Feput refuerza su reclamo por una ley de Ética Pública

Dos quejas. Inseguridad y criminalidad; corrupción en organismos estatales y consecuente cuestionamiento ético en la función pública. Dos necesidades. La sanción de una Ley de Ética Pública y la cobertura de los despachos judiciales vacantes. Ese es el paquete de críticas y exigencias que generan una “profunda preocupación” a la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput).

La asociación que reúne a más de 20 colegios de expertos en la provincia elevó en 2013, por medio del entonces legislador José Páez (Democracia Cristiana), su propia iniciativa a la Legislatura. En mayo de ese año, ingresó por mesa de entrada y luego fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. El proyecto de ley fue postergado en forma reiterada por el órgano deliberativo, sin alcanzar su tratamiento en el recinto.

El otro reproche de Feput gira en torno a la falta de designación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial que, según la entidad, atenta en forma directa contra su normal funcionamiento y, en definitiva, contra la “efectiva vigencia del sistema republicano”. Por eso, la entidad exhortó al gobernador, Juan Luis Manzur, a proceder a la elección inmediata de los jueces pendientes de nombramiento.

Las jubilaciones de los titulares de algunas cámaras y los concursos en trámite del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) generaron un abismo de cargos judiciales que deben completarse. La facultad de ello quedó en manos del Poder Ejecutivo, que se había comprometido en diciembre pasado a llenar los espacios en blanco de los despachos judiciales. A pesar de los sucesivos pedidos tanto extraoficiales como de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el mes pasado se habilitó la posibilidad de investir jueces subrogantes.

Dicha situación, a criterio de los colegiados que integran las entidades profesionales, “impide que las necesidades y reclamos de la sociedad civil encuentren efectiva tutela, ya que dificulta que tanto los crímenes comunes como los hechos de corrupción o los actos reñidos con la ética en el ejercicio de la función pública, sean investigados y juzgados con normalidad, y en tiempos que impliquen una correcta y verdadera administración de justicia”.

Esta “solución” provisoria también fue rechazada en forma tajante por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. “Desaconsejamos fuertemente el nombramiento de jueces provisorios”, expresó en una entrevista con LA GACETA.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo designó a cinco jueces: Facundo Maggio en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°2; María del Rosario Arias en el Juzgado en Documentos y Locaciones Nº1; Leonardo Andrés Toscano en el Juzgado del Trabajo Nº6; Mariela Viviana Donaire será titular del Juzgado de Familia y Sucesiones, y Tomás Ramón Vicente Alba asumirá en el Juzgado del Trabajo (estos dos últimos cargos judiciales con sede en Concepción). A pesar de estos cinco nombramientos, el Ejecutivo dejó sin cubrir un asiento en lo Civil y Comercial Común en la “Perla del Sur”. Aún resta la aprobación de la Legislatura sobre los nombramientos del Ejecutivo.

“Entendemos que uno de los pilares fundamentales del sistema republicano de gobierno consagrado en la Constitución Nacional es la división de poderes, que establece el equilibrio entre los mismos, con el objetivo de garantizar el efectivo funcionamiento de las instituciones republicanas y la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos. Para que dicho sistema tenga real existencia, resulta indispensable que los órganos que componen los tres poderes del Estado se encuentren completa y adecuadamente integrados”, concluyó Feput.