La oposición reclama por la adhesión a la Ley de Víctimas

Las autoridades de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura no coincidieron cuando se les consultó su opinión respecto a que la provincia adhiera a la Ley nacional de Víctimas.

“La provincia podría adherirse. Habría que estudiar la norma, no conozco el detalle de los fundamentos del proyecto. Siempre que se trate de mejoras para víctimas de delitos... toda reforma para la protección de las víctimas es bienvenida. La protección de la víctima es uno de los ejes fundamentales del derecho penal”, consideró el legislador oficialista Marcelo Caponio (Tucumán Crece-PJ).

Alberto Lebbos, miembro de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, había solicitado por escrito la semana pasada que la Cámara adhiera a la Ley nacional de Derechos y Garantías para personas Víctimas de Delitos (27.372). El mismo día de la presentación, el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman (entonces a cargo de la Cámara por la licencia del vicegobernador Osvaldo Jaldo), presentó un proyecto de adhesión a la ley nacional. La norma prevé la asistencia jurídica y psicológica del Estado para las víctimas de delitos graves y sus familiares. También prevé la creación de la figura del Defensor de la Víctima (uno por distrito).

Caponio, presidente de la comisión y uno de los arquitectos de las últimas reformas judiciales que adoptó el gobierno, insistió en que la norma debe ser analizada: “nosotros con la reforma del Código Procesal Penal avanzamos mucho en cuanto a la protección de la víctima y la participación en el proceso. Es positivo, pero hay que analizar la norma en detalle”.

El radical José María Canelada (vicepresidente de la comisión), cargó contra la Casa de Gobierno, a la que acusó de no tener la decisión política para aplicar las normas. “Tucumán no necesita adherir a la ley nacional de protección a las víctimas, sino que tiene que aplicar la que aprobó hace 11 años y que nunca implementó. No es un problema de legislación, sino de falta de decisión política del Poder Ejecutivo”, reclamó el legislador.

“Ni a (José) Alperovich ni a (Juan) Manzur les ha interesado ayudar a las personas que han sido víctimas de delitos. Basta ver la larga lista de casos registrados por la Comisión de Víctimas de la Impunidad, que tienen que andar mendigando justicia por tribunales, sin que el Estado les brinde asesoramiento jurídico de calidad a los que no puedan pagarse un abogado, ni se haya creado el Centro de Asistencia a la Víctima que establece la ley 7.867”, insistió Canelada.

El radical ahondó su crítica al alperovichismo al recordar el derrotero judicial de Lebbos. “El ejemplo más acabado del menosprecio a las víctimas es el que sufre Lebbos. Durante años el fiscal (Carlos) Albaca no le dejó ver el expediente del crimen de Paulina, y lejos de ayudar a Alberto se ayudó al fiscal, rechazando su juicio político para que pueda jubilarse con el 82% móvil”. Y agregó: “En este tema, con todo el sufrimiento que soportaron las víctimas y de sus familiares, lo que necesitamos son gestos concretos y rápidos del oficialismo provincial, y no las vagas promesas de implementación de la ley, que con el paso del tiempo se han convertido en mentiras”.

Por su parte, la peronista disidente Stella Maris Córdoba (secretaria de la comisión), consideró como positiva la Ley nacional de Víctimas. “Estoy de acuerdo con la adhesión a la ley nacional. Es muy importante la instrumentación de los centros de asistencia y acompañamiento a las víctimas durante el proceso, de otro modo a las víctimas de los delitos se las revictimiza. El derecho a contar con asesoramiento jurídico durante todo el proceso es una bandera que vengo defendiendo en mi labor legislativa en diferentes proyectos. También estoy de acuerdo con la designación de un defensor oficial en nuestro distrito. Será un avance”, finalizó.

Lebbos insistió en su pedido para que la provincia adhiera a la Ley de Víctimas, y que tenga aplicación efectiva. “¿Por qué es fundamental el apoyo del Estado? En sacar fotocopias al expediente por la causa de Paulina gasté $ 5.000. Las familias humildes muchas veces caen en manos de prestamistas para poder pagar a un abogado para que le lleve la causa”, finalizó.