Jueces debatirán sobre la veeduría de la Nación

Los jueces, fiscales y defensores oficiales nucleados en la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) discutirán el miércoles 6 de diciembre qué posición tomar respecto de la presentación que formalizó la Nación para ver 33 causas radicadas en los Tribunales provinciales. Marcela Ruiz, presidenta de la entidad, confirmó que la asamblea tendrá lugar por una decisión de la Comisión Directiva del 21 de noviembre y que allí se pondrán a consideración de los asociados las diferentes posturas existentes frente a la veeduría. Ruiz agregó que su institución también solicitó una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que aún no contestó a Alejandro Collia, el funcionario de la Nación que solicitó permiso para “tomar vistas y extraer fotocopias” de los procesos contenidos en un listado. La Asociación, además, está gestionando una reunión con Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación.

Los magistrados celebrarán su asamblea dos días después. El Gobierno de Tucumán ya anticipó que, en ese ámbito, sus representantes se opondrán a la llegada de veedores: las funcionarias Carolina Vargas Aignasse y Érica Brunotto viajarán a Mendoza para transmitir el malestar del Poder Ejecutivo de Juan Manzur. Al día siguiente de la deliberación convocada por la AMT, representantes de esa entidad expondrán la situación en la Federación Argentina de la Magistrautra (FAM), que sesionará el jueves y el viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta asamblea extraordinaria había sido convocada con el fin de renovar autoridades para el período 2017-2019.

Antecedentes

La modalidad de la asamblea de miembros de la Asociación de Magistrados de Tucumán ya había sido adoptada por la gestión de Ruiz para revolver qué hacer respecto de la decisión del oficialismo que agravó el régimen de destitución de los jueces. De esa consulta surgió la determinación de judicializar la reforma legal que derivó en una declaración de inconstitucionalidad (la sentencia de la Corte aún no está firme).

El pedido de veeduría de la Nación coloca a la AMT en una situación tanto o más delicada que la adopción del cuestionado mecanismo de “la suspensión automática” del juez acusado de mal desempeño. Sucede que, en términos generales, la pretensión de la Nación implica observar la tarea de la magistratura tucumana. Pero la veeduría también afecta a la AMT en términos muy concretos puesto que en el listado original de causas que presentó el funcionario nacional Collia hay procesos que involucran, con el carácter de denunciados, a autoridades judiciales. En ese subgrupo aparecen el antecesor de Ruiz, el defensor oficial Roberto Paz, y una representante histórica de la provincia en la FAM, Liliana Vitar, entre otros dirigentes de la judicatura.

Paz y Vitar fueron denunciados en 2015 por el abogado y peronista disidente Oscar López. Este impulsó la apertura de una investigación luego de que, primero en nombre de la Asociación y, luego, a título personal, Paz y Vitar pidiesen a la Justicia penal que investigara a los funcionarios de la Corte que habían auditado al ex fiscal Guillermo Herrera. Como consecuencia de esta denuncia y a modo de repudio, más de 40 jueces se alejaron de su Asociación: la mayoría de ellos volvió cuando asumió la conducción que lidera la camarista Ruiz.