Cartas de lectores

02 Feb 2018

Parientes de funcionarios

Si nuestro Presidente ama y respeta a su país debe reencauzar todo lo que haga en la transparencia y en lo moral, en la capacidad y en los resultados. El hecho de apartar a los parientes directos de funcionarios que ocupan cargos debe extenderse a todos aquellos que de alguna manera estén emparentados a los que los rodean. Es un imperativo necesario. El ministro Triaca fue plenamente consciente de que en su casa tenía una empleada “en negro” (por un tiempo... pero la tuvo). No merece que diga “me equivoqué” y que eso sea suficiente como para no apartarlo del cargo que ocupa. El perdón llega demasiado tarde y no es suficiente; él debe asumir su responsabilidad y presentaar su renuncia indeclinable... es lo que le corresponde a un hombre de principios. La autoridad moral debe ser el ejemplo de las buenas personas y de los mejores funcionarios. Con respecto a congelar lo que gana funcionario, creo que éstos deben ser ejemplos de un hacer intachable y no deben ganar por mes más del resultado de 12 salarios mínimos. Si millones de argentinos pueden, ¿por qué ellos no?

Héctor Leonardo Bravo

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Bocinazos y síndrome de ámok

Leo en la ley Nacional de Tránsito 24.449, en su art. 48, sobre prohibiciones en la vía pública. En su inc.v): Prohibido usar la bocina o señales acústicas salvo en casos de peligro o en zonas rurales…. En nuestro medio, al parecer, cuatro o cinco de cada diez conductores de vehículos, autos, ómnibus o motocicletas, en aparente estado de un trastorno explosivo intermitente (o tal vez permanente), ante cualquier circunstancia que altere su propia y egoísta conducta, atacan, sí, atacan a bocinazos e improperios, en una expresión extrema de enojo, rabia incontrolada y desproporcionada respecto a la circunstancia que se supone lo provoca. Es decir, simplemente salen a pelear con una predisposición impulsiva a la violencia, con un Síndrome de Ámok a cuestas, un ataque casi homicida ligado a la cultura del lugar, una súbita y espontánea rabia salvaje con la intención de atacar o herir. Los ejemplos son múltiples: si Ud. se demoró un milisegundo en avanzar cuando tiene luz amarilla -¡ni hablar si ya está verde el semáforo!-, el energúmeno que está detrás suyo lo atronará a bocinazos, luego lo ultrapasará (por la derecha por supuesto) y desde allí explotará su conducta psicótica con insultos y recuerdos poco gratos a su madre. Pero esto es sólo una muestra de la violencia que actualmente tiñe todos los comportamientos, sobre todo cuando hay anonimatos y cobardía, que se unen para que afloren resentimientos patológicos, patologías mentales, fanatismos, intolerancias e incapacidad para reflexionar civilizadamente, cuando se ha perdido la capacidad moral del respeto, la empatía y ademas la compasión. ¿Producto de la corrupción generalizada? Tal vez.

Federico Vázquez

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Ciudades Inteligentes

Leí con interés la nota sobre las “Smart Cities” publicada en la Revista Nueva del domingo último, la cual desborda optimismo respecto del futuro de las grandes urbes. Debo confesar que su lectura me permitió entregarme a fantasear con la esperanza de que dentro de unos 100 años los habitantes de San Miguel de Tucumán podríamos vivir sin respirar el nauseabundo olor que por las tardes se apodera de la ciudad, y alentar la esperanza de que en ese entonces no tendremos que seguir soportando los desagradables olores de los numerosos derrames cloacales vertidos en las calles. Tampoco tendríamos la necesidad de caminar mirando el suelo para evitar tropezar con veredas rotas. Dentro de mis fantasías, pude avizorar hermosas autopistas y pasos a desnivel en los ingresos a la ciudad que nos evitaran la vergüenza que significa desconcertar a los turistas, quienes, con inusitado e inocente coraje, deciden visitar nuestra provincia, pero al llegar se encuentran mareados por la falta de indicadores en los accesos. Cuando terminé de leer la nota, sacudí la cabeza para volver a la realidad factual. Fue entonces que tomé conciencia de que para lograr todo eso se requiere de gobiernos muy inteligentes, capacitados y bien intencionados. Ante semejante utopía, mi estado de ánimo volvió al deprimente escepticismo de todos los días.

Humberto Hugo D’Andrea

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Becas y Anses

Según el decreto 90/2018, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, se crea el programa Becas Progresar, que estará bajo la órbita del Ministerio de Educación, con un presupuesto de 10.000 millones de pesos, que será financiado con la plata de los jubilados, a través de Anses, según el artículo 10 del mismo. Otra exacción de fondos que se debería destinar al aumento de los haberes de los jubilados. En este país con educación gratuita el que quiere estudiar lo hace sin necesidad de que le paguen por hacerlo. Otra medida de marketing del Presidente para tratar de levantar su imagen.

Jorge Miguel Wolter

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Instituto de vivienda

Hace más de un mes que procuro saber quién es el Interventor del Ipvdu, ya que sigue figurando como tal el fallecido Gustavo Durán; actualmente estoy en trámite de escriturar mi vivienda; en agosto del 2017 presenté los requisitos necesarios para que me otorgaran un libre deuda, que debe ser firmado por la autoridad de esa institución. ¿Es que todavía no nombraron un reemplazante? Si no es así, le pido a la subinterventora, Noemí Ferrioli, que por favor firme dicho libre deuda, ya que hace más de seis meses vengo esperando. Mi N° de expediente es: 6899/440-2017.

María Graciela Herrera


B° Vial II Manz. I Casa 10, 
Villa Carmela

Ambulancias sin uso

Quiero contar dos experiencias ocurridas en San Pablo. El 20/1 se acercó a mi domicilio, cercano al hospital San Pablo, una mujer relativamente joven, cargando un bebé de poco menos de dos años que tenía una herida cortante en la frente y que necesitaba una sutura. El médico de guardia le dijo que el hilo que tenían era muy grueso y que le dejaría una marca muy notable, por lo que le sugirió buscar un medio para trasladarlo al Hospital de Niños. La mujer le pidió una ambulancia, pero el médico le contestó que no había disponible. A la semana siguiente, el 27/1, un albañil de 61 años domiciliado en el barrio Tula de El Manantial sufrió algo similar y debió trasladarse por su cuenta al centro Ramón Carrillo de Yerba Buena, donde fue recibido con prontitud. Es necesario hacer conocer que del lado este del hospital de San Pablo en esos momentos había dos ambulancias estacionadas, patentes EXC 386 y NRB 515, transferidas al Siprosa por el actual comisionado rural, quien al parecer no tenía presupuesto para el mantenimiento de estas unidades. En ningún momento se les hizo conocer a los pacientes la existencia de un libro de quejas, para volcar el descontento, y para que se tomen las medidas correctoras del caso.

Carlos Alberto Drube


Avenida San Martín 51, 
San Pablo

Uso de fondos para la SAT

Si bien ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, es seguro que no es de público conocimiento de la gente común que el gobernador Manzur está realizando aportes mediante decretos a la SAT Sapem, cuyos fondos son destinados a sus actividades. Con sustento en la Ley Nº 9.062 que complacientemente votó hace poco la mayoría oficialista de la Legislatura, mediante los decretos Nº 4369/2017 y Nº 63/2018 emitidos este mes, se ha dispuesto hacer entrega a la SAT de dineros públicos por valor de $ 45 millones, y a esto seguramente le seguirán a lo largo del corriente año otras entregas similares. Los aportes son “no reintegrables” y por eso son gratuitos para la empresa privada SAT, que hoy presta de manera muy irregular el servicio de agua y cloacas en Tucumán. Lo grave de esto es que se emplean recursos provenientes de los impuestos cobrados al pueblo y que su utilización no está sujeta al control de ningún organismo oficial, como podría ser el Tribunal de Cuentas. No es confiable ni aceptable lo que está ocurriendo, ya que financiadores, ejecutores y controladores son los mismos, pues el Gobierno entrega fondos a una empresa comercial cuyas acciones son en su casi totalidad propiedad del Gobierno provincial y el control institucional del servicio está a cargo del Ersept, cuyo directorio fue habilitado por decreto del mismo Poder Ejecutivo provincial. Así se ha creado un mecanismo perverso de impunidad, en el cual actúan funcionarios y directivos, todos elegidos por el Gobierno provincial para que, recibiendo fondos públicos, la SAT Sapem preste el servicio sanitario bajo el control o supervisión de gente “del mismo palo” (Ersept), lo que ha dado como resultado una deficiente gestión que es cuestionada por la inmensa mayoría de los usuarios. Ni los políticos, ni las organizaciones de defensa de los consumidores, ni en la Legislatura, nadie se atreve a “tomar el toro por las astas” para que se investigue seriamente y se ponga fin a esta lamentable situación de manejo discrecional.

Raúl Santiago J. Giménez Lascano

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