El debilitamiento del modo de elección de jueces

La escasez de jueces que padecen los Tribunales de la provincia no es nueva. En el centro del déficit siempre ha estado y sigue estando la dimensión dada a la facultad de los poderes políticos, en especial, del Poder Ejecutivo, para nombrar magistrados. Si se mira hacia atrás, es fácil advertir que la intensificación de la escasez de jueces coincide con el acotamiento de la potestad del gobernador, que hasta 2006 podía elegir al abogado que quisiese, sin restricciones. Luego de tres años de suspensión de todo régimen de designación, las instituciones públicas acordaron que el titular del Gobierno iba a escoger solamente entre las tres opciones incluidas en las listas (ternas) confeccionadas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) a partirde concursos públicos de antecedentes y oposición.

El esquema del CAM permitió jerarquizar el mérito y disminuir aunque sea un poco la importancia de los contactos políticos para determinar el acceso a la magistratura. Este proceso de mejora institucional, con sus matices, corre severos peligros con la incorporación de la figura del juez subrogante externo, que carece de la estabilidad que garantiza la independencia. En vez de respaldar la actividad regular del CAM mediante el aumento del número de sesiones semanales y de instrumentar alternativas como la recuperación de los concursos múltiples, los poderes políticos han decidido crear una categoría de juez precario, con fecha de vencimiento prorrogable y, por ende, altamente dependientes del oficialismo.

La aparición de esa opción endeble e intrínsecamente débil se potencia por la existencia de numerosos despachos acéfalos y de cargos nuevos, además de los requerimientos del nuevo Código Procesal Penal, que debía entrar en vigencia en septiembre y que, aparentemente, tampoco podrá ser implementado en abril. Este estado de cosas empeora si se considera que, al mismo tiempo, hay una fila larga de magistrados preparando los trámites para jubilarse y que el Poder Ejecutivo ha decidido por primera vez devolver ternas al CAM con el argumento de que se repiten los nombres, cuando bien pudo evitar esta circunstancia al resolver en simultáneo los cinco tercetos para el fuero penal donde había coincidencias.

Al analizar la idea de los jueces provisorios hay que destacar que esto implica una ampliación de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Pero, además, corresponde observar que la escasez de jueces invocada para justificar “la necesidad y urgencia” de esta figura precaria en gran medida fue provocada por el propio Gobierno, que postergó la cobertura de cargos judiciales. A ello hay que añadir que, con los años, el CAM se desvió de su objetivo original: se convirtió en una estructura estatal pesada, con privilegios polémicos, que hoy exhibe una planta de personal de 51 agentes, y que invierte dinero y energías en cuestiones educativas que no hacen a la la celebración de concursos.

Todo ha ido llevando a tratar la escasez de jueces como una oportunidad para retornar a recetas que en el pasado provocaron grandes daños institucionales. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha dicho que los jueces precarios no dan tranquilidad a la población y que su incorporación lleva al estancamiento de los nombramientos en propiedad. Son graves advertencias para un Poder Judicial jaqueado por el desprestigio, que, según una encuesta reciente del Indec, es el menos confiable entre los Tribunales del país.