“La Corte quiere aplicar cuanto antes el nuevo proceso penal”

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán trabajará con intensidad para poner en marcha el Código Procesal Penal sancionado en 2016, según el presidente Daniel Posse. El titular del alto tribunal dijo ayer que iban a redoblar los esfuerzos para implementar la legislación que transparenta la actividad del fuero penal al eliminar el expediente de papel. “No podemos poner una fecha de inicio, pero sí decir que es inminente. Buscamos implementar el nuevo código cuanto antes, lo más rápidamente posible”, comentó Posse luego de la reunión que mantuvo con sus pares René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar.

La Legislatura asignó al alto tribunal la función de poner en vigor la regulación que procura atacar la mora endémica y la impunidad. En una entrevista publicada el domingo, el presidente había advertido que sería necesario postergar por segunda vez la implementación de las modificaciones debido a resistencias internas y otras demoras. Esta tesitura fue cuestionada por el legislador oficialista Marcelo Caponio, quien dirigió buena parte del trabajo de redacción del nuevo código, cometido en el que intervinieron jueces, letrados y especialistas, además de representantes de la mayoría y la minoría legislativa.

El número uno del Poder Judicial explicó este jueves que los vocales intercambiaron ideas para acelerar los tiempos, aunque sigue pareciendo de cumplimiento imposible la primera prórroga que estipuló la meta de abril. Y añadió que Gandur, Estofán y Sbdar se ocuparán de seguir las tareas pendientes en los centros judiciales de Concepción y Monteros, donde debutará el digesto elaborado tras seis años de debate. En esencia, los preparativos tienen que ver con movimientos de personal y readecuaciones edilicias: sucede que el nuevo código dispone que las diferencias que surjan durante el proceso sean dirimidas en audiencias y, para ello, hay que reacondicionar los espacios destinados al trámite escrito.

Pedido de proactividad

Posse, quien hoy viajará a Concepción para revisar el desarrollo de las tareas planificadas, confirmó que el alto tribunal dispondrá, en la medida de las posibilidades, la aplicación parcial de las reglas procesales penales. Al respecto existe un proyecto de acordada del vocal Gandur para avanzar con el capítulo de la prisión preventiva. Si la Corte da el visto bueno a esta iniciativa, los pedidos de privación de la libertad durante el proceso serán discutidos en audiencias públicas, con la presencia del imputado, que podrá formular su oposición al requerimiento del fiscal. Lo mismo sucederá respecto del trámite de la apelación de la prisión preventiva. En el presente, los jueces otorgan las prisiones preventivas a partir de la solicitud del fiscal y sin oír al acusado, que sólo le queda recurrir ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. En ese ámbito y desde septiembre, fecha original para la entrada en vigencia del nuevo código, el camarista Enrique Pedicone propugna la oralidad: según sus votos todavía minoritarios, la sustanciación actual de la prisión preventiva es inconstitucional.

“Hemos recibido llamados de apoyo y muestras de colaboración de la judicatura del sur, que tendrá en sus manos la primera experiencia del sistema”, dijo Posse. La semana pasada, el presidente de la Corte había acotado que algunos jueces y funcionarios se resistían a dejar de lado el modelo del expediente de papel, y que esto también era un escollo. “En la Justicia todos queremos que haya una aplicación apropiada del nuevo código. Es un cambio relevante y, para que funcione, necesitamos que la Legislatura sancione las leyes complementarias que faltan y que el Poder Ejecutivo sea proactivo en la cobertura de las vacantes”, expresó Posse.