Tras 18 años, la Ética Pública sigue bajo estudio

Septiembre de 1999: el Congreso de la Nación sanciona la Ley de Ética Pública (modificada en 2013), que ordena la presentación y publicación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios públicos de ese ámbito.

Septiembre de 2017: en la Legislatura tucumana se acumulan al menos cinco proyectos elevados en los últimos cuatro años que proponen la adhesión a ese régimen de transparencia. Además, al menos otras tres iniciativas planteadas en 2012 (o antes) caducaron y pasaron al archivo del Poder Legislativo. ¿Cuál es el estado de situación en la actualidad?

“Tomando en cuenta la invitación a regular la cuestión que formula la ley nacional, se han redactado diversos proyectos para regular (su aplicación en lo provincial). Entre ellos, se puede mencionar uno de mi autoría, formulado en 2014, así como otras cuatro propuestas. Todos se encuentran bajo estudio de la Legislatura, para que con posterioridad a recibir el dictamen de la comisión correspondiente, oportunamente sean tratados en sesión”, expresó el oficialista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales.

En materia de declaraciones juradas, para el general de los funcionarios públicos locales con cargo jerárquico (gobernador, ministros, legisladores, comisionados rurales, comisarios, etcétera) rige la ley 3.981, que data de 1973. Esta norma advierte que las DDJJ serán presentadas “en sobre cerrado, lacrado y firmado” y que “tendrán carácter de secretas”. Expresa luego que los sobres podrán ser abiertos en caso de que lo peticionen su titular o “sus sucesores legales” o “a requerimiento del juez o autoridad competente”. Además, la ley 3.981 señala que quienes “violaren el secreto de las DDJJ, y sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar, serán exonerados de sus cargos”.

A nivel federal está vigente hace 18 años la Ley de Ética Pública, que posibilitó el acceso a la evolución patrimonial de representantes tucumanos en el Estado nacional, como los senadores José Alperovich (PJ-FPV) y Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) y el ex titular del Plan Belgrano, José Cano (Cambiemos).

En lo municipal hubo acciones en ese sentido, como las adoptadas por los intendentes Mariano Campero (Yerba Buena), Roberto Sánchez (Concepción) y Germán Alfaro (Capital), todos afines a la Rosada.

En el ámbito provincial, sin embargo, la cuestión no avanzó demasiado. Los proyectos sobre el tema que tienen estado parlamentario provienen de distintos espacios: dos datan de 2013 (los elevaron los ex legisladores Elías de Pérez y José Páez -DC-, respectivamente); uno de 2014 (Caponio), otro de 2015 (de los radicales José Canelada, Adela Estofán y Eudoro Aráoz) y el restante, de 2017 (del macrista Luis Brodersen).

Propuestas vigentes y caducas

Según el oficialista Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, las cinco iniciativas con estado parlamentario aguardan el dictamen para su tratamiento

Con la ayuda de profesionales tucumanos
En 2013, el ex legislador Páez (DC) eleva un proyecto de Ética Pública elaborado junto a Feput. Poco después haría su aporte la radical Elías de Pérez, hoy senadora.

Un aporte del apoderado local del PJ
En 2014, el oficialista Caponio -ya entonces apoderado local del PJ- impulsa la adhesión a la ley nacional de Ética Pública. Pero la comisión a su cargo no lo trató.

Desde la Unión Cívica Radical insisten
En 2015, a poco de asumir, los radicales Canelada, Estofán y Aráoz instan a que se cree por ley una comisión provincial de Ética Pública y de Transparencia.

Con sello de un representante macrista
En julio pasado, Brodersen (PRO-A) formula un proyecto de Ley de Ética Pública que incluye a funcionarios y empleados de todo organismo estatal.

Iniciativas recientes que pasaron a archivo
La polémica por las DDJJ no es nueva. Lo evidencian las iniciativas del macrista Colombres Garmendia y del ex legislador Bussi, ambas de 2012. Ya caducaron.

Ideas desechadas en décadas anteriores
Se propuso legislar sobre ética pública y DDJJ en 2003 (Rodolfo Danesi), 2005 (Carlos Canevaro, Armando Raed) y 2006 (Pedro Stordeur), entre otros períodos.

Apuntando a la transparencia en el Estado
Hay otras iniciativas que apuntan a evitar la corrupción estatal, como el Compromiso de Política Transparente del Bicentenario (2016), firmado por diversos bloques.