“Dilma fue sacada por una cuestión técnica, sin sentido”

A un año de la votación del Senado que destituyó a la ex presidenta de Brasil, su abogado dice que la crisis se agravó

01 Sep 2017

BRASILIA, Brasil.- A un año de la votación del Senado que destituyó a Dilma Rousseff por delitos contra el presupuesto, el abogado y ex ministro de Justicia de la ex presidenta de Brasil espera un fallo de la Corte para anular el juicio político y retirar del poder a Michel Temer, a quien acusa de haber instalado la inseguridad jurídica en todos los niveles en el país con su apoyo al impeachment.

“Dilma era una presidenta incómoda para la clase política que la destituyó”, dijo el abogado José Eduardo Cardozo.

El Supremo Tribunal Federal tiene sobre la mesa una apelación del juicio político fudamentado en que fue una estrategia de desvío de poder del grupo político del presidente Temer para tomar el gobierno y ejercer la defensa ante la Operación Lava Jato desde el Poder Ejecutivo.

Según Cardozo, la antigua oposición y el grupo del entonces vicepresidente Temer se unieron para derrocar a Rousseff porque ella no controlaba el avance de las investigaciones de la Operación Lava Jato, la investigación anticorrupción que marca la agenda del país desde 2014.

“Aquello que hablábamos se confirmó, lamentablemente. Ningún gobierno surgido de un golpe parlamentario contra la democracia podría sacar al país de la crisis. Es más, la crisis se agravó, tenemos un presidente denunciado por corrupción en el cargo. Dilma fue sacada por una cuestión técnica sin sentido, indebidamente”, dijo.

El ex ministro de Justicia de Rousseff fue su abogado en todo el proceso de impeacment iniciado en diciembre de 2015, que contó con la suspensión del cargo el 13 de mayo de 2016y finalizó con la destitución el 31 de agosto por 61 votos contra 20 por violar la ley de responsabilidad fiscal.

Si bien políticamente las chances de revertir el impeachment parecen efímeras, Cardozo entiende que la Corte debe asumir la responsabilidad de votar esta apelación: “La acusación fue un pretexto jurídico, una situación presupuestaria que todos los presidentes hicieron, una decisión que no es ilegal y ni siquiera es una acción dolosa”.

El relator de la apelación es justamente el ministro más aliado de Temer, el reciente ministro de Justicia Alexandre de Moares, ex dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña. Moraes debe poner a votación de 11 jueces la decisión sobre la vuelta de Rousseff por la vía jurídica.

Según Cardoso, el proceso de destitución comenzó cuando Eduardo Cunha, aliado de Temer, ganó la presidencia de la Cámara de Diputados. Cunha está detenido, acusado de corrupción por el juez Sérgio Moro por intermediar contratos fraudulentos de Petrobras y esconder cinco cuentas en Suiza donde recibía supuestamente coimas.

Rousseff participará en Río de Janeiro de un acto en el cual denunciará a Temer por “golpista” para recordar el primer aniversario de su destitución: juicio político, luego de Fernando Collor de Mello en 1992. (Télam-DOA)

CONTACTO INTERNACIONAL

El gobierno catalán desoyó un aviso sobre un posible ataque

El gobierno regional de Cataluña admitió ayer que recibió un aviso de un posible atentado en Las Ramblas de Barcelona, aunque las fuerzas de seguridad no le dieron credibilidad. Las autoridades catalanas negaron que el aviso procediera de la agencia de inteligencia estadounidense. “No revelaremos las fuentes, pero no fue ni la CIA ni el centro antiterrorista de Estados Unidos”, dijo el jefe de los Mossos d’Esquadra -la policía regional catalana-, Josep Lluis Trapero.

Se duplicaron las muertes por bombas de racimo

El número anual de muertos por bombas de racimo se duplicó en 2016, y fue la guerra de Siria el conflicto que se cobró más víctimas por estos explosivos, pese a los esfuerzos internacionales por prohibirlos. El año pasado, 971 personas murieron por este tipo de armas, que dispersan varias cargas explosivas que pueden permanecer activas mucho tiempo después de aterriza. En el conflicto sirio se produjeron 860 muertes por esta causa, según la Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC), autora del informe.

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