La gran epidemia

02 Sep 2017

A un año de la declaración de emergencia en seguridad, la violencia ha sentado sus reales en la provincia. Ya suman 84 las personas que perdieron la vida en forma violenta en 2017, según lo que ha trascendido a la prensa. Un promedio de poco más de 10 homicidios por mes, lo cual pone a Tucumán (especialmente a la Capital y su área de influencia) en un nivel epidémico de violencia, de acuerdo a la medición de la Organización Mundial de la Salud. De allí que en la emisión del miércoles 23 del ciclo “Panorama Tucumano”, cuando se abarcó este triste e inquietante aniversario, no hubo presencia oficial que intente explicar lo que sucede, como no fueran los razonamientos generales y teñidos de política del oficialista Julio Silman, presidente subrogante de la Legislatura. El legislador dijo: “La Nación no ayuda... palabras textuales del ministro: ‘no compraron ni una munición’ “; “esa brecha social, esa desigualdad lleva a que haya más delito” y “la mayor inseguridad que tenemos es la falta de trabajo, que es el gran ordenador social”. Informó que se entregaron al Poder Ejecutivo las 48 propuestas surgidas de las actividades realizadas por la comisión formada por distintos poderes de la Provincia y de la Nación. “El grueso de las recomendaciones fue (de) gestión”, dijo Silman. Pero críticas concienzudas al plan de seguridad y su ejecución no hubo. Es que el Gobierno, aunque aceptó a los ponchazos la emergencia, nunca reconoció que estén haciendo las cosas mal. Su mensaje ha sido, palabras más, palabras menos, “estamos haciendo todo bien; sólo que nos faltan policías y equipos... y muchos de los problemas no tienen que ver con nosotros”.

Después del programa televisivo hubo silencio. 84 muertos por violencia en ocho meses es una cifra altísima y la de homicidios es la única estadística que ayuda a testear la realidad, porque se trata de hechos difíciles de ocultar o perder en el arbitrario papeleo policial. De estas cifras -aquí y a nivel internacional- se mide los niveles de violencia en la sociedad. Deberíamos estar alarmados de no tener un diagnóstico.

Descripción no es diagóstico

¿Diagnóstico? Pero eso, según Silman, es lo que se ha hecho durante gran parte del trabajo de la comisión de emergencia. Lo que pasa es que hay una confusión. Muchos de los informes presentados en lo que va del año fueron más una descripción que un diagnóstico. Cuando asistieron el secretario de Seguridad, Paul Hofer, y el jefe de Policía, Dante Bustamante, pusieron énfasis en la necesidad de contar con más policías porque -dijeron- Tucumán tiene menos agentes por habitante que Salta, Jujuy o Catamarca, y dieron la idea de que, si hubiera 3.000 agentes más, esto sería un paraíso porque las cosas van por buen camino. Y acá habría hecho falta conocer qué hacen los policías tucumanos. ¿Cuántos cumplen funciones de calle y cuántos, tareas administrativas? ¿Qué informes hay de los que tienen paradas fijas? ¿Qué se piensa del sistema jerárquico? El presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, pidió tanto que se termine con la división de oficiales y de suboficiales como con el sistema de “autocontrol” de la corrupción. Quedó como una propuesta pero no hubo debate serio, como no hubo debate sobre el sistema de educación policial, pese a que en en el medio hubo dos grandes escándalos: el de la denuncia de abusos contra cadetes en la escuela de Policía (la sociedad espera que la lenta pesquisa de la Justicia resuelva un problema que puede volver a estallar) y el de la pésima revisión de problemas de salud psíquica (y de estrés y de violencia) en el seno de la fuerza de seguridad. La única que habló del tema fue la abogada y psicóloga Anabella Antoni Piossek, del servicio médico policial, que, después de la nota a LA GACETA, fue trasladada a otra sección y ahora está en un conflicto judicial con sus jefes por persecución laboral. Pero el problema era que una agente con problemas psicológicos mató a un compañero y se suicidó. El sistema que permitió eso no ha sido analizado ni modificado.

Adicionales y secreto

Tampoco se hizo un estudio de los adicionales de la Policía que, según se puede inferir, se convierten en un gigantesco negocio cuanta mayor es la inseguridad. ¿Se sabe quiénes son los comisarios que manejan las paradas de adicionales? ¿Cómo se controla que no haya injusticias y corruptelas? Tampoco se ha analizado cifras de efectividad del modelo de 911, que ya lleva cuatro años en la provincia, ni se discute por qué jefes y funcionarios creen que es preventivo cuando es notoriamente reactivo. Los policías no recorren los barrios para prevenir problemas (como no sea el centro y ciertos lugares). Prometen ir a toda velocidad cuando los vecinos denuncien. Y aunque a veces respondan rápido, lo cierto es que no pueden decir qué está pasando, sino qué ha pasado. Y no pueden explicar por qué.

Tampoco se ha analizado la respuesta policial a la violencia de género en la sociedad; ni se sabe si las cifras que se van conociendo reflejan un aumento del fenómeno o una visibilización. No se sabe si los policías están preparados, pese a que cada tanto se habla de cursos al respecto. Las cifras vendrían bien, porque la realidad suele generar problemas emocionales para analizar lo que pasa cuando hay hechos violentos. Por caso, hace dos meses se informó que se realizaban capacitaciones en el tema transgénero en la Policía, pero hace dos semanas, cuando asesinaron a la chica trans Ayelén, se denunció que hay mafias consentidas por la policía que regulan la prostitución de travestis en el parque 9 de Julio. ¿Debería formar eso parte del análisis de la comisión de emergencia?

La Secretaría de Seguridad hizo llegar un informe con los proyectos que se aplican en el marco del llamado plan integral de seguridad -como “Tucumán activa”-, pero ese informe, que no contiene una evaluación independiente de la efectividad de esas medidas, no permite explicar los hechos de violencia, desde el arrebato hasta el homicidio.

Visita sin efectos

En el medio de estas reuniones de la comisión llegaron los policías de Los Ángeles para explicar cómo funciona esa fuerza de EEUU y cómo trabajan allá los policías de calle. Los trajo la Legislatura pero los ignoró el Ministerio de Seguridad, pese a que envió al encuentro al asesor gubernamental Claudio Maley. En la comisión no se dio a conocer un análisis de la utilidad que puede tener esa visita ni si se pueden aplicar sus reformas en nuestro medio. Lo mismo ha ocurrido con los informes de la Secretaría de Prevención de Adicciones, que son descriptivos de su accionar pero no sirven para entender por qué -como dijo Sanjuán- “en los últimos 14 años hubo un aumento permanente del narcotráfico y del narcomenudeo... que está comiendo a los chicos”. En un año de la emergencia en seguridad, nada parece haber cambiado; antes bien, todo parece indicar que las cosas están peor, pero para eso las autoridades (sobre todo las nacionales) tienen la respuesta marketinera de que están luchando a full contra los narcos.

¿Y la comisión de seguridad no tiene nada que decir al respecto? Lo que se está notando claramente es que los policías, desde que está instaurada la guerra antinarco por el Gobierno nacional, atribuyen la mayoría de los hechos de violencia a la droga, y ese discurso también lo están asumiendo algunos fiscales como Diego López Ávila y Washington Navarro Dávila, con lo cual se quita de escena el análisis de la violencia en sí, y de ese modo los funcionarios de seguridad y de policía eluden responsabilidades por tratarse de un fenómeno “importado” que “le cayó encima a la provincia”. Y en estas cuestiones hay temas que la comisión de emergencia debió haber contemplado. El tema de la droga y el narcotráfico es multicausal y complejo, y requiere un análisis despojado de emociones, riguroso, sustentado en datos concretos. No se conocieron diagnósticos de expertos en el tema, basados en una mirada global y en una observación profunda.

Hace dos míercoles, Silman explicó que la gran idea de hacer una base de datos estadística quedó prácticamente descartada por la dificiltad de implementarla. Es comprensible que haya dicho eso, si se tiene en cuenta que el mismo Gobierno nacional -que usa arbitrariamente los datos incompletos para justificar sus políticas de seguridad- ha dicho que las provincias no están recolectando bien los informes para la política criminal. Tucumán ha reconocido que no tiene sistema informático y que las denuncias de las comisarías se recopilan y transmiten en forma deficiente. ¿Cómo hacer una base de datos con este sistema?

La confusión estadística

Por ello, Silman dijo que prefieren utilizar las estadísticas criminales de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay dos problemas con esto. Por un lado, las cifras de todos los delitos se siguen recopilando de manera caótica y sectorizada. Nadie las vincula ni las compara y los análisis que se pueden hacer son siempre tardíos. Por otra parte, la recopilación de homicidios en la provincia, que se viene haciendo sistemáticamente desde 2013 (hay datos fehacientes hasta 2015) se ha mantenido como un sistema cerrado, sometido al arbitrio del equipo de trabajo que depende de las órdenes de Antonio Gandur y que no se ciñe a un sistema preciso. Las cifras de 2014 fueron entregadas en diciembre de 2015, pero las de 2015 fueron mantenidas en secreto hasta mayo de 2016. No hay garantías de que las de 2016 vayan a ser entregadas en diciembre próximo. Por lo pronto, el Gobierno nacional se adelantó en junio pasado a dar cifras precarias de homicidios y nadie dijo nada cuando quedó en evidencia que la cantidad de homicidios consignada para Tucumán era menor que la publicada en los medios de comunicación. Pero a la Nación le sirvió para afirmar que estaban “bajando” los índices de criminalidad. Sobre datos precarios. Tremendo.

¿Sobre cuáles datos estadísticos de la Corte se apoya la comisión de emergencia en seguridad? Hay un detalle que ha pasado desapercibido y es que esos estudios del equipo de monitoreo de la Corte sí podrían servir -y mucho- para entender la criminalidad violenta. De hecho, en diciembre de 2015 se describió un esbozo de análisis de los hechos y se determinó, por ejemplo, que era mínimo el porcentaje de menores en los crímenes violentos de 2014, tanto como víctimas como victimarios. En la presentación del informe se prometió que se iba a hacer estudios comparativos con las cifras de años anteriores, a fin de establecer tendencias en lo que hace a la geolocalización de homicidios, a violencia de género, a violencia intrafamiliar e intravecinal, al uso de armas de fuego, etcétera. La comisión de emergencia debería haber promovido tanto esa tarea como la formación de un área de estudios independiente de las presiones del poder para ayudar en el establecimiento de mejoras o cambios en la política de seguridad.

No se ha convocado en esta comisión a los policías. ¿Se sabe qué piensan al respecto de la seguridad? ¿Tienen que obedecer siempre o pueden hacer su aporte? ¿Hace falta una reforma? Los grandes cambios de modelos de seguridad han incluido opiniones de sus factores. Acá sólo opinaron -y con muchos remilgos- en los encuentros con los dos detectives de Los Ángeles.

La comisión espera recibir un informe cuatrimestral del Ministerio en estos días y espera continuar su trabajo hasta diciembre. ¿Con esto ha concluido la tarea? ¿Para qué se hizo todo, si nada parece haber cambiado o estar en vías de cambio? La Legislatura debería haber hecho su informe para la sociedad, porque no se saben las causas ni los remedios y entonces la reacción emocional ante el miedo es pedir mano dura y que metan a todos los que se pueda en las cárceles, aunque haya protestas y huelgas de hambre como la de esta semana en el presidio repleto. Pero afuera la inseguridad se mantiene.

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