtener ideas para reformar el Poder Judicial. En ese comité, uno de los nueve que organizó esta semana el máximo tribunal del país, participaron, junto a otros magistrados, Alicia Noli y Gabriel Casas, vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

El Código Procesal Penal de la Nación vigente autoriza a los jueces federales a decidir si delegan o no a los fiscales la investigación de las denuncias. El ejercicio de esta facultad genera dos posiciones preponderantes: por un lado están quienes, dentro del actual sistema con instrucción a cargo de los jueces, consideran que estos deben ser dotados de mayores recursos técnicos para facilitar la pesquisa de hechos ilícitos complejos y, por el otro, quienes propugnan que la investigación sea desarrollada por el fiscal y que el juez asuma una posición neta de control de la actividad de las partes (el modelo acusatorio vigente en los Tribunales de la provincia de Tucumán desde 1991). Fuentes judiciales explicaron que la segunda postura brega por la eliminación del auto de procesamiento (indica si hay motivos para continuar la investigación), resolución que conlleva una actividad de apelación prolongada. En este esquema, todas las diferencias surgidas durante el desarrollo de la pesquisa deberían ser resueltas en una audiencia multipropósito (mecanismo incorporado en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, que aún no está vigente). Con diferencias de detalle, es el paradigma que introduce la reforma procesal propuesta para la Nación, cuya aplicación comenzará por los Tribunales Federales del Norte del país. La cuestión es qué hacer para acelerar las causas de corrupción, trata y narcotráfico hasta que el proceso oral se generalice.

En el ámbito de la comisión de procesos penales especiales trascendió que magistrados como Luis García y Ángela Ledesma subrayaron la necesidad de dejar atrás los métodos inquisitivos, el trámite escrito y la pretensión de agotar la incorporación de medios probatorios en la etapa preparatoria de la investigación. A ellos se sumó Casas, quien coincidió en que la resolución de procesamiento debe ser reemplazada por una calificación provisoria de los hechos que permita resolver si corresponde o no que el imputado sea privado de la libertad. Noli subrayó la necesidad de avanzar en el sistema acusatorio adversarial (donde el juez está en una posición equidistante del fiscal y el acusado) porque es el que más se ajusta a la sociedad democrática.

También se propuso que, al dictar el veredicto, el tribunal de juicio haga una exposición sucinta de los motivos de hecho y de derecho que fundamentan la decisión para brindar mayor información a las partes y a la sociedad, sin perjuicio de que los términos para recurrir el fallo corran desde la lectura de los fundamentos. Los jueces Nora Cabrera de Monella, Norma Lampugnani y Federico Díaz enfatizaron que la resolución de los delitos complejos exige mayor personal, e inversiones en materia informática y edilicia.