“La Argentina estaba sumida en la violencia”

El representante del Ministerio Público de la Defensa, Adolfo Bertini, explicó que en primer lugar graficarían el contexto, mediante un recuento de hechos, y que luego, junto a los defensores Vanessa Lucero y Martín Galliano, efectuarían una serie de planteos.

Fueron enhebrando durante una hora y media una centena de ataques desarrollados por grupos armados como el ERP o ENL, entre 1968 y 1975. Mencionaron resonantes casos de secuestros extorsivos; de tomas de comisarías o de cuarteles y de atentados y, en paralelo, la evolución de las organizaciones y las adjudicaciones de los hechos en publicaciones. También, los decretos oficiales para la llamada “lucha antisubversiva”.

El equipo de defensores de 15 de los 17 imputados de la megacausa “Operativo Independencia” comenzó así con su alegato durante la mañana de ayer. En el proceso oral que comenzó en mayo del año pasado se abordan delitos contra 266 víctimas cometidos entre 1975 y principios de 1976.

“La Argentina estaba sumida en la violencia. Ese marco y estos hechos fueron vistos así por el pueblo y también por las fuerzas de seguridad y las armadas”, afirmó Bertini, que invitó al Tribunal Oral Federal (TOF) a realizar un ejercicio de empatía. Introdujo así los argumentos para el primer planteo. Entre sus defendidos, explicó, hay quienes eran entonces jóvenes oficiales del Ejército. Leyó y ahondó en normativas y reglamentos militares. “Las directivas y reglamentos se respetan o el militar queda fuera del sistema. Si no cumplían la orden, internamente sufrían la pérdida de su estado militar”, detalló. Hizo hincapié, particularmente, en las que mencionan los procedimientos para allanamientos y detenciones, una de ellas, ordenada por Jorge Rafael Videla. Advirtió que no se refería a la obediencia debida sino a lo estipulado en normas internacionales como un eximente por obediencia, al posiblemente desconocer la ilicitud de una orden. Consideró que en el caso de los policías, también había una “limitación de la autodeterminación de los miembros de la fuerza de seguridad al momento de cumplir o no una orden”. Requirió como primer planteo que los acusados no sean penados por los delitos de violaciones de domicilios y privaciones ilegitimas de la libertad, por los que están acusados la mayoría.

Luego fue el turno de Lucero, que sentó las bases de un planteo que efectuarán al final del alegato: que no se califiquen a los hechos como delitos de lesa humanidad. “No se encuentran presentes todos los elementos del tipo. Los hechos no han ocurrido en muchísimos casos como nos los contó el Ministerio Público Fiscal. Eso lo demostraremos. La existencia de un gobierno democrático es uno de los elementos, pero no el único”, adelantó. Subrayó que, de acuerdo con la prueba documental, las decisiones del Gobierno de Estela Martínez de combatir a los grupos armados contaban con apoyo político y de diversos sectores, concluyó.