Siete ediles de la capital exhiben sus bienes y piden a los legisladores que los imiten

Los funcionarios públicos deben declarar anualmente sus bienes, pero la ley provincial pena la divulgación de sus datos. Los concejales del bloque Acuerdo para el Bicentenario divulgaron su patrimonio; resistencia de oficialistas.

04 Sep 2017
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PEDIDO A LA LEGISLATURA. Los ediles del Acuerdo para el Bicentenario reclamaron que la Provincia adhiera a la Ley de Acceso a la Información Pública la gaceta / foto de franco vera

Los concejales del Acuerdo para el Bicentenario-Cambiemos difundieron sus declaraciones juradas (DDJJ) y exigieron que la Legislatura adhiera a las leyes nacionales de Acceso a la Información y de Ética Pública.

“Como pregonamos la transparencia de la administración pública, acompañamos el gesto del intendente (Germán Alfaro) y esperamos que los poderes Legislativo y Ejecutivo adhieran a las leyes de Acceso a la Información Pública y de Ética Pública. Así los ciudadanos sabrán en qué se gastan los fondos del Estado y si sus funcionarios se enriquecieron o no en la función pública”, explicó el presidente de la bancada, Agustín Romano Norri, en su antedespacho, rodeado de sus seis compañeros de bloque. Sandra Manzone, Raúl Pellegrini, José “Lucho” Argañaraz, Roque Mendía, Roberto Ávila y Rodolfo “Johnny” Ávila afirmaron que volverían a divulgar su patrimonio en 2019.

Los siete ediles de la bancada Tucumán Crece-PJ habían calificado la publicación de la información patrimonial como un acto demagógico. Insistieron en que presentan la documentación anualmente como rige la legislación local. El peronista José María Franco (Restauración Peronista), compartió esos argumentos. El presidente del Concejo, Javier Aybar, también se excusó. Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (FR), se comprometieron a difundir sus bienes.

En Tucumán las DDJJ son secretas y su divulgación está penada, según la Ley 3.981. Desde su sanción (en julio de 1973), el país ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y el Congreso aprobó la Ley de Ética Pública (25.188).

• El radical Mendía declaró un patrimonio de $229.500, por un Chevrolet Aveo (modelo 2011) consignado en $145.000; bienes del hogar por $31.000 y ahorros por $53.500.

• El macrista Ávila declaró bienes por $1,2 millón. Indicó que posee un departamento en la ciudad tasado en $338.700, y dos lotes (uno de ellos en Yerba Buena), valuados en $193.000 y $261.000. Consignó un Nissan Sentra (2011) por $92.000; depósitos por $228.000; y la participación empresaria del 50% en una SRL por $200.000. También incluyó una deuda de $65.400.

• El radical Pellegrini declaró $420.000: una casa en el barrio Obispo Piedrabuena, valuada en $240.000; ahorros por $100.000 y un Chevrolet Meriva por $80.000 (bien ganancial).

• Manzone consignó un patrimonio por $ 1,4 millón. Declaró tres departamentos en barrio Norte. Dos propios (valuación fiscal de $ 284.797), $100.045, y uno heredado, con tenencia compartida. Incluyó una cochera ($9.878) y un lote en un barrio privado en Los Nogales ($ 80.000). También notificó ahorros por $710.000 y un Honda City (2012), por $190.000.

• El radical “Lucho” Argañaraz expuso un patrimonio de $821.222, entre ahorros ($300.000), un lote en Simoca ($35.000) y una Renault Duster de 2011 ($165.000), entre otros.

• Romano Norri declaró $230.000: una camioneta Ford Ecoesport (2015) por $200.000 y bienes del hogar por $30.000.

• Por último, el peronista “Johnny” Ávila declaró un patrimonio de $658.000. Declaró dos propiedades: una casa (no consignó barrio), por $100.026 y un lote en El Manantial (Lules) por $ 48.186. También consignó ahorros por $250.000 y una camioneta Toyota Hilux modelo 2008 por $210.000.

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