“Todo esto no es real”, dijo Jiménez Augier

El funcionario negó las acusaciones sobre la venta de adjudicaciones de casas.

04 Ago 2017
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Miguel Jiménez Augier .FOTO LA GACETA.

El coordinador de Políticas Habitacionales del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Miguel Jiménez Augier, evitó opinar sobre la crisis en la repartición. Sin embargo, en diálogo con LA GACETA, negó las presuntas irregularidades en la repartición. “Todo esto no es real. Ya la Justicia lo va a determinar”, respondió cuando se le preguntó por las acusaciones según las cuales empleados del instituto habrían vendido adjudicaciones de viviendas.

Según una denuncia de la senadora Silvia Elías de Pérez, Jiménez Augier habría estado involucrado en estos supuestos ilícitos. “Ya los abogados están trabajando”, sostuvo el funcionario

Hace semanas, “Panorama Tucumano” transmitió un informe sobre presuntas irregularidades en el Ipvdu. Entre otros de los temas que se tocaron, Elías de Pérez sostuvo que el interventor Gustavo Durán había diseñado una “estructura paralela” con el objetivo de adjudicar obras y viviendas sin ajustarse a los parámetros oficiales. A raíz de las publicaciones periodísticas, la fiscala provincial Adriana Giannoni decidió investigar de oficio al Ipvdu y a los involucrados en las denuncias.

La senadora envió un escrito a Giannoni en el que mencionaba a cinco personas que habrían estado involucradas en la venta de adjudicaciones de casas. La parlamentaria dijo que quienes presuntamente “gestionaban y participaban de la venta de adjudicaciones” serían Fernando Alberto Bulaich, Fanny Isabel Cayetano, Carolina Anabella Cejas, Gladys del Valle Salomón y Laura Vega. Según la radical, estos intermediarios habrían respondido a Jiménez Augier.

Además, Giannoni pidió a los tribunales civiles que le envíen información sobre los procesos en los que está involucrado Jiménez Augier. Elías de Pérez sostuvo que, según esas causas, el coordinador tendría cerca de U$D 500.000 en una caja de seguridad. “Jiménez Augier tiene un patrimonio descomunal, muy lejano a lo que un empleado público podría justificar”, había declarado la parlamentaria.

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