Una ola de jubilaciones alarma a los Tribunales

Los jueces ingresan a cuentagotas o muy esporádicamente y se están yendo en banda. Esta diferencia de velocidades es ostensible: en un año, 30 magistrados iniciaron los trámites para jubilarse, volumen sólo comparable a la crisis de vacantes que precedió a la fundación en 2009 del actual Consejo Asesor de la Magistratura (ver listado en esta edición). Por el contrario, en igual período, 2017, solamente asumieron 15 jueces, fiscales y defensores. Si bien la apertura de un expediente previsional no implica necesariamente que habrá vacantes en el corto plazo, la perspectiva agrava el número abultado de acefalías existente en el Poder Judicial, donde casi el 25% de los despachos carecen de titular. La coyuntura y el futuro cercano lucen todavía más sombríos para la Justicia de Paz, donde otros seis integrantes están próximos a dejar sus oficinas, si no lo hicieron ya: ello implica que un tercio de los puestos quedarán libres (se informa por separado).

En el Poder Judicial aprietan los dientes. “La situación es muy difícil: un motivo de preocupación constante”, dijo Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La falta de jueces complica todo, pero impacta con especial gravedad en el ámbito destinado a sancionar el delito, máxime frente al reto de implementar un nuevo Código Procesal Penal que prescinde de la escritura, e incorpora la oralidad y la publicidad a todo el trámite judicial. El jueves, Posse volvió a insistir en la necesidad de que el Gobierno cubra las vacantes para que las modificaciones funcionen. La implementación del código sancionado en 2016 debía tener lugar en septiembre, pero hubo una prórroga para abril, fecha que, según el presidente del alto tribunal, tampoco podrá ser cumplida.

La nómina de jueces que iniciaron los trámites jubilatorios en 2017 incluye a algunos que ya lograron pasar al sector pasivo con la consecuente producción de acefalías. Entre ellos están Liliana Vitar, ex vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción; Juana Prieto, ex fiscala de la Cámara en lo Penal N°3; Alfonso Zóttoli, ex vocal de la Sala I de la Cámara Penal, y María del Pilar Prieto, ex vocal de la Sala VI de la Cámara Penal fallecida durante el mes pasado. La lista completa comprende a 15 camaristas; 11 titulares de juzgados de primera instancia o de instrucción; 3 fiscales y un defensor oficial. El listado permite extraer tres conclusiones: 1) se resentirán los fueros en lo contencioso administrativo y -aún más- el penal (se informa por separado); 2) el mayor número de bajas corresponde a la capital, el centro judicial más grande de la provincia, y 3) aumentarán las dificultades para constituir los tribunales colegiados.

Retener el beneficio

En promedio y desde que comienzan las diligencias, el trámite para acceder a la jubilación suele prolongarse al menos un año, aunque en el pasado reciente hubo excepciones tanto en términos de celeridad como de dilación. También puede ocurrir que el futuro juez jubilado sólo pretenda ser precavido y reunir los papeles que exige la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para, en el momento oportuno, alejarse de los Tribunales. Uno de esos documentos es la aceptación de la renuncia en el Poder Ejecutivo, institución que, al igual que respecto de la designación, no dispone de un plazo legal para expedirse. Conseguir este decreto puede resultar un escollo: le sucedió a Salvador Ruiz, ex camarista en lo Contencioso Administrativo, que anunció que se jubilaba hace un año y, por la falta de respuesta del Gobierno de Juan Manzur, recién pudo concretar el apartamiento durante el tercer trimestre de 2017. En 2013, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió que la dimisión y la jubilación del magistrado son derechos humanos, y que, por ende, el Poder Ejecutivo no puede negárselos.

En la provincia la magistratura es vitalicia (los jueces sólo pueden ser echados por mal desempeño): no hay un límite de edad para la jubilación, a diferencia de la judicatura nacional y federal, que está sujeta al tope de 75 años previsto en la Constitución Nacional. Ello quiere decir que cada juez tucumano decide, a partir de los 60 años y siempre que acumule los aportes, la fecha de su retiro. En términos económicos, solía convenir permanecer en el despacho, pero el año pasado comenzaron a arreciar los pedidos para eliminar las jubilaciones de privilegio, en especial las de los jueces. En el Poder Judicial consideran que la posibilidad de perder el beneficio del 82% móvil puede haber influido en el incremento del número de magistrados dispuestos a jubilarse, pero también mencionan el agotamiento de un staff sometido desde finales de los 90 al aumento sostenido de la conflictividad. Otro factor para dejar “la trinchera judicial” sería la inminente aplicación de nuevas reglas procesales que transforman por completo la rutina de trabajo de los magistrados.

Los 30 con jubilación en trámite en 2017

Emma B. García, fiscala en lo Civil, Comercial y del Trabajo N°2 de la capital
Alicia Freidenberg, vocal de la Cám. Penal de la capital
Rodolfo Torres, juez del Trabajo N°2 de la capital
Graciela Valls, vocal de la Cámara de Familia y Sucesiones de la capital
Ana Antún, jueza de Cobros y Apremios N°1 de la capital
Horacio Castellanos, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo           
Alicia De Blasis, fiscal de la Cám. Penal de Concepción
Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal N°3 de la capital
Jesús Pellegri, vocal de la Cám. Penal de Concepción
Carlos Ibáñez, vocal de la Cám. en lo Civil y Comercial Común de la capital
Elda Aguilar, vocal de la Cámara en Documentos y Locaciones de Concepción
Juan Carlos Peral, juez de Documentos y Locaciones N°3 de la capital
Rodolfo Novillo, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la capital
Raquel Asís, vocal de la Cám. Penal de Concepción
María Poliche, vocal de la  C. del Trabajo de la capital
Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción en lo Penal N°4 de la capital
Hilda Graciela Vázquez, jueza en lo Civil y Comercial Común N°5 de la capital
Ana L. Manca, vocal de la Cámara en Documentos y Locaciones de la capital
Augusto Ávila, vocal de la Cám. en lo Civil y Comercial Común de la capital
Nilda Dalla Fontana, jueza en lo Civil y Comercial N°7 de la capital
Sylvia García Zavalía, jueza de Familia de la capital
Olga Yolanda Medina, jueza del Trabajo N°4 de la capital
Tito Raúl Moreno, juez en Documentos y Locaciones N°8 de la capital
César Augusto Picón, def. of. en lo Penal de la capital
María del Pilar Prieto, vocal de la Cámara Penal de la capital (falleció este año)
Juana Prieto, fiscala de Cámara en lo Penal N°3 de la capital
Víctor Manuel Rougés, juez correccional de la capital
Salvador Ruiz, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo
Liliana Vitar, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción
Alfonso Zóttoli, vocal de la Cámara Penal de la capital