Diagnóstico de la inseguridad

03 Mar 2018
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A tres meses de la asunción de las nuevas autoridades de Seguridad, la tremenda realidad tucumana sacudió por todas partes al ministro Claudio Maley y a sus funcionarios. En lo que va de 2018 hubo 24 asesinatos (según lo que se publicó); los asaltos son cotidianos (algunos increíbles, como el del Rapipago a la par de la comisaría de Famaillá) y la plaga del motoarrebato y de los motochorros “piraña” (que rodean a sus víctimas) parece imparable. Ayer en la reunión de la comisión de seguimiento de emergencia en seguridad hubo de entrada un reconocimiento del funcionario de esta situación: “no podemos ignorar ni en Tucumán ni en el país el avance desmesurado de las organizaciones delictivas, que han ganado la calle”, dijo Maley. Y manifestó inquietud por la violencia: “en otra época había un respeto por la vida. Han perdido códigos... por ahí, a causa del alcohol o las drogas”. Finalmente, sentenció que los motoarrebatos “son los hechos más frecuentes y brutales”. Y ahí comenzó su larga exposición en la que explicó el plan estratégico de seguridad (”de aplicación inmediata”, dijo).

Crisis y presos

Los problemas son muchos y al contrario de la escueta mención del gobernador Juan Manzur en su mensaje de apertura de sesiones de la Legislatura (dijo que se iba a continuar siendo “implacable” con el delito), acá se habló de todo. Se reconoció la crisis del sistema penitenciario, que no sólo está saturado de detenidos a tal punto que hay más presos que nunca en las comisarías (770) sino que no cuenta con personal adecuado. Explicó que la famosa alcaldía creada el año pasado para albergar a 200 presos no se ha podido usar aún por falta de personal capacitado y que en cambio se están utilizando los sectores de la carpintería y la imprenta para albergar internos. Además -agregó- les costó encontrar personal jerárquico adecuado para reemplazar a los cuatro que se fueron con la crisis de fines de 2017 a raíz del escándalo de venta de drogas en el que estaban involucrados guardiacárceles. Lo que no se dijo: ¿cambiar estos funcionarios alcanza para hundir el bisturí en un sistema podrido hasta el tuétano? Por eso salen los escándalos permanentemente, como el del motín de hace unos días en la comisaría 11, en el que las condiciones de detención eran infrahumanas. “Si me preguntan si estaban hacinados, les tengo que decir que sí”, dijo el ministro.

Elementos obsoletos

Sobre la Policía, dijo que tienen mucho armamento obsoleto -las viejas pistolas 1125-; que no hay suficientes chalecos antibalas y que usan muchos vencidos por su condición “antipunzante”. En cuanto a las cámaras de vigilancia, describió que tienen la vida útil cumplida. “El mantenimiento pasa más por la voluntad que por idoneidad”. También dijo que hay que cambiar el sistema de comunicaciones por radio, que es viejísimo y vulnerable. Añadió que el reglamento disciplinario es de otra época (de la dictadura) y que los tiempos y las costumbres son otros. Que hay que modificar el trabajo en la Escuela de Policía. Asimismo, que la ley de Contravenciones es inconstitucional y que hay que cambiarla. “Si se quiere, arbitrariamente estamos usando algún punto de ella para manejar algunas inconductas que no son consideradas en el marco delictivo”, explicó. En este sentido, se está estudiando un código de convivencia con organizaciones civiles e instituciones como la Defensoría del Pueblo, dijo. Anticipó que habrá problemas como la necesidad de crear un tribunal de faltas contravencionales y de buscar lugares para alojar a las personas aprehendidas. Añadió que se ha detectado que hay muchos agentes (”numerarios”) que estaban escondidos en la burocracia (no usó esas palabras) y no cumplían tareas de seguridad; también, que se tiene que reglamentar el servicio adicional para hacerlo más transparente (habló de bancarizar y de someterlo al control del Tribunal de Cuentas). Mencionó tibiamente la oficina de Asuntos Internos que, dijo, está funcionando pero que aún no está operativa en el Ministerio de Seguridad “por cuestiones administrativas”. Explicó que se emprendió una campaña contra la corrupción y que se va a echar a los que cometan delitos. “Las instituciones sirven y son buenas. Estamos fallando los hombres”, definió casi con ingenuidad, y en esto mencionó que gracias a esa campaña no hubo casos llamativos de corrupción en estos meses. Tuvo elogios para el sistema 911, que, dice, ha recibido certificación ISO por atención al ciudadano. “No quiere decir que está solucionado. Tenemos grandes problemas”, agregó. No habló de la eficiencia -o no- del servicio, que desde 2011 es la estrella del operativo policial postdelito, presentada erróneamente como sistema de prevención.

Mucha saturación

En el medio de la descripción estuvo lo que se está haciendo para enfrentar la situación tucumana. En diciembre comenzaron “operativos de impacto y saturación” (un clásico policial), despliegue diferente de la patrulla urbana -”otra dinámica, se cambiaron las paradas y recorridos diarios y buscar variantes para distraer a quienes se desplazan en la actividad delictiva”-; apps codificadas en los accesos de la ciudad para casos de delitos graves (así se resolvieron, dijo, tres casos: detenidos por escruches, el de Máximo Abraham, por el asesinato de los policías en el parque y el de los asaltantes detenidos en Los Aguirre). También mencionó relevamiento en talleres, desarmaderos y puestos de venta de motocicletas usadas, así como controles sorpresivos en la periferia por robo de motos. Cambiaron la modalidad del grupo motorizado de acción rápida que ahora está en las avenidas y en la circunvalación. Dijo que hay policías desplegados en barrios conflictivos (Costanera, ATE y Alejandro Heredia) y que están interactuando con los vecinos en busca de fortalecer la confianza ciudadano-policía. Hay que recordar que Tucumán, según la reciente encuesta de victimización del Indec, está a la cabeza en el país en cuanto a desconfianza de la gente en la fuerza. Dijo que estas medidas fueron positivas (habló que se secuestraron muchas motos y se detuvo a conductores armados; y que hubo menos robos en febrero (84 motos) que en enero (103). Pero, excepto su estadística de escruches (107 en enero y 45 en febrero) no dio muchas más cifras. A propósito de esto, dijo que ha “optimizado el sistema de estadística en la Policía en Operaciones y en Inteligencia para hacer el análisis del delito” en las áreas de las comisarías 1a, 2a y 5a. No está claro cómo se puede optimizar un sistema en el que la recolección de datos criminales no está sistematizada, digitalizada ni guardada en una base común; y tampoco bien estudiada. A menos que sea un precario programa piloto.

Maley puso énfasis en la policía comunitaria y en la capacitación. Habló del convenio con la fuerza de seguridad de Los Ángeles y de la idea de traer a un experto de la policía de Israel en ese tema, Elías Suárez. Destacó el hecho de trabajar con personal de civil y en tareas coordinadas con otras áreas del Estado tanto para estudiar los vínculos entre marginalidad y delito como para enfrentar la ilegalidad. En ese marco explicó el operativo del sábado pasado en la Banda del Río Salí donde se clausuró un galpón donde se almacenaban 1.500 bidones con orina. También mencionó las tareas conjuntas con las fuerzas federales y pidió más apoyo nacional porque -deslizó- los operativos antidrogas provinciales tienen escasos resultados en cuanto a atacar la comercialización de estupefacientes. Y propuso trabajos conjuntos para prevención de accidentes con comunas y municipalidades. Finalmente, habló también de la Policía Vial y de la secretaría de Prevención de Adicciones.

Falta presupuestaria

Los legisladores opinaron que había diferencias notorias con la anterior conducción de Seguridad, la cual que no había dado informes ni había opinado sobre los proyectos legislativos al respecto. Hubo algunas preguntas específicas sobre los robos de motociclistas que rompen vidrios de autos en los semáforos o sobre la organización distrital de policías que no saben lo que pasa en sus barrios, y una sensación de que hay un reconocimiento de que no se pueden cambiar las cosas: el radical Fernando Valdez opinó después que hay que pedir ayuda a la Nación. Es que el ministro dijo específicamente que uno de los grandes problemas que tienen es el presupuestario y reconoció que por ello ni siquiera han podido erigir oficinas creadas como la secretaría antinarcóticos o la de coordinación. Dicho de otro modo: están haciendo malabares con la gente y los recursos que tienen, y que son los mismos con los cuales ha explotado esta situación de intensa inseguridad. Y ahí quedan pendientes preguntas: ¿Se puede cambiar la forma de trabajo policial sin cambiar el modelo? ¿Alcanzará con capacitar a los jefes para que acepten reforzar la policía comunitaria? ¿Se puede avanzar en estas propuestas sin presupuesto? En el medio de todo, Maley se ha jugado por elogiar a la Justicia (pese a que el mismo ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, ha reconocido que hace agua por todas partes) y en apoyar a policías de conducta por lo menos inquietante, como el comisario Alfredo Pineda de Los Sarmientos, bajo proceso judicial por entrar sin orden a una casa, balear a un sospechoso en el glúteo y luego inventar un acta que hablaba de un inexistente enfrentamiento. ¿Hay un solo Pineda o hay muchos? ¿A todos los que aparezcan acudirán presurosos a apoyarlos Maley y el vicegobernador Osvaldo Jaldo? Ya se sabe de otra acta mentirosa en el caso de la muerte de Ángel Alexis Noguera, baleado con postas de goma por la policía en un operativo irregular en Villa Mariano Moreno hace 15 días.

Maley ofreció encontrarse con los legisladores cada semana, o cada 15 días, para ir trabajando en problemas puntuales. Si logró algo de confianza, siempre va a ser de corto plazo, por la situación de inseguridad y de delito imperante, que lo coloca en una carrera contra el tiempo.

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