Entre veedores, vacantes y juicios emblemáticos, la Justicia se adentra en un año crucial

La actividad judicial arrancó con un ritmo más acelerado que el habitual por el inicio inminente de la audiencia del caso “Lebbos”, un juicio oral con connotaciones institucionales intensas. En los Tribunales provinciales, además, se reactivó la llamada veeduría que impulsa el Gobierno Nacional y la ansiedad por la designación de los magistrados que prometió el Poder Ejecutivo de Juan Manzur. En la Justicia Federal crece la expectativa por la cobertura de vacantes estratégicas y por el resultado de la auditoría sobre causas de corrupción que practicó el Consejo de la Magistratura de la Nación. La agenda de 12 temas desarrollada en esta edición anticipa que 2018 será un año crítico para una Justicia cada vez más expuesta a los ojos de la comunidad.

04 Feb 2018

1. JUICIO ORAL DE “LEBBOS”

El martes comienza el juzgamiento del crimen cometido hace 12 años

Pasado mañana empieza uno de los juicios orales más sensibles de la historia local: el de los acusados de cometer delitos contra Paulina Lebbos. La audiencia está en manos de Carlos Caramuti (presidente), Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, jueces de la Sala III de la Cámara Penal. El acusado del homicidio es el electricista Roberto Luis Gómez. A él se suman cinco ex funcionarios de José Alperovich acusados de encubrimiento: Hugo Sánchez, ex jefe de la Polícia; Nicolás Barrera, ex subjefe; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad, y el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez.

2. VEEDORES

Los abogados de la Nación rinden el primer test: el acceso a 15 causas

La pretensión de la Casa Rosada de observar 33 procesos en trámite en la Justicia de Tucumán empezó por los 15 expedientes menos conflictivos (la mayoría de familia). Los veedores Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles ya se presentaron en este subconjunto de casos y, de a poco, comienzan a palpar el ánimo de los jueces que deben autorizar la compulsa. En paralelo, la semana pasada el ministro público Edmundo Jiménez exigió la notificación formal de la iniciativa al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, cuya cartera hasta el momento sólo se había dirigido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

3. CUATRO CARGOS CLAVE

Macri tiene dos ternas para la Justicia Federal y recibirá otro par

El Gobierno de Mauricio Macri podría cubrir cuatro cargos acéfalos en la Justicia Federal local: el Juzgado y la Fiscalía N°3, y dos vocalías en la Cámara de Apelaciones. El terceto para el Juzgado N°3 está integrado por Edgardo López Herrera, René Padilla y José Manuel Díaz Vélez (María Carolina Ballesteros quedó en la lista complementaria). Agustín Chit, Valentina García Salemi y María Victoria Duffy compiten por la Fiscalía N°3. La conformación de las propuestas para las dos vocalías de Cámara depende del resultado de las entrevistas con los postulantes. El Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) luego tiene que aprobar las dos ternas y de remitirlas a la Casa Rosada.

4. NUEVO PROCESO PENAL

Habrá una segunda prórroga para la aplicación de la reforma de 2016

El nuevo Código Procesal Penal de Tucumán fue aprobado en 2016 después de una discusión que se remonta a 2012, a partir de un plan piloto de la Corte Suprema de Justicia provincial que terminó abortado. El digesto actualizado debía entrar en vigor el 1 de septiembre, pero en agosto la Corte y la Legislatura acordaron una prórroga. Las autoridades, con el oficialista Julio Silman a la cabeza, dispusieron que comenzara a ser aplicado el 1 de abril en Concepción y Monteros, pero Daniel Posse, titular del alto tribunal, anunció que ello no sucederá (ver pág. 8). Entre otros motivos, las modificaciones demandan una infraestructura que aún no está disponible.

5. MINISTERIOS PÚBLICOS

El gobierno provincial debe nombrar al jefe de los defensores

El Gobierno de Juan Manzur aún no designó al primer ministro público de la Defensa de Tucumán (requiere el acuerdo de la Legislatura). Por esa razón, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez sigue siendo jefe de los defensores, además de los fiscales. La división del Ministerio Público fue materializada a comienzos de 2017 invocando las necesidades del nuevo Código Procesal Penal (ver tema 4). La oposición cuestionó la separación de funciones. En simultáneo, Jiménez asumió el manejo del personal y de los fondos de los ministerios, y contrajo dos promesas pendientes: la publicación de todas sus resoluciones y la creación de una Fiscalía Anticorrupción.

6. GASTOS SOCIALES

Cinco causas relativas a las valijas legislativas siguen en carrera

El misterio de las valijas de la Legislatura cargadas con pesos para gastos sociales discrecionales “hermana” a las justicias provincial y federal. En ambas hay procesos abiertos hace casi dos años: todos están virtualmente detenidos por cuestiones formales y enredos procesales. Este año sería decisivo para el futuro de esas cinco pesquisas sensibles para el poder. Cuatro expedientes son tramitados en los Tribunales locales: la causa penal “López” (Fiscalía N°2), y los juicios “Brodersen”, “Aráoz” y “Villagra Delgado”(Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). El quinto proceso (“López” bis) está en manos del juez federal N°1, Daniel Bejas.

7. JUECES SUBROGANTES

Los magistrados sustitutos elegidos por el Gobierno esperan su debut

A instancias del oficialismo, la Legislatura que preside Osvaldo Jaldo cambió el método de selección de los magistrados subrogantes. La nueva ley dispone que los sustitutos provisorios serán elegidos por el Poder Ejecutivo a partir de las listas de postulantes que confeccione el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en función de los resultados de los concursos públicos de antecedentes y de oposición. Estos magistrados precarios tendrán un nombramiento acotado en el tiempo y serán remunerados como si fuesen titulares de los cargos. Esa norma aún no ha sido aplicada porque, si bien está publicada, carece de reglamentación. Pero su uso sería inminente.

8. ACEFALÍAS

Manzur se comprometió a nombrar jueces ordinarios y de paz

Cada vez hay menos funcionarios en condiciones de impartir justicia. 2017 cerró con nueve ternas de la Justicia ordinaria y con 17 cargos vacantes de la Justicia de Paz (uno de cada cuatro existentes) a la espera de una definición del gobernador Juan Manzur. La situación es dramática, según lo manifestaron dos vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse y Antonio Estofán, y empeorará por los numerosos jueces que ya iniciaron los trámites para jubilarse. En diciembre, el gobernador admitió que había demoras en las designaciones y prometió: “vamos a nombrar durante los primeros meses de 2018. Asumo el compromiso”.

9. RENDICIÓN DE CUENTAS

Un ex fiscal, un ex director y un intendente, cerca de ir a juicio

Un ex fiscal provincial, Carlos Albaca, se sentaría por primera vez en el banco de los acusados durante este año. La Sala I de la Cámara Penal tiene pendiente fijar la fecha de inicio del juicio por su desempeño en la pesquisa del crimen de Paulina Lebbos (ver tema 1). En paralelo, Miguel Brito, ex director de Arquitectura y Urbanismo, rendirá cuentas de su gestión ante la Sala VI de la Cámara Penal a partir del 16 de abril a las 9. Además, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción debe revisar la elevación a juicio de la investigación del supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al intendente de Tafí de Valle, Jorge Yapura Astorga, a familiares y a colaboradores.

10. CORRUPCIÓN

Se aguardan los resultados de una auditoría sobre causas sensibles

En 2016, el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) puso en marcha una auditoría sin precedentes de las causas de corrupción abiertas en las sedes de la Justicia Federal del país desde 1996. Ese estudio determinó que había 900 denuncias de ese tipo de delitos en el interior. El Consejo tiene pendiente procesar y detallar la información recolectada. En Tucumán, el control alcanza a los jueces de primera instancia, Daniel Bejas (N°1) y Fernando Luis Poviña (N°2); a los camaristas Ernesto Wayar, Ricardo Sanjuán y Marina Cossio, y a los vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal: Gabriel Casas, Alicia Noli y Carlos Enrique Jiménez Montilla.

11. CRISIS PENITENCIARIA

Proseguirá la demanda de mayores y mejores condiciones de detención

El Poder Judicial ya no tiene dónde alojar presos y las cárceles existentes funcionan al límite, con serias deficiencias de control. La entidad de la crisis penitenciaria consta en la sentencia de 2016 que emitió la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a partir del hábeas corpus interpuesto por dos fiscales. Pese a la gravedad de esa resolución, los avances han sido escuetos en el Poder Ejecutivo. La situación se agravó en diciembre, con el homicidio del preso Sebastián Medina en Villa Urquiza. Por este hecho, el alto tribunal abrió una investigación administrativa interna en el Juzgado de Ejecución Penal de la capital que dirige el juez Roberto Guyot.

12. TRANSPARENCIA

El registro de funcionarios públicos imputados lleva dos años paralizado

A comienzos de 2016, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán creó el Registro de Funcionarios Públicos (de los tres poderes) Imputados en Delitos contra la Administración Pública. El entonces presidente del alto tribunal, Antonio Gandur, empezó a armar la base pero ningún dato llegó a ser publicado. En abril de 2016, la Secretaría de Superintendencia de la Corte anunció que el Registro “estaba en vías de reglamentación”. No hubo variaciones desde ese momento. En una entrevista del viernes (ver pág. 8), Daniel Posse, jefe del Poder Judicial provincial, se comprometió a poner en funcionamiento esta política de transparencia.

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