La inseguridad y el contrato social

Los tucumanos están conmovidos por el nivel de inseguridad que sufren todos los días a lo largo y ancho de la provincia. Por ese hartazgo, en nuestra provincia está a punto de romperse el contrato social que escribió Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII. Entre otras cosas escribió que para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un pacto con el Estado al que les otorga ciertos derechos y a cambio acepta abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza.

Los ciudadanos, en otras palabras, esperan que el Estado proteja su propiedad y sus vidas y acuerdan vivir bajo ciertas reglas y control. Pero como no lo está haciendo, se sienten con derecho a hacer justicia por mano propia. Y si no lo hacen con sus manos, aplauden a los que lo hacen. Erróneamente tildan de héroes a los que se exceden y matan a alguien por haber estado cometiendo un delito.

Para colmo, los gobernantes aportan no un granito, sino una camionada de arena para avalar todo esto. El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a Luis Chocobar, el policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mató por la espalda a un ladrón que robó y lastimó a un turista norteamericano. El vicegobernador Osvaldo Jaldo salió en defensa del comisario Alfredo Pineda, que persiguió, ingresó sin autorización a una vivienda e hirió a un joven acusado de un robo que, al parecer, nunca existió. Esas son puestas en escena para compensar de alguna manera lo que son incapaces de hacer: dar seguridad.

Más falencias

Todos los poderes se escandalizaron porque una encuesta dio a conocer que uno de cada cinco tucumanos considera confiables a los jueces y a los Tribunales. En esta provincia la Justicia es hiperlenta y tarda mucho más en llegar. El sistema está por colapsar. Fiscalías tapadas de expedientes; juzgados de instrucción y una cámara de apelaciones atorados por las causas que les llegan; falta de fiscales de Cámara, que demora el inicio de los juicios, y tribunales incompletos son los ingredientes de una bomba que estallará en cualquier momento. A ello se le debe sumar que no tienen las leyes necesarias para que los magistrados puedan trabajar. Y si se le agrega que tampoco cuentan con herramientas tan necesarias como tener un laboratorio para realizar un análisis de ADN, se llega a una sola conclusión: las promesas de mejoras serán muy difíciles de cumplir a corto plazo.

El panorama en la Justicia federal no es diferente. Cada vez hay más trabajo y menos personas para atenderlo. En lo que va del año, sólo se autorizaron menos de cinco allanamientos para desarticular los quioscos de la muerte, esos que venden drogas las 24 horas al día. Los mismos que reciben cualquier tipo de artículo robado a cambio de una dosis de alguna sustancia ilegal. La Policía, ante los permanentes reclamos de los vecinos de los barrios más castigados, ha implementado un insólito sistema. Coloca un cuerpo de Infantería o un patrullero en las puertas de las viviendas de los transas o inventa allanamientos para asustarlos. Esas estrategias, por supuesto que no alcanzan ni son la solución; pero al menos, según dicen, disminuyen el reclamo vecinal.

Los intendentes también se sienten acorralados por la inseguridad. Con los vigías ciudadanos o guardias urbanos pretenden hacer creer que acabarán con el delito en sus ciudades. Y más aún si les entregan armas. Lo que sucede en el barrio Procrear de Yerba Buena es un ejemplo. Los pocos vecinos que se instalaron allí están sufriendo robos de todo tipo. Y viven ese amargo momento por la falta de coordinación de los funcionarios. En primer lugar, el banco no realizó una entrega masiva de viviendas, sino que hay una o dos casas habitadas por manzana, por lo que al ladrón le resulta muy sencillo ingresar a cualquiera. Para colmo, ni la Policía ni los vigías se pusieron de acuerdo para realizar tareas de prevención en ese barrio. Queda en claro entonces que si los funcionarios municipales y los de Seguridad no trabajan en conjunto, estos cuerpos se transformarán en una densa cortina de humo para tapar el problema que tantos reclamos generan.

Mojada de oreja

En la Legislatura todos están convulsionados. El legislador José María Canelada les mojó las orejas a todos en una conferencia de prensa. Informó que hay por lo menos 55 proyectos de ley que fueron creados por oficialistas y opositores que podrían ayudar a combatir la inseguridad, pero jamás fueron tratados en el recinto. Esos datos crearon impaciencia entre los parlamentarios del oficialismo. Hasta el momento guardan un prudencial silencio cuando las cámaras o los grabadores están encendidos, pero en off anuncian que no están dispuestos a seguir callados por la inacción y los errores que cometen los funcionarios de Seguridad. Saben que se están quemando a fuego lento ante una sociedad que exige respuestas inmediatas y ellos siguen sin aportar nada importante.

Mañana puede ser un buen día para que pueda comenzar a cambiar el rumbo de esta historia. Claudio Maley, ministro de Seguridad, debe sentarse ante los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad para explicar cuál es el plan con el que intentará bajar los delitos en la provincia. Los representantes de los tres poderes que forman parte de ese cuerpo están muy interesados en escuchar cuáles son sus necesidades para ayudarlo y qué puede aportar cada uno de ellos para acompañarlo en su gestión.

Ese encuentro es quizás la oportunidad para comenzar a recuperar ese contrato social que tan destruido está en la provincia. Si los representantes no lo entienden, los ciudadanos se quedarán con los mensajes que dieron Macri y Jaldo y en Tucumán sólo regirá la ley de la selva.