De plomo y no de hierro

Corría 1902, y los vecinos de San Miguel de Tucumán gozaban, desde tres años atrás, de la maravilla del agua corriente. De pronto, se inició la pavimentación del casco, con las correspondientes excavaciones para adecuar las calles al nuevo nivel. Así, fue necesario remover la planta baja de los edificios y modificar las conexiones de agua, para darles la colocación debida. Estas conexiones eran generalmente de hierro.

El Departamento de Obras Públicas pidió a la Oficina Química dictaminar sobre “las condiciones de duración e higiénicas” de la cañería de hierro. El organismo, en un largo dictamen, expresó que era la que más había sufrido. “Su parte externa –decía- muestra una notable corrosión que hace muy posibles las filtraciones; y en su parte interna, la adherencia de sustancias minerales que, con el tiempo, podrían llegar a obstruir el caño”. Se consultó entonces al Consejo de Higiene que, después de consultar la opinión de Miguel Lillo, así como “los usos de la ciudades más adelantadas y la composición de nuestras aguas”, confirmó que debía sustituirse la cañería original.

El Ejecutivo, entonces, “convencido de que es buen principio de gobierno evitar los males antes que subsanarlos”, ordenó realizar el cambio mientras se hacía la pavimentación. Dispuso, además, que la modificación sería cobrada a los beneficiarios. No era posible otro criterio –argumentaba- sí se tenía en cuenta que las obras del agua costaban al erario alrededor de 2 millones de pesos. El asunto dio motivo a una interpelación al ministro de Gobierno, Neptalí Montenegro, mocionada por el doctor Miguel M. Padilla, quien proponía que se suspendieran las obras y el cobro. Pero no llegó a prosperar y se ejecutó sin más trámite el cambio dispuesto.