El avasallamiento a la propiedad intelectual

El cumplimiento de las leyes, según nadie puede dudarlo, es un requisito básico en toda comunidad que se precie de civilizada. Como también lo es el hecho de que el Estado, usando de su poder, controle que tal cumplimiento se verifique en todo tiempo. Por eso mismo, llama enormemente la atención que no ocurra una ni otra cosa, en materia de la propiedad intelectual y artística. No es, ni mucho menos, la primera vez que esta columna lo hace notar. Pero es preciso reiterarlo periódicamente, por lo asombroso que resulta el mantenimiento de esa situación.

Como cualquiera que recorra el centro de la ciudad puede advertirlo, en las peatonales y en varias calles se venden grabaciones de películas y de música que son absolutamente piratas (“truchas”, como dice la lengua popular), ya que han sido obtenidos sin autorización de los propietarios de sus contenidos. Se trata de un acto delictivo, según lo establecen leyes bien sabidas. En realidad, estamos ante el expendio de mercadería robada: en Estados Unidos, constituye delito federal y el FBI se encarga de perseguir a los autores.

Mas o menos una vez por año, se realiza un procedimiento policial, ordenado por algún juez, donde esa mercadería queda secuestrada. Pero sucede que, al día siguiente -sí no a las pocas horas- los vendedores vuelven a instalarse en la vía pública con su oferta, como si nada hubiese sucedido. Esto revela que por detrás existe una industria lo suficientemente poderosa como para moverse con impunidad y continuar fabricando masivamente tales productos.

Por cierto que no puede menos que asombrar, al hombre de la calle, la deficiencia de esa acción judicial que, como se advierte, no parece capaz de detener este más que nutrido tráfico. Y causa estupor que normas legales de vieja data y suficientemente conocidas, se puedan vulnerar de una manera tan pública y tan descarada. En efecto, el expendio se realiza a la vista y paciencia de la Policía, que se limita a observarlo como algo normal. Y el público, por su lado, procede a comprar sin inconveniente alguno esos discos. Agregamos que la venta muchas veces encierra también una estafa: no es raro que, al colocar el disco en el aparato reproductor, no funcione debidamente, o sea de pésima calidad, sin que el comprador tenga posibilidad de reclamar, ya que carece de no comprobante.

Como lo hemos dicho en múltiples oportunidades, un cuadro de esta índole no puede ser aceptado en ninguna parte, incluyendo sin duda al centro comercial de San Miguel de Tucumán. Además, los vendedores invaden el espacio público, desplegando su mercadería sobre varios metros cuadrados de vereda, lo que obliga al peatón a dar rodeos. Muchas veces, la exhibición ilegal se complementa con la emisión de música a todo volumen, gracias a la electricidad robada tranquilamente de las farolas.

Desde todos los ángulos, se exalta entre nosotros la intención de mejorar y de modernizar el centro comercial de esta capital. Con ese propósito se han concretado inversiones muy significativas, como el embaldosado de las cuadras peatonales. Esto contrasta con la inacción oficial para hacer cumplir las leyes. Es una penosa indicación de la ninguna importancia que aquellas parecen tener, ya que –insistimos- se las viola en la vía pública y reiteradamente, con el tipo de comercio al que nos referimos.