Suman otra propuesta para los juicios por jurados en Tucumán

Suman otra propuesta para los juicios por jurados en Tucumán

La iniciativa elevada por un radical prevé una participación civil amplia

29 Julio 2017

En la agenda de la Legislatura aparece la posibilidad de nuevas reformas con impacto directo en el Poder Judicial de Tucumán.

Esta semana, el legislador Fernando Valdez (UCR), con el apoyo de peronistas y de otros radicales, elevó un proyecto de ley que apunta a la puesta en vigencia del sistema de juicio por jurados en esta provincia. De esta forma, se suma una nueva propuesta para instaurar esta clase de procesos, que está previsto en la Constitución nacional y en la local y en el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia (aún no entró en vigencia).

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El texto, que contiene 60 artículos, recomienda el “establecimiento de un jurado popular clásico”, que estaría integrado por “ciudadanos comunes”. Con el modelo que propone Valdez, serían “12 miembros titulares y seis suplentes, bajo la presidencia de un juez que ejercerá la dirección del debate y no intervendrá en el dictado del veredicto”. Se contempla una participación ciudadana amplia, ya que se considerará aptos a los argentinos (nacidos o naturalizados) de entre 25 y 65 años que hayan completado “la educación básica obligatoria” y estén en condiciones físcias y psicológicas de ejercer esa función. Se prevén a la vez restricciones o “inhabilidades”, con el fin de otorgarle transparencia al sistema. Por ejemplo, la exclusión de “funcionarios públicos, abogados, escribanos o procuradores”, así como de “integrantes de agencias prestadoras de servicios de seguridad”, entre otros. La tarea asignada sería “una carga pública (...) razonablemente remunerada”, y para designar los participantes Valdez propuso “un mecanismo de sorteo anual por parte de la Junta Electoral de la Provincia”.

Este tipo de proceso, según la iniciativa del radical, sería aplicable al juzgamiento de los delitos “con una pena mínima conminada en abstracto de ocho o más años”, y “aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos con motivo o en ocasión de su cargo”. El texto debe ser analizado por la comisión de Asuntos Constitucionales, que ya tiene a disposición otra iniciativa en ese sentido -con diferentes variantes- del oficialista Guillermo Gassenbauer. Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Chaco y Neuquén son algunos de los distritos del país que ya cuentan con este régimen.

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