Lo nuevo, lo malo y lo feo para el Ministerio de Seguridad

16 Dic 2017
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“Parece que todo el mundo decidió delinquir”, sentenciaba el 30 de enero pasado el comisario Teófilo Rodríguez, entonces jefe de la Unidad Regional Capital, con lo que graficaba la sensación de los policías frente a una realidad que pintaba nefasta: no sólo se habían registrado 11 asesinatos en ese primer mes del año, sino que los mismos uniformados estaban impactados: “los ladrones de motos se mueven en banda por toda la ciudad. Actúan como pirañas al voleo y van mutando las zonas”, decía uno de los entonces jefes de Sustracción de Automotores, Marcelo Beltrán. Mientras tanto, el entonces secretario de Seguridad, Paul Hofer, decía que “el principal flagelo que tiene Tucumán es el motoarrebato” y al mismo tiempo afirmaba que -de acuerdo a las cifras sobre conflictividad violenta aportadas por la Corte Suprema, en referencia al año 2015, “se habían reducido en un 30% los homicidios en ocasión de robo”.

Elementos agravantes

Desde entonces no hubo ni siquiera estimaciones sobre la terrible realidad del motoarrebato (excepto las noticias que daban cuenta de asaltos de motochorros y de las consecuencias tremendas de esta plaga. Para fines de noviembre, se calculaba que 15 personas habían fallecido a manos de asaltantes y que 17 delincuentes habían sido abatidos por “justicieros” (ocho) y por agentes de las fuerzas de seguridad (nueve).

En cuanto a las cifras de homicidios, el Gobierno ha sido cauto: a dos semanas de que termine el año, ya en las publicaciones de LA GACETA se está viendo que Tucumán tendrá arriba de 130 asesinatos. Y lo que se ha conocido sólo de este mes de diciembre da cuenta no sólo del clima de conflictividad violenta sino de la incidencia de elementos agravantes: el alcohol, la venta de drogas y la circulación irrefrenable de armas. Hubo un crimen en “La Bombilla” (Mario Díaz, baleado por supuestos policías que buscaban, al parecer, dinero de venta de drogas); otro en barrio Manantial Sur (Flavio Juárez, baleado por motociclistas que habrían sido enviados por un transa del barrio). En Graneros, durante los festejos por el día de la Virgen, murió baleado en la plaza de esa localidad el adolescente Franco Arreguez tras una pelea con conocidos de otra familia. En ese festejo hubo mucho alcohol. Esa misma noche se hacía un gigantesco operativo en Alderetes en el que se detuvo a 50 personas por contravenciones; la mayoría por ingerir alcohol en la vía pública. Lamentablemente, en la plaza de Graneros no hubo operativo esa madrugada. Otro ataque mortal sucedió en El Colmenar: César Molina fue baleado por un conocido en una discusión. El quinto asesinato ocurrido en lo que va del mes causó conmoción en la sociedad: el de Noemí Juárez, estrangulada y quemada (aparentemente por su propia madre y por el concubino de esta) en un asentamiento en San Cayetano

Se trata de un panorama de la violencia anclada, mayormente, en la periferia, que ya tendría que estar siendo estudiada con los elementos más a mano, que son las precarias estadísticas policiales y los atrasados informes de homicidios de la Corte Suprema: se realizan desde 2013 y por lo tanto ya se podrían establecer datos de ocurrencia, tendencia, uso de armas de fuego, violencia doméstica, violencia intravecinal, zonas inseguras, violencia callejera, etcétera, más allá de la intuición policial y de la eficacia de los operativos. En febrero, el comisario Teófilo Rodríguez decía que frente a los motoarrebatadores (que los superaban porque “parece que todo el mundo salió a delinquir”) su táctica era hacer operativos a toda hora , “que dan bastante resultado”. Sería bueno conocer cifras comparativas de febrero a esta parte. ¿O sólo se trataba de intuición policial?

Encuentro con vecinos

Este fenómeno les toca enfrentar al nuevo ministro de Seguridad, Claudio Maley, a su secretario de Seguridad, Miguel Gómez, y a su nueva cúpula policial. ¿Qué estrategias hay para enfrentarlo? Hasta ahora se ha dado a conocer el operativo “Felices Fiestas”, que lanzó 1.470 policías a recorrer las calles. Se trata de una medida que todos los años hace la Policía (no se mide su efectividad, excepto que a los comisarios les parece efectivo, como dijo Rodríguez en febrero), y que estimula la presencia de los agentes de calle, a pie o en bicicletas, y de los motoristas. También se sabe que hay policías que han entrado a la Costanera a hablar con los vecinos, en lo que sería un primer cambio en el abordaje de la problemática de los barrios conflictivos: siempre los agentes han entrado como fuerza de ocupación o en operativos, nunca vinculándose con el vecindario.

Poca plata

Esto es por ahora el plan de Seguridad. No está claro qué medidas se tomarán ni cuánta plata habrá para hacer andar la maquinaria. La Legislatura acaba de aprobar la ley de financiamiento de la provincia para 2018. Se establecen $ 4.400 millones (sobre un presupuesto de $ 67.500 millones) que significan un porcentaje del 6,30 por ciento, con un aumento levísimo con respecto al año pasado (6,26 por ciento). Según el legislador opositor José María Canelada,el porcentaje es muy inferior al de Salta, Catamarca, Jujuy o Buenos Aires. Sostiene que no se entiende la falta de previsión, siendo que nos encontramos bajo un esquema de emergencia en seguridad. Hay que recordar que el ministro Regino Amado, que se ocupó del área de seguridad hasta la llegada de Maley, ha dado a entender que apenas les alcanzó para pagar sueldos y mantenimiento, y que los cambios de infraestructura y las mejoras en equipamiento dependían de la buena voluntad de la Nación. La emergencia apenas si sirvió para que se construya un pabellón para 200 internos en la cárcel. No sirvió para estudiar qué pasa en el presidio, envuelto en un infierno de denuncias de que los guardiacárceles son los que manejan la venta de drogas carcelaria. Es decir que Maley y Gómez tendrán que apechugar con la falta de plata y ver qué hacer con la estructura policial modelada a fuego con una ley orgánica vetusta (de la dictadura), un sistema anticuado de oficiales y suboficiales que impide que los agentes de calle, que son los más necesarios, tengan criterio y autonomía; un esquema de enseñanza cuestionado (hay dos denuncias por malos tratos en la Escuela de Policía que se investigan con alta morosidad); sospechas de corrupción; y agentes habituados a obtener dinero extra con los servicios adicionales. En la Plata acaban de echar a 20 policías por una millonaria estafa con las horas adicionales. Acá nadie sabe cómo opera este sistema sin control del Tribunal de Cuentas y que la Jefatura considera “caja chica” para compras de urgencia. Pero se hace en la total oscuridad.

Este y otros hábitos operativos hacen a la tarea policial e influyen en los resultados de la política en una provincia que tiene 8.400 policías, más esos mismos agentes trabajando en adicionales en sus días de descanso; más vigías civiles en algunas municipalidades; más agencias de seguridad privada; más sistemas de alertas vecinales (algunos ya no andan) más oficinas de seguridad municipales. Mucha burocracia como para que no se tengan resultados positivos.

Funcionarios protegidos

Finalmente, queda el tema de las custodias. El caso del agente transitorio Franco Navarro Martínez, baleado anteayer por dos motochorros en una pierna en Cristóstomo Álvarez al 2.100, plantea varias preguntas. ¿Por qué estaba solo en tareas de calle un agente que aún no tiene preparación ni arma? Pertenece a la Guardia Urbana: ¿es su tarea hacer custodias? El secretario Gómez aclaró que debía recorrer la cuadra, independientemente del hecho de que ahí vive el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer. Pero en el acta de denuncia del ataque, el mismo policía informa que estaba de consigna en la casa del ministro de Educación. O le dijeron mal las cosas al secretario, o Gómez no quiso mostrar una información que debería ser pública. ¿Cuántos policías están afectados a custodias de integrantes de los tres poderes? Una casilla que dice guardia vecinal, con policías de uniforme, en la vereda de Jerónimo Helguera y Crisóstomo Álvarez, da cuenta del sistema de la policía dando seguridad, casualmente, en una zona donde residirían funcionarios. Un tema para debatir.

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