La Nación ajusta, las provincias sufren

16 Ene 2018

“Podemos ir a un estadio, a una sala muy linda o a locaciones más precarias. A veces bailamos para un público que no sólo nunca vio danza sino que jamás fue al teatro. Y eso hace que el contacto sea muy fresco, muy afectivo. El objetivo es estar presentes en todos lados para que no sean tan grandes las diferencias entre el programa de la danza en Buenos Aires y lo que se ofrece en las provincias”.

Las palabras pertenecen al director de la compañía clásica Danza por la Inclusión, Iñaki Urlezaga, publicadas en LA GACETA el 28 de junio de 2016, cuando vino a Tucumán para presentar un espectáculo en el Mercedes Sosa (dos funciones con localidades agotadas), dar clases abiertas a todo público y evaluar bailarines para incorporar al elenco nacional. Todo gratis.

Una tucumana sorteó todas las pruebas y logró integrar ese ballet desde su inicio, en enero de 2014: se trata de Flavia Marcantonio (ex integrante del Ballet Estable de Tucumán). Sus deseos e ilusiones de crecer, aprender y foguearse se desvanecieron en el aire la semana pasada. El Ministerio de Cultura de la Nación decidió desactivar Danza por la Inclusión, un programa que le llegaba de su par de Desarrollo Social, con afectación presupuestaria. La justificación de la medida de sacarle el financiamiento anual de $ 30 millones se basó “en el marco de las actuales políticas de austeridad”, un paraguas bajo el cual se puede resguardar casi de todo. El problema es que los que se quedan afuera sufren las inclemencias del mal tiempo, terminan mojados y se pueden enfermar. Pero el objetivo supremo de hacer caja y preservar las cuentas no se toca.

Entre los que ahora están con las ropas húmedas figuran 60 bailarines y técnicos de todo el país (incluyendo a Marcantonio), porque el ballet era realmente federal desde la idea de Urlezaga de recorrer la Argentina para convocar a artistas que difícilmente hubiesen sido conocidos. Su expectativa era que se transforme en el nonato Ballet Nacional, creado por la ley 23.329, sancionada y promulgada en junio de 1986, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Ese cuerpo iba a tener dos ramas, ambas con elenco estable: la folclórica que está en funcionamiento, y la clásica y contemporánea, nunca ejecutada.

El director echado no tendrá dificultades laborales a futuro: le lloverán las ofertas, mientras que sus hasta ahora dirigidos no compartirán esa suerte. Ni la tecnología los ayuda, ya que trascendió que se enteraron de la eliminación del grupo por mensajes de WhatsApp. Por Internet están tratando de conseguir que se revierta la medida: han abierto una página en la plataforma www.change.org (se accede desde esa página al link “¡No al cierre del Ballet Nacional!!!”) para reunir 50.000 firmas; hasta anoche llevaban más de 38.000 apoyos en menos de una semana. La compañía subsidiada por el Estado ofrecía funciones sin costo en todas las provincias y llenaba los teatros. Su abandono ya había comenzado el año pasado, con seis meses de retraso en el pago de sueldos y sin programación. Los tucumanos la disfrutaron y no volverán a hacerlo. Pero lo más preocupante es que se le cierra una ventana entornada para quienes se esfuerzan en la danza en academias locales y aspiraban a más.

Esas son las consideraciones (globales e individuales) que los ajustadores nunca tienen en cuenta a la hora de sacar la tijera. Se reedita la afirmación de que la cultura no es un gasto, sino una inversión. Y si de ahorro se quiere hablar, hay otras posibilidades de mejorar las cuentas. Por ejemplo, no gastando inútilmente.

El arte no tiene fronteras, como afirma el viejo dicho, pero el conocimiento de la realidad social y política interna de un país sí. Una de las mayores inversiones que se realiza en el Estado en términos de gasto directo, con pocas posibilidades de recupero, es la formación de funcionarios de rango intermedio que terminan dejando el cargo. Claro está que cada Gobierno tiene la legitimidad de nombrar un equipo de gestión que responda a sus proyectos, y que para no engrosar la planta de personal hay que generar vacantes, pero cuando el asunto es darle continuidad a un programa que viene de antes y se promete que seguirá sin cambios, es difícil sostener un despido.

Es el caso que se dio en diciembre, cuando fue despedido el director nacional del programa de orquestas infantiles y juveniles, Eduardo Tacconi, y se nombró en su reemplazo a la madrileña Pilar Aparicio. No trascendieron públicamente antecedentes de la ciudadana española y productora musical en esta materia específica en América Latina, a diferencia de su antecesor. El recambio del mes pasado fue cuestionado por formaciones de todo el país, incluyendo la tucumana Rolando Chivo Valladares.

Hay más problemas nacionales que repercuten en Tucumán, como la deuda millonaria que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) mantenía hasta los últimos días del año pasado con la Dirección de Medios Audiovisuales del Ente de Cultura. A ello se suma el conflicto con los distribuidores de películas, que bloquea el funcionamiento de las salas digitales de San Martón 251. Un caso paradigmático de este choque fue el filme argentino “Yo soy así, Tita de Buenos Aires”: mientras el Incaa autorizaba que se lo proyecte, los distribuidores lo prohibían. El pedido es que se permita a cada sala acordar directamente con los responsables de los derechos de exhibición; hasta tanto, no habrá funciones, lo que implica un espacio menos para acceder a las producciones nacionales.

Tampoco están las aguas calmas con el Instituto Nacional de Teatro (INT). Los teatristas tucumanos se quejan de la demora en que lleguen los subsidios comprometidos por los festivales internacionales realizados el año pasado. En esos casos, los elencos participantes ya cobraron el cachet comprometido y se pagaron traslados, hospedajes y comidas del bolsillo de los organizadores. Cuando se recupere el dinero, será sin actualización en un país donde la inflación fue del 24.9% en 2017. En el mundo al revés, los artistas financian al Estado.

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