La Nación pide a las provincias la adhesión al consenso fiscal

BUENOS AIRES.- De los 23 distritos que firmaron el Consenso Fiscal con la Nación (San Luis fue la única provincia que lo rechazó), son 14 los que ya aprobaron el pacto en sus legislaturas locales, un paso imprescindible para que entre en vigencia, mientras nueve provincias aún están en deuda.

El viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, calificó de “histórico” el acuerdo y dijo que el Gobierno espera que entre febrero y marzo los parlamentos provinciales terminen de aprobarlo. El próximo debate se dará en la Patagonia. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, confirmó que convocará a sesión extraordinaria (el 9) para tratar un temario que incluye el pacto fiscal, después de fracasar en un intento previo para sesionar el 26 de diciembre.

Sin embargo el oficialismo de Chubut cuenta con ocho votos propios de los 27 que tiene en total el Poder Legislativo y necesita 14, para lo cual deberá buscar acuerdos con el resto de las bancadas. Los 10 miembros del Frente para la Victoria ya adelantaron su rechazo. También faltan adherir las Legislaturas de Santa Fe, San Juan y Mendoza -donde está previsto abordarlo en sesiones extraordinarias en febrero- junto a La Pampa y La Rioja, que estiman debatirlo en marzo. Además está pendiente su aprobación en Corrientes, donde se estima que ingresará al cuerpo legislativo en los próximos días, y lo mismo pasaría -entre febrero y marzo- en Jujuy, Santiago del Estero y San Juan, donde hasta ahora no hubo novedades. Las demás provincias ya lo suscribieron, con la salvedad de San Luis. La Legislatura de Tucumán ratificó el convenio en su última sesión, el 14 de diciembre del año pasado.

Una vez cumplido este paso, se pondría en marcha el Acuerdo para el Nuevo Federalismo, firmado por el presidente Mauricio Macri con 23 gobernadores el 16 de noviembre, en busca de equilibrar las cuentas públicas y bajar la presión tributaria sobre la actividad económica en las provincias. “Ni siquiera desde la reforma constitucional del 94 había un acuerdo que involucrara temas presupuestarios y reformas de importancia logradas en un consenso con los gobernadores”, resaltó García de Luca.

“Valoro el gesto político de ponernos de acuerdo en temas tan sensibles y complejos. Los mismos gobernadores han tomado la defensa de lo que cada uno había firmado”, amplió.

El eje del Pacto Fiscal, explicó, es la nueva ley de responsabilidad fiscal, “que tiene que ver con que cada provincia gaste en la medida de lo que ingresa, que se pondrá en práctica en forma gradual hacia el 2019 en todos los gobiernos”. “Otro punto de relevancia es ordenar las cuentas pero además ir bajando impuestos porque la presión impositiva hace que sean muy difícil competir a nuestros productos con los extranjeros”, dijo.

“En ese camino se planteó un tope, uniforme en todo el país, en el impuesto de Ingresos Brutos, ya que es muy distorsivo y atenta justamente contra la creación de empleo”, puntualizó. (Télam)