Caso "Viviendas": el Tribunal de Cuentas investiga al Ipvdu por el accionar de un empleado de la DPA

Habría un “conflicto de intereses” por un empleado estatal que presta servicios a empresas

06 Sep 2017
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AVISO. El TC advirtió sobre una posible incompatibilidad en abril de 2016. la gaceta / FOTO DE JOSE NUNO

El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) volvió a llamar la atención de los organismos de control.

Esta vez, fue el Tribunal de Cuentas (TC) quien dispuso que se lleve a cabo una investigación en la entidad que conduce el interventor Gustavo Durán. La medida fue tomada como consecuencia de un “conflicto de intereses” en la actividad de José Gundlach, quien trabajaba para la empresa Omodeo S.A. mientras -según el acuerdo del TC- cumplía su función como inspector de obra para la Dirección Provincial del Agua (DPA). Según el acuerdo N° 1151 del ente de control, del 4 de abril, el Ipvdu aceptó documentación firmada por Gundlach pese a que la repartición “ya tenía cabal conocimiento del conflicto de interés” entre la actividad pública y la privada del profesional.

Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una obra que Omodeo S.A. realiza para el Ipvdu, que consiste en la construcción de 180 viviendas e infraestructura en el departamento de Cruz Alta. El 7 de noviembre pasado, la empresa presentó documentación técnica sobre la obra a la repartición. Los escritos llevaban la firma de Gundlach, quien participó en su presentación como proyectista o como consultor ambiental de la empresa.

Los reclamos del TC para con el Ipvdu se fundan en que meses antes, el 13 de abril, ya se había llamado la atención del instituto sobre el hecho de que Gundlach era un empleado público y, como tal, podría incurrir en una incompatibilidad al prestar sus servicios a empresas privadas.

Según el acuerdo del ente de control, la situación de Gundlach implica que “se han vulnerado los presupuestos normativos” de la Ley N° 5473. Esta norma establece que el personal del Estado no puede “asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones de la administración (pública)”.

En consecuencia, el TC designó a Patricia Goulú como la inspectora que evaluará cuál fue el rol del Ipvdu en las presuntas irregularidades. Además, el acuerdo advirtió a la DPA que corresponde abrir un sumario administrativo en contra de Gundlash.

De acuerdo al TC, el Ipvdu adjuntó una nota que Gundlach habría enviado a la SAT autorizando a Juan José Omodeo a firmar copias de los planos técnicos concernientes a la obra. Esta nota habría sido redactada con el objetivo de subsanar las irregularidades que el TC había detectado en cuanto a la presunta inhabilidad de Gundlach para firmar los documentos de Omodeo S.A. Sin embargo, la propia SAT informó al TC que “la supuesta nota del Ing. Gundlach (...) no ha ingresado en mesa de entradas de SAT - SAPEM”. De todas maneras, el ente de control dijo que el contenido de la nota era irrelevante a los fines de erradicar los defectos.

Contra un funcionario

El director del Área Técnica del Ipvdu, Martín Zamora, fue cuestionado por la resolución del TC. Según el acuerdo, el funcionario consideró que la nota era suficiente para continuar con los trámites referidos a la obra de Omodeo S.A. “Cabe resaltar el error de ponderación del Arq. Zamora al otorgar valor a la nota dirigida por el Ing. Gundlash a la SAT SAPEM sin el pertinente sello fechador, por un lado, y al considerar a dicha nota como conducente a los fines de la subsanación de las irregularidades detectadas por este organismo de control, por otro lado”, reza el dictamen del TC.

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