En la oposición y el oficialismo objetan el modo de reparto de fondos para el interior

Porcentajes fijos, asistencia provincial a cambio de recursos y planteos por autonomía son algunos de los cuestionamientos

16 Nov 2017
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LAS TALITAS. El complejo fue renovado este año mediante una inversión de $ 7 millones aportados por la Nación, más $ 2 millones de la Municipalidad. LA GACETA / FOTO DE Matías Quintana

Los recursos que la Provincia coparticipa entre los municipios son escasos, y se reparten a través de un mecanismo polémico. O al menos esto es lo que surge si se compara el sistema de coparticipación tucumano con el del resto de las provincias.

Los 19 municipios tucumanos tienen derecho a un porcentaje de los ingresos que recibe la Provincia por diversos rubros. Aquellos que consideran insuficiente lo que les toca pueden firmar un Convenio de Asistencia Garantizada con Casa de Gobierno para obtener -casi siempre- una suma mayor que la que les correspondería por la coparticipación directa. Este es el camino que tomaron 12 de los actuales intendentes.

“Hoy Yerba Buena es la segunda ciudad con más habitantes. Pero en el régimen de coparticipación es una de las que menos recibe. Eso de alguna manera obliga al municipio a firmar este pacto”, dijo el radical Mariano Campero, intendente de Yerba Buena.

Uno de los puntos más cuestionados de la ley de coparticipación tucumana -sancionada hace más de 25 años- consiste en que asigna porcentajes fijos a cada municipio. Es decir, distribuye según cifras estáticas que no se adaptan a la cambiante realidad de los municipios que constantemente aumentan o disminuyen su población y sus servicios. Por el contrario, 18 de las 23 provincias argentinas adoptaron criterios variables que permiten modificaciones en la distribución de recursos. “No debería ser un porcentaje fijo, sino de acuerdo con un parámetro como la cantidad de habitantes u otros”, sostuvo Campero.

Pese a que la mayor parte de los intendentes se manejan por el sistema de los Convenios de Asistencia Garantizada, esta “solución” presenta contrastes estadísticos, cuanto menos a la luz del criterio de la distribución de recursos de acuerdo con la población.

Al revisar cuánto dinero se distribuyó en febrero entre los 12 municipios que firmaron el Convenio, surge que algunos recibieron más de $ 2.000 por habitante (datos de población tomados del censo de 2010), mientras que otros obtuvieron cerca de $ 300 (ver cuadro de abajo). Según algunos opositores, las diferencias en la distribución de recursos podrían estar vinculadas a factores políticos. “Los porcentajes deberían establecerse de acuerdo con ciertos parámetros. No que varíen según si el Gobierno tiene el mismo color político que el intendente, por ejemplo”, dijo Campero.

Otro de los puntos más criticados del sistema es el porcentaje coparticipable de cada ingreso que recibe la provincia. En la mirada de los opositores, la masa coparticipable no solo “está mal repartida” sino que además necesita ser ampliada. Esto surge de contemplar los datos del recuadro incluido en esta nota. El estudio corresponde a la fundamentación de un proyecto de ley presentado por el radical José María Canelada, en el que se afirma que Tucumán es una de las pocas provincias que no coparticipa lo recaudado por el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). Este rubro, justamente, representa el 75% de la recaudación de impuestos provinciales.

Fuera del convenio

Pese a formar parte del mismo partido político que el gobernador Juan Manzur, el intendente de Las Talitas, Carlos Najar, optó por evitar las negociaciones con Casa de Gobierno. “Cuando ingresás al Pacto Social (antigua denominación del actual Convenio de Asistencia) dejás de tomar decisiones en cuanto a la inversión, por ejemplo, de infraestructura. Tenés que presentar una solicitud a la Provincia para poder realizar tal o cual obra pública”, explicó.

“Si estás fuera del Pacto, las decisiones políticas de dónde y cómo invertir se las toman directamente de la administración. Y quien controla estos actos es el Concejo Deliberante de cada municipio, eso es algo importante”, agregó el peronista.

Entre otras de las limitaciones que surgen de la firma del Convenio, Najar destacó que condiciona la cantidad de empleados que tiene cada uno de los municipios. Aseguró que cuando asumió había 160 trabajadores precarizados y que se sumaron a planta permanente durante su gestión.

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Legislatura, Enrique Orellana, también habló de la necesidad de reformar el mecanismo de distribución de recursos.

“El Pacto no tiene problemas, ha sido una circunstancia, pero los municipios no pueden seguir de rehén de quien tiene el poder de turno”, afirmó.

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