Y no se hizo nada

La trama de la historia del Tucumán cuyos habitantes sufren continuas inundaciones es como la de un thriller en el que abundan las intrigas, los misterios y las emociones fuertes. En la última década, en la que supuestamente “sobraron” los fondos nacionales para la provincia, el cumplimiento de las promesas fue tan efímero como la esperanza de los sureños de no volver a inundarse.

La evidencia más palpable de esta novela de no ficción fue ese video de Canal 10 que muestra, en 2015, a un Juan Manzur por entonces vicegobernador, junto nada menos que a José López y Aníbal Fernández. Allí se anuncia que el vice de José Alperovich había viajado para gestionar los fondos ($ 250 millones) para evitar nuevas inundaciones en Tucumán. En el video se lo ve al de los “bolsos voladores” prometiendo que nunca más el sur quedaría bajo el agua.

Menos de dos años después, La Madrid volvía a inundarse y sus habitantes se convertían en el botín de la guerra política entre el macrista Gobierno nacional y la peronista administración provincial. Desde entonces nada está claro. Unos y otros se tildan de mentirosos, mientras Sol de Mayo -por ejemplo- continúa con metro de agua en las calles y los madrileños tiritan de miedo cuando está por llover.

En mayo, la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino, había dicho que la Provincia había hecho las gestiones ante las autoridades del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo (Sinagir) para llevar adelante 75 proyectos de obras públicas, por un monto total de $ 1.350 millones, que servirían para reparar daños y mitigar los efectos de posibles nuevos anegamientos. Al poco tiempo, el subsecretario del Plan Belgrano, José Ascárate, afirmaba que esos proyectos eran meros enunciados y que no cumplían con los requerimientos ni técnicos ni de forma como para que la Nación pudiese enviar los fondos. También por Canal 10, Ascárate y el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Sisto Terán, se revoleaban culpas sobre los motivos por lo que las obras no se hacían. Y nada se hizo.

Luego de ese show, y antes de las elecciones, Manzur pidió un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $ 600 millones a la Nación, que se lo negó alegando que hubiese sido entregarle un cheque en blanco. En pocas palabras: desconfiaron de que se invirtiese ese dinero en obras. Luego, los comicios frenaron todo y ahora Ascárate, otra vez, salió a denunciar que la Provincia perdió 110 casas para los inundados y varias obras de desagüe por falta de proyectos o de cumplimiento de los requisitos para acceder a los fondos. Y, nuevamente, el Gobierno local negó la acusación.

Alguien miente. El problema con esa falacia es que provoca sufrimiento a personas reales, que no son parte de una ficción de novela, sino de una realidad dolorosa que este año no se transformó en tragedia por obra y gracia de algún santo milagroso. Las obras no se realizaron, ni llegarán a hacerse, como no se concretaron ni el año pasado, ni el anterior, ni el que precedió a ese y así sucesivamente.

Números extraños

¿Y si muchas de las obras vienen siendo presupuestadas y no ejecutadas por el Gobierno provincial? Esa “picardía” parece estar costándoles cara a los tucumanos. Según un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública, Tucumán está muy por debajo de la media nacional en cuanto a la ejecución de “gastos en bienes de capital”. Ese ítem muestra la inversión que realiza un gobierno para incrementar la infraestructura de un distrito (puentes, canalización de ríos, cloacas, rutas, viviendas, etcétera). Mientras en Tucumán se ejecuta el 95% en promedio de los “gastos corrientes” (salarios, papeleo y burocracia pública), en “gastos de bienes de capital” apenas se ejecuta la mitad de lo que se promete en la Ley de Presupuesto.

La misma entidad, en un análisis que abarca la ejecución de los gastos de capital de las provincias de todo el país entre 2012 y 2016, establece que la Nación cumple con el 91% (en el promedio de esos años) de las obras en bienes de capital, Córdoba el 84%, Capital Federal el 69% y Tucumán el 56%.

El Tribunal de Cuentas avala esos bajos números de nuestra provincia. En los acuerdos 3.761, 3.074 y 3.533 -de 2016, 2015 y 2014, respectivamente- releva que la ejecución de gastos de capital llegó al 36%, al 55,3% y al 53,5% durante esos años, del anterior hacia atrás. ¿Dónde va el dinero del presupuesto destinado a esas obras que no se “gasta”?

Según un informe sobre esta metodología de ejecución presupuestaria elaborado por el legislador José Canelada, muchas de las obras -además- son presupuestadas año tras año, con montos más elevados. Y cita unas 50 de agua y cloacas que se proyectan y no se hacen. Los expertos en presupuesto afirman que es de “uso y costumbre” esa omisión o subejecución por parte de los gobiernos. Sin embargo, no explican que esa bajísima ejecución en obras también implica que no haya planes de largo plazo y que la emergencia siempre encuentre a muchos tucumanos, literalmente, con el agua hasta el cuello.

Viejos conocidos en el IPV

Mientras Manzur retoca su Gabinete, en el convulsionado Instituto de la Vivienda ruegan que un dirigente cercano, que no escarbe demasiado en el pasado, suceda a Gustavo Durán. Ahora comenzó a sonar el nombre de Raúl Natella, ex secretario de Obras Públicas de “Palito” Ortega y asesor de Domingo Amaya cuando fue intendente. Natella habría introducido, en aquellos años, a Durán en la administración pública. También se menciona que un funcionario vinculado a Rendición de Certificación de Obras y Control de Gestión sería el subinterventor. Los funcionarios y jerárquicos -también los ex- del IPV mueven contactos políticos y empresariales. Todo para que el statu quo de favores y de “amigos” persista.