En Tucumán, la Nación relevó 14 comunidades indígenas

En Tucumán, la Nación relevó 14 comunidades indígenas

La provincia cuenta con 17 grupos ancestrales formalmente constituidos, precisó el titular del Inadi; el conflicto por las tierras está latente.

28 Enero 2018

Tucumán es una de las provincias con mayor cantidad de relevamientos a comunidades indígenas realizados. Así lo graficó el delegado local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Ramiro Granado.

La Ley N° 26.160, aprobada hace más de una década, ordenó un relevamiento de las tierras que ocupan los pueblos originarios en todo el país. Aunque la norma no incluye la entrega de títulos, supone un avance para que se identifiquen los territorios y se pueda avanzar con la formalización de su propiedad. Según un informe de Chequeado, el Estado argentino identificó 1.604 comunidades indígenas, ubicadas principalmente en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Misiones. En relación a los reclamos territoriales de los pueblos originarios, la norma -prorrogada en noviembre último por tercera vez-, declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la ejecución de desalojos en estas tierras. Además, determina que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del Ministerio de Justicia, debe realizar un relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, para conocer su extensión y sus límites. Sin embargo, según el trabajo de Chequeado, poco más de la mitad de las comunidades identificadas en todo el país fueron relevadas o su relevamiento está en trámite (52%).

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En el caso de Tucumán, según precisó Granado a LA GACETA, hay 17 comunidades indígenas constituidas formalmente, divididas en dos: el pueblo Diaguita y el pueblo Lules. De esas, 16 representan al pueblo Diaguita y sólo una al Lules (el Nogalito). “De las 17 comunidades fueron relevadas 14. Es decir, Tucumán es una de las provincias con mayor cantidad de relevamientos realizados”, se jactó. Detalló que están bajo relevamiento otras dos y que la restante presenta un inconveniente interno entre dos grupos, que se adjudican la personería.

Granado no dudó en aseverar que la tenencia de las tierras es el principal problema que enfrentan las comunidades indígenas. “Es el tema más delicado. En Amaicha del Valle hay una cédula real otorgada con anterioridad al Estado nacional y no hay ningún conflicto porque son tierras comunitarias. Pero sí hay otros lugares en los que pujan las personas que cuentan con títulos de propiedad y las comunidades que aducen la posesión ancestral de la tierra. Es un conflicto aún latente, por eso se prorrogó la ley que prohíbe los desalojos en las comunidades”, ejemplificó el titular del Inadi.

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La ONG Amnistía Internacional -que cuenta con un relevamiento nacional de conflictos relacionados con pueblos originarios- advirtió que la ley “no reconoce ni avanza en la titulación de tierras”. En el caso de Tucumán, detalla que el principal inconveniente que enfrentan las comunidades indígenas es la violencia. Incluso, por encima de los desalojos y de los títulos de propiedad.

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