Urge replantear el control de la pesca en la provincia

Hace pocos días, publicamos una extensa nota con reportajes, que planteaba el serio problema de la pesca ilegal en los ríos de Tucumán. En efecto, se ha denunciado la actividad de personas que están capturando peces con todo tipo de redes, lo que no está permitido. Asimismo, afirman que los “rederos” constituyen una suerte de patota amenazante, a la que nadie se atreve a hacerle reclamos. Operan además de modo intrépido, ya que no titubean en poner en peligro sus vidas en los ríos crecidos.

Los policías de la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos afirman que en el transcurso de enero secuestraron más de 180 metros de redes, en diferentes puntos de pesca de la provincia. Las zonas más castigadas por esta actividad son Los Britos, Los Gómez, San Antonio, Los Romanos, La Junta y Villa Chicligasta, así como la cola del dique El Frontal. En este último paraje, los furtivos ingresan al caer la tarde con sus redes, las colocan y las dejan hasta el día siguiente. Expresa la Dirección que su personal desarrolla operativos constantes contra los “rederos”, que cada vez son más abundantes, y solicitaron a la población que se los denuncie, en su oficina o en cualquiera de las comisarías de la provincia.

Hace notar también uno de los pescadores entrevistados, que las dificultades de movilización malogran, en los hechos, la tarea de control de la policía. Esto porque los “rederos” cuentan con lanchas, de las que carecen los uniformados, quienes tampoco poseen un vehículo para poder perseguirlos con eficacia. “Aquí se tiene que tomar una decisión política. Si no se lo hace, seguiremos igual”, expresó justificadamente un pescador a nuestro periodista.

Las fotografías que acompañan la nota son suficientemente ilustrativas. Allí aparece, capturada gracias a las redes, una enorme cantidad de sábalos y de dorados. También se ve la imagen de un pescador que exhibiendo orgulloso un dorado hembra de gran tamaño -obtenido gracias a la red que yace en el suelo- con el vientre colmado por las ovas que estaba a punto de lanzar en el río para que fueran fecundadas. Comentaba el pescador que haber extraído un ejemplar en esas condiciones, ha causado un enorme daño, ya que se impidió así el nacimiento de miles de dorados. En cuanto al destino de esta pesca, los entrevistados dicen que, según rumores, se la expende en fábricas de alimentos balanceados para animales que existen en la Banda del Río Salí y en Alderetes. O se la acopia para comercializarla “en dudosas condiciones” en Semana Santa o en la calle.

Todo lo apuntado está mostrando una indiscutible realidad. La Provincia no atiende como corresponde un rubro de significación muy importante dentro de su ecología, como es la riqueza de sus ríos. Se critica, por ejemplo, el hecho de que el poder de control haya salido años atrás de la Dirección de Recursos Naturales para pasar a la Policía. Esto hizo desaparecer, se afirma, a los “guardapescas” que habitaban junto a cada sitio pesquero y podían detener las infracciones. Se insiste en que no es suficiente el personal actual, ya que a su cargo están también otras tareas, como los casos de contaminación industrial, impedir la extracción de áridos o liberar los animales mantenidos en cautiverio, etcétera. La nota del 29 de enero constituye un fuerte toque de atención, relativo a un tema que, a lo que parece, no es tratado actualmente con los recursos que requiere la protección de nuestra fauna ictícola.