Se vienen cambios

04 Mar 2018

Días antes y horas después de los discursos oficiales para abrir los períodos ordinarios de los cuerpos legisferantes ocurrieron un par de situaciones en la provincia que no se deben dejar pasar por alto, porque pueden sobrevenir consecuencias políticas e institucionales. Una de ellas es la sorpresiva solicitud de renuncia masiva que hizo Alfaro a todos sus colaboradores, y la otra es la intención de Jaldo de acelerar las definiciones de la reforma política-electoral para que sus efectos se verifiquen en los comicios de 2019.

En el horizonte de ambas acciones se vislumbran reemplazos de funcionarios municipales y eventuales modificaciones en la legislación electoral. Cambio es el común denominador; el concepto unificador. Cambios que no se produjeron, por ejemplo, en torno de los discursos de los ejecutivos, en los que siempre se ponderan los aspectos que creen que son favorables de la gestión y se obvian los negativos. Lo mismo también ocurre con las interpretaciones realizadas por oficialistas y por opositores sobre las lecturas de los documentos, siempre potenciando los respaldos o las críticas. Y con razones justificables de ambos lados. Lo de siempre, cada cual en el rol “agrietador” que les corresponde.

En ese marco vale detenerse unos minutos en aquellos dos hechos, tanto como el no dejar pasar la ausencia más llamativa de la jornada del jueves: la de Alperovich, pese a estar invitado. Tampoco asistió al Congreso para escuchar a Macri. Se dice que estuvo fuera del país. El vacío político contrastó con la parafernalia y la movilización pro-binomio Manzur-Jaldo. La “fiesta” peronista era y fue armada para los dos y con un pequeño detalle en la sede legislativa: por primera vez en esta gestión aparece en el estrado el presidente subrogante de la Cámara; en este caso Fernando Juri. ¿Mensaje del jaldismo?

Reformando

En fin, el jueves, la reforma política fue el elemento imprevisto de la jornada. Lo puso en el tapete el propio vicegobernador al sostener que la expectativa del oficialismo es que “esté sancionada en el primer semestre”. O sea, no más allá de junio o julio, según sus palabras. Entonces, ¿por dónde pueden ir las propuestas del peronismo gobernante?

Algunas pistas hay que buscarlas en la revista “Tucumán Bicentenario (especial reforma política)” que, casualmente, fue distribuida ese mismo día. ¿Casualidad? En dicha publicación, la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, alude a la creación de un Juzgado Electoral que resuelva las cuestiones contenciosas no sólo de las elecciones provinciales sino también de los procesos electorales de colegios profesionales.

Además, se refiere a la reducción de partidos políticos estableciendo mayores exigencias en la cantidad de afiliados para “ordenar la oferta electoral”. Son ideas que, expresadas por la funcionaria que más viene trabajando en una reforma política en el Ejecutivo -de hecho el proceso “Tucumán dialoga” la tiene como la autora intelectual-, no pueden ser desoídas.

Si se buscan más pistas sobre cómo podría sobrevenir el proceso de cambios de parte del oficialismo, allí las hay. Entre otras, la funcionaria menciona como alternativa de estudio la de exigir a los partidos políticos la presentación de candidatos a legislador en las tres secciones electorales como condición para poder participar de los comicios. Una resolución que dejaría fuera de competencia a varias organizaciones provinciales.

En ese marco, el “acople” no pinta como negociable por parte del peronismo que, cuando puede, desliza tal cual si fuera un verdadero “cuco” que para alterar su espíritu y condiciones de su implementación hay que reformar la Constitución provincial, ya que el sistema de colectoras aparece en la letra de la Carta Magna (artículo 43). ¿Quién se animaría a proponer la convocatoria a una Asamblea Constituyente? Es un riesgo para todos. Además, no podría pasar de este año si se pretende modificar el texto de 2006 para que tenga incidencia en los comicios venideros.

Otro detalle, cualquier intento de reglamentar por ley la adhesión de los acoples a una postulación a gobernador o a intendente puede concluir en la Justicia. La judicialización es un camino inevitable en este punto. Un aspecto a considerar: en algunas mentes de la oposición sobrevuela la idea de contrarrestar el acople con un planteo de inconstitucionalidad contra este sistema, como para voltearlo.

Tanto el acople como todos los sistemas electorales ensayados en Tucumán -con siete, cinco o tres secciones, o con el anterior de Lemas-, sirvieron siempre para que el peronismo dirimiera sus internas por fuera del PJ, para que los conflictos políticos no estallaran puertas adentro y le complicaran el acceso al poder; incluso cuando perdió la gobernación en 1995. Una suerte de interna ampliada a todo el padrón electoral de la provincia.

Sin embargo, no sólo los justicialistas pueden obstaculizar o negarse a alentar de lleno un proceso para modificar el esquema electoral, porque la condición de simpatizantes “acopleros” no sólo les cabe a los oficialistas, ya que también hay opositores que se sienten cómodos con este esquema. Como se escucha por los pasillos de la Legislatura: de la boca para afuera, todos reniegan de las listas colectoras porque queda bien, pero interiormente están conformes. Es casi obvio decir que no van a frenar el mecanismo que les habilitó el acceso al cargo público, por más que la sociedad les exija reformas en aras de mejorar la calidad institucional.

El miércoles, Jaldo reunirá a los integrantes de la multitudinaria comisión de Reforma Política para poner en marcha el proceso. Los dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria tendrán la oportunidad de decir lo suyo y de apurarse para mostrar qué régimen electoral nuevo proponen o que cambios políticos alientan. Entre todos debemos debatir sobre el modelo electoral, desliza el vicegobernador.

Aunque no sólo es el régimen electoral lo que debe mirarse detenidamente, sino también otros aspectos de íntima vinculación con las votaciones, como lo es -por ejemplo- la ley orgánica de partidos políticos (5.454). En la discusión de esta norma está una de las llaves para mejorar la representación política de los electos, para consolidar las estructuras partidarias y para reducir la oferta electoral en el cuarto oscuro. Hay que recordar que en los comicios de 2015 hubo aulas que mostraban 150 boletas de aspirantes a concejales, una cifra que conspira contra la representatividad de los elegidos.

De hecho hay una novedad “favorable” en este ítem: más de 200 partidos que participaron de aquellos comicios provinciales ya dejaron de existir. Y aunque nadie puede aplaudir que desaparezcan estas organizaciones por más chicas que sean, lo positivo es que eventualmente la oferta para los votantes disminuyó. He aquí un anexo a considerar en una reforma política: el rol de la Junta Electoral Provincial.

Ya se dijo en columnas anteriores, y en forma reiterada, que es insólito que se otorgue el reconocimiento jurídico a un partido político 60 días antes de una elección provincial y que, encima, se los habilite para presentar sus candidatos. Ocurrió en 2015: en junio de ese año la JEP le otorgó la personería jurídica a 341 partidos políticos. De ese total, a 146 se les había declarado la caducidad hasta el mes pasado. También se puede considerar como un exceso que casi 290 de esas organizaciones realizaran internas para elegir candidatos -con lista única, obvio- ese mismo mes.

En este punto, la transparencia en la información pública también es un aspecto a tener en cuenta en el proceso reformista. Es una gran oportunidad para beneficiar a la comunidad; el peligro es que sea desaprovechada y pase a la historia chica como otra ocasión en la que de antemano quedarán expuestos los ganadores y los perdedores a partir de las travesuras y las picardías de algunos reformistas.

Renunciando

Alfaro alteró el tablero político y tanto fue el sacudón que los estertores se sintieron hasta en las oficinas centrales de Cambiemos. Pedir renuncias a colaboradores de por sí ya es toda una novedad por estos lares; por lo que exigir la dimisión a todo el plantel de funcionarios ya es una sorpresa mayúscula. No es normal, debería serlo, pero no; aún más allá de las lecturas oportunistas, irónicas y de ocasión para referirse a la postura del intendente. El análisis es inevitable, tanto como las preguntas alrededor del susto que les dio el jefe municipal a todos los funcionarios.

Alfaro sabe que únicamente la gestión es la que le puede posibilitar la reelección -si no aspira a algo más-, por lo que los que en parte pueden arruinarle el camino son las torpezas y descuidos de sus propios funcionarios. En esa línea se puede interpretar que el intendente no esté conforme con la tarea de algunos de los suyos, para los cuales la ciudad les habría quedado como un desafío demasiado grande. Si es así, varias cabezas se verían rodar.

Otra mirada posible sobre el suceso es desde las expectativas y desde los celos internos entre los propios funcionarios, porque así como Alfaro pretende apuntalar sus aspiraciones en el desarrollo de una buena gestión; están aquellos colaboradores que ya piensan en 2019 como una oportunidad para pelear por cargos legislativos. El “internismo” vendría a conspirar contra las intenciones del “uno”.

El mensaje del pedido de renuncia, entonces, implicaría políticamente un no pensar en chiquito y en que sólo la gestión los va a salvar a todos. ¿Alfaro advirtió la interna y le puso un freno o evitó el internismo no desatado? Lo cierto es que provocó desconcierto, sorpresa y temor entre sus colaboradores. Inevitable, tanto como que el mismo día en que LA GACETA diera a conocer la solicitud del intendente, comenzaron a llegarle sugerencias y nombres para ocupar secretarías, subsecretarías y direcciones. Hasta habría algunos que se autopostularon. No faltan los audaces.

El terremoto interno que provocó Alfaro no pasará sin causar daños colaterales. La difusión que tuvo su pedido le abrió las puertas para provocar cambios. Más de uno no debería dormir tranquilo.

En fin, reformas, renuncias y cambios.

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